Atzin Balderas, Maestra en Biología Experimental
Cinthya Leocadio, Pasante de Biología

¿CENTRALIZACIÓN DEL PODER DE DECISIONES?
Desde su entrada como directora de CONACyT, la Doctora Elena Álvarez-Buylla, indicó que el nuevo sexenio comenzaría con un Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y tecnologías, desapareciendo el CONACyT; fue así como el 08 de febrero del 2019, Ana Lilia Rivera, senadora por Tlaxcala y abogada litigante presentó al senado una iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías para reemplazar la Ley de Ciencia y Tecnología vigente, provocando que la regulación de la ciencia en México estuviera en la mira pública.
La iniciativa pretende derogar el inciso V del artículo 2 en donde se establecen las bases para el funcionamiento de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) y modificar el artículo 19 que establece que es esta Comisión quien formula y coordina sus políticas gubernamentales.
El resultado final sería el monopolio absoluto y autoritarismo del nuevo CONAHCYT sobre los transgénicos, la desaparición del CIBIOGEM, y más importante aún del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y la Conferencia Nacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación. El objetivo del FCCyT es propiciar el diálogo entre los integrantes del Sistema Nacional de Investigación (SIN) y los legisladores, las autoridades federales y estatales y empresarios, con el propósito de estrechar lazos de colaboración entre la academia, el gobierno y la empresa.
Propuestas como esta han demostrado conflicto de interés de la doctora Álvarez-Buylla y de la senadora Rivera sobre el tema de organismos genéticamente modificados (OGM’s), pues es bien conocido su activismo contra los OGM’s, pero más allá de la postura política-personal de la directora del CONACyT, existe un interés de que el gobierno centralice la toma de decisiones y la economía de los centros de investigación.
En entrevista con La Jornada publicada el 24 de febrero 2019, la Dra. Álvarez-Buylla menciona los ejes estratégicos para lograr el cambio de rumbo de la ciencia en México, en su idea de articular cuerpos académicos y tecnológicos para que con menos dinero y más rápido se puedan atender problemas nacionales centrales.
Resaltamos los siguientes:

“Apropiación social de la ciencia y comunicación científica, anunciado el 04 de abril en donde trata de estimular las vocaciones científicas desde temprana edad para que todos los mexicanos tengan las mismas oportunidades de acceso a la formación científica así como al pensamiento crítico y riguroso adquirido directo de quienes construyen la ciencia“.

Lo que claramente está alejado de la realidad del actual acceso a la educación en México, y que discierne del actual modelo educativo, heredero de las “reformas” educativas que nos ha dejado la anterior administración, es por eso que nos preguntamos ¿cómo se quiere lograr esto en un país limitado en la educación?,donde no se cuenta con bibliotecas suficientes, salones, donde existe una falta de personal adecuado, donde no todo el país cuenta con electricidad y menos con computadoras, o acceso a internet para que la ciencia como se estudia en la academia llegue a todo el país.
“Implementación de estrategias de retención de talento científico y de repatriación de jóvenes científicos mexicanos que residen en el extranjero mediante becas, así como becas específicas dentro de las que se encuentran: de incorporación de mujeres indígenas, fortalecimiento para indígenas y apoyo a madres mexicanas madres de familia en donde pretende “favorecer la equidad de género y proteger a grupos vulnerables en riesgo de exclusión“
Los fondos para estas convocatorias son limitados e insuficientes para la población a la que se dirige, no se están considerando problemáticas de fondo, si de verdad se buscará favorecer la equidad de género y proteger a grupos vulnerables es necesaria la eliminación de megaproyectos, pues muchos pueblos originarios de los cuales proviene esta población indígena se ven afectados. También es de carácter urgente brindar opciones laborales reales con sueldos que permitan una vida digna, prestaciones laborales y jubilación, así como la modificación social de la familia y de las escuelas que ahora mismo son espacios de socialización donde se reproducen y reafirman los roles de género (liderazgo, cuidado de los hijos, enfermos, personas de la tercera edad y trabajo del hogar) que permiten estas injusticias entre hombres y mujeres. De lo contrario sólo establecen medidas paliativas que a largo plazo no modifican de manera significativa la problemática que quiere resolver.

