Brenda García Hernández
En México, la prostitución y la trata con fines de explotación sexual son consideradas por algunas organizaciones como dos situaciones radicalmente opuestas: mientras que la prostitución se considera como el intercambio “libre” de actos sexuales por bienes materiales, la trata de personas con fines de explotación sexual involucra la prostitución forzada. Sin embargo es de considerar que la libre elección que sostiene la prostitución está definida por condiciones materiales específicas.

La prostitución y el tráfico de mujeres supone la existencia de una demanda de mujeres y menores para su utilización como objeto sexual, la explotación sexual es un fenómeno específico de género ya que un alto porcentaje de las víctimas son mujeres y niñas (Figura 1) mientras que los consumidores, traficantes y proxenetas son habitualmente hombres.

El ejercicio de esta actividad se instaura por la subordinación económica, social y legal de las mujeres y menores de edad, es decir, es un fenómeno estructural alimentado por la industria internacional del sexo que tiene sus bases en el capitalismo.

Según la Organización de las Naciones Unidas, se estima que entre 4 y 5 millones de personas son víctimas de trata. Cada año, entre 600,000 y 800,000 personas atraviesan fronteras internacionales como víctimas de trata. De esta cifra casi 80% son mujeres y niñas. En el caso específico de trata con fines de explotación sexual, que compone el 58% del tráfico de personas, 98% son mujeres y niñas.

Según la organización internacional del trabajo (OIT) la trata con fines de explotación sexual representa uno de los negocios más lucrativos después del tráfico de armas y estupefacientes, con ganancias que oscilan entre 8 y 10 millones de dólares al año.

La trata de mujeres con fines de explotación sexual ha aumentado impulsada por el desarrollo mundial de la industria del sexo que mueve aproximadamente entre 5 y 7 billones de dólares y se sustenta en las condiciones desiguales entre hombres y mujeres.

En México hay 500 mil personas que son explotadas en la prostitución, el 90 por ciento son mujeres y niñas. El 80 por ciento de ellas no nació en la ciudad de México y fueron trasladadas de algún lugar del interior del país para ser prostituidas. De acuerdo con cifras de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina, el creciente número de esta cifra a la par del aumento en la precarización de las condiciones laborales así como evidentes crisis económicas refuerza el argumento que la libre elección de las mujeres a ejercer esta actividad se ve coaccionada por las precarias condiciones materiales en las que se encuentran y estas componen el mayor porcentaje de las mujeres que están en situación de prostitución.

Antecedentes del movimiento abolicionista

En respuesta al aumento en la explotación sexual, numerosos países adoptaron sistemas que buscan contrarrestar la violencia social, sexual y política así como la violación a los derechos humanos que sufren las víctimas.

El movimiento abolicionista que surge del feminismo tiene un amplio periodo de desarrollo histórico, su surgimiento se localiza en Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XIX. El contexto en el que surge se caracteriza por la aparición de los primeros movimientos feministas y movilizaciones obreras desde el inicio del siglo que luchaban contra de las modificaciones en las condiciones de trabajo producto de la implementación cada vez mayor de las máquinas y la degradación laboral de los obreros, así como la implementación en 1864 de leyes sanitarias por parte del parlamento británico que buscaban atacar la propagación de enfermedades de transmisión sexual por medio del control médico-policiaco y la criminalización de las mujeres en situación de prostitución a través del encarcelamiento si se negaban a rigurosos exámenes vaginales y medidas de cuarentena en hospitales. Este modelo de reglamentación de la prostitución había sido ya implementado en Francia a principios de siglo y posteriormente adaptado por el parlamento Británico y Europa occidental y pretendía atacar a una actividad permitida para los hombres pero que consideraba a las mujeres que la ejercían como un riesgo sanitario.

En contraposición con la postura reglamentarista, la feminista Josephine Butler comenzó en 1869 una campaña que proponía la derogación de la llamada “ley de enfermedades contagiosas”, iniciando el movimiento abolicionista al hacer una analogía a la lucha del movimiento por la abolición de la esclavitud surgido en Estados Unidos, argumentando que las mujeres en situación de prostitución se les sometía a la esclavitud sexual. Dentro de esta campaña se evidenció el carácter estigmatizante y opresivo de las leyes policiales y sanitarias contra las mujeres en esta situación y cuestionó la intervención del Estado en el otorgamiento de permisos y zonas de tolerancia para el ejercicio de la prostitución.

En 1874 Josephine fundó la organización por la abolición de la ley de enfermedades contagiosas y que logró en 1889 la derogación de las medidas impuestas.

Así en 1889 después de la fundación de la organización Ladies National Association for the Repeal of the contagious Diseases Acts (LNA) que creó un movimiento internacional por la abolición de la prostitución, cuya herencia ha sido adoptada por los países que implementaron un modelo abolicionista para el combate a la prostitución (Suecia, Islandia, Canadá, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Irlanda del Norte y Francia), este modelo implementado por primera vez en 1999, se basa en el principio de que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres y se sustenta en la desigualdad de género, bajo éste, se criminaliza al cliente y se es castigado con altas multas o con la cárcel y con ello se pretende eliminar la demanda de servicios sexuales.

En contraposición con el modelo abolicionista, se instauró en Holanda, Alemania y Dinamarca el modelo legalista o reglamentarista (2000) en el cual la prostitución es regulada como trabajo y se obliga a los dueños de comercios dedicados a la prostitución a pagar impuestos y la seguridad social. Bajo este modelo se busca la normalización de los servicios sexuales y de la industria internacional del sexo.

Un último modelo, establecido por Hungria –modelo prohibicionista- considera que la prostitución es ilegal y se penaliza a quienes la ejercen con sanciones monetarias y la cárcel. El cliente solo se sanciona si compró sexo con menores de edad.

Una de las principales discusiones entre el movimiento abolicionista y el movimiento que pretende reglamentar la prostitución versa en torno a dos argumentos: el primero por parte de las abolicionistas que consideran que esta práctica es una forma de violencia contra las mujeres porque toda la industria internacional del sexo se construye sobre la base de que un hombre puede utilizar el cuerpo de una mujer para su satisfacción, y éste debe estar disponible para ser comprado cuando se desee y utilizándolo como un objeto. El poder de la industria internacional del sexo es evidente, desde el bombardeo mediático que muestra el cuerpo de la mujer como un objeto consumible y que genera poder en el hombre.

Uno de los problemas es considerar a la prostitución y todas sus formas en un mismo saco, es muy diferente considerar que existen mujeres acompañantes cuyo medio de desenvolvimiento es diferente a las mujeres sometidas por padrotes que tienen que pagar cuotas y son víctimas de explotación sexual. En este sentido, puede existir quien menciona que ejerce la prostitución por “libre elección” e incluso confirme el discurso del empoderamiento que genera esta práctica que levantan algunas organizaciones feministas, sin embargo, se debe contemplar que el más alto porcentaje de mujeres en situación de prostitución no se encuentra en este contexto y que la reglamentación que se realice a favor de una minoría puede afectar la explotación sexual y violencia que viven miles de mujeres y niñas en el mundo.