OPINIONES DIVIDIDAS
En respuesta a la iniciativa de Ley de Humanidades, ciencias y tecnologías, 12 miembros del Comité de Biotecnología de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) dieron respuesta elaborando un documento en donde señalan que esta ley no fue originada en el seno de la Comisión de Ciencia y Tecnología, no responde a demandas, recomendaciones de foros o consultas, ni tomó en cuenta el documento “Hacia la consolidación de desarrollo de políticas públicas en Ciencia, Tecnología e Innovación: Objetivo estratégico para una política de estado 2018-2024”,coordinado por la UNAM y entregado por el rector Enrique Graue al licenciado Andrés López Obrador en agosto del 2018. Ese ejercicio de evaluación se llevó a cabo entre noviembre de 2017 y junio de 2018, a través de mesas de discusión y sesiones plenarias donde participamos más de 200 personas, representando a más de 70 instituciones públicas y privadas del sistema de CTI.
En el documento recomiendan desechar la iniciativa, mantener la diferenciación de la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del CONACyT, así como preservar la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (OGM), incluyendo a la CIBIOGEM. Identifican la necesidad de mejoras y modificaciones a la actual Ley de Ciencia y Tecnología en temas específicos. Solicitan tomar en cuenta la opinión de los diferentes participantes del sector.
Es claro que la propuesta de ley nunca fue consultada por la comunidad científica y debido a la presión de la misma, CONACyT trata de verse inclusivo implementando foros de consulta y conversatorios que no cumplen la función ni la representatividad que se requiere para el Plan de Ciencia y Tecnología del sexenio, así como tampoco respeta el trabajo de más de 200 investigadores representativos y cuando claramente la dirección del CONACyT no sigue una ruta clara.

SUSPENSIÓN DE CONVOCATORIAS Y RECORTE PRESUPUESTAL
Antes de tomar su puesto, la actual presidenta del CONACyT solicitó a través de una carta al entonces director, Enrique Cabrero Mendoza, la suspensión de cualquier convocatoria abierta y contrato que pueda comprometer recursos presupuestales para el ejercicio 2019 y subsecuentes, entre las que se encuentran la Convocatoria del Programa de apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación, Convocatoria del Programa de Estímulos a la Innovación, Desarrollo tecnológico e Innovación, Convocatoria de Fondos CIBIOGEM, Convocatorias abiertas en CONACyT, Contrato de Cátedras CONACyT aún no firmados. La carta distribuida en redes causó revuelo en la comunidad científica a pesar de que la solicitud de la Dra. Álvarez no procedió.
Y fue así como el 05 de febrero de 2019 la directora de CONACyT indicó que programas de apoyos y contratos serían puestos a revisión para evaluar su continuidad, pues estos programas no son sostenibles, incluso llamó “colgados de la nómina” a los jóvenes que laboran bajo éste esquema.
Una de las convocatorias mencionadas, las Cátedras CONACyT son plazas de servidores públicos de carácter académico y que forman parte de la plantilla de servicios profesionales de CONACyT. Están dirigidas para nuevos investigadores con posdoctorado o doctorado de hasta 40 años y 43 en el caso de las mujeres, y en los que estos puedan desarrollar su campo de experiencia con un salario y prestaciones competitivas, mientras que las instituciones en donde laboren se beneficien ampliando y diversificando sus cuerpos académicos, pero sin sostener una relación laboral directa con los investigadores y tecnólogos que ocupen una cátedra.
A pesar de no ser una opción laboral real –pues los investigadores no cuentan con garantía de continuidad-, las cátedras CONACyT son la única opción para jóvenes que no encuentran lugar en el campo laboral mexicano, quien no invierte en ciencia y tecnología y que al terminar su contrato, pasarán a la larga fila de desempleados o trabajadores mal remunerados. Otra gran verdad es que no existen planes de jubilación en las instituciones donde laboran, y que no existe una competitividad de los sueldos si es que dejan de ser investigadores y sólo se dedicaran a la enseñanza.
Otro aspecto que podemos analizar es la existencia de la elitización de la ciencia, quienes hayan estado cerca del ambiente científico-académico, pueden notar que muchos apellidos “poderosos” se repitan en diferentes áreas de la ciencia, y muchos vienen de familias de empresarios y no sólo mexicanos, lo que da pie a que las investigaciones y la ciencia en México no sea neutra, como nos han hecho creer todo este tiempo,esta élite no puede y no quiere dejar de ganar esos salarios millonarios, ni de vivir con el estilo de vida que les da el estar dentro de instituciones públicas y además ser parte del SNI, muchos de ellos sin trabajar directamente en los artículos o investigaciones de los que son titulares, siempre con una ideología de superioridad.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, el programa contó con un presupuesto de 966.5 millones de pesos para mantener 295 plazas vigentes y 200 millones de pesos más para crear 219 nuevas plazas. En comparación, el Sistema Nacional de Investigadores (conformado por más de 298 mil miembros) recibió un monto presupuestario de cinco mil millones de pesos y el programa de becas de posgrado alrededor de 10 mil millones de pesos.
En diciembre del 2018 se presentó el Presupuesto de Egresos 2019 que indica un recorte de 6.5% en el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación además de una disminución de 12.6% al CONACyT, tras lo cual directores de 25 Centros Públicos de Investigación del CONACyT afirman que recibieron llamadas telefónicas en las que se les solicitó reducir su presupuesto entre 3% y 5%, lo que pondría en riesgo su operación y la viabilidad de varios proyectos. Hay casos como el del Instituto Nacional de Ecología (INECOL) donde la incertidumbre amenaza hasta el pago del suministro de electricidad (Juan Martínez, Investigador del INECOL).
En México, las fuentes de financiamiento del GIDE (Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental) son diversas e incluyen al gobierno, sectores empresariales, instituciones privadas sin fines de lucro y fuentes del exterior. Los países coloniales y explotadores dedican entre 1.5% y 4.2% de su PIB al GIDE, ya que al desarrollar tecnologías para mejorar y optimizar la industria. En México el valor de este indicador se ha quedado rezagado durante décadas sin rebasar el 0.55%, valor alcanzado en el año 2015, siendo insuficientes los esfuerzos para estimular la innovación, el desarrollo científico y tecnológico(Nota-INCyTU número 11, febrero 2018).
El estudio Perspectivas de la OCDE en Ciencia, Tecnología e Innovación en América Latina 2016, México registró un gasto interno bruto en investigación y desarrollo de 11,683 millones de dólares, lo que representa apenas 1% del total invertido en los 37 estados que integran la organización internacional.
Todo esto afecta de forma directa la independencia de las instituciones que hacen investigación, teniendo que adaptar los temas y resolución de problemas a temas de interés empresarial, golpeando directamente a investigaciones que están más involucradas con sectores sociales, en muchos casos marginados de México. Orillando a las instituciones a aceptar financiamiento privado limitando los resultados y poniendo a su servicio a universitarios que adquirieron su conocimiento, en muchos de los casos, a través de estudios gratuitos, teniendo como siempre mano de obra barata.

CONTRATACIONES POCO FUNDAMENTADAS
La administración de Álvarez-Buylla se ha caracterizado además por la designación de colaboradores que no cumplen el perfil mínimo necesario para desempeñar sus labores cuando en México hay 478 mil personas con licenciatura o posgrado que no logran colocarse en el mercado laboral, uno de cada dos desempleados son profesionistas.
Tomando decisiones como la de contratar a una Licenciada en diseño de moda, Edith Arrieta Meza para las subdirección en la CIBIOGEM, la cual justificó indicando que esta posee “profundos conocimientos tradicionales sobre los maíces nativos mexicanos” ya que proviene de una familia campesina de Milpa Alta. Tras terminar la colaboración con Arrieta, CONACyT asignó al Dr. Emmanuel González Ortega como encargado de despacho de la CIBIOGEM desde el pasado 1° de febrero, aun cuando él pertenece a la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, asociación de la que la directora del CONACyT es fundadora y que ha manifestado públicamente su activismo contra los transgénicos.
También fue polémico el hecho de haber designado a David Alexir Ledesma para desempeñar el cargo de subdirector y coordinador de comunicación e información estratégica del CONACyT, con un sueldo de 44 mil 366 pesos, cuando no cuenta con la mínima preparación para desempeñar dicho cargo, pues a la fecha se encuentra cursando el tercer semestre de la licenciatura en Comunicación, el 14 de febrero renunció.
Todo esto contrasta con la actual condición de México, un país con una tasa de desocupación entre la población universitaria de 4.4% durante el cuarto trimestre de 2017, superior a la tasa general que fue de 3.3% según cálculos hechos con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicada por el INEGI, siendo México además el el único país de la OCDE donde la tasa de desempleo con licenciatura y posgrado es mayor que la tasa de desempleo para gente que no consiguió estudios superiores. Estos datos reflejan una realidad cruel para la población estudiantil y reafirma la importancia de las luchas sociales por la creación de empleos acordes a las problemáticas actuales y la dignificación del trabajo.
La ciencia no debe ser vista como algo “exclusivo” o “selectivo”, aunque las limitaciones y la falta de fomento por parte del estado por tener científicos es una gran limitante; el conocimiento y lo que se produzca a través de la aplicación de sus principios, debería tener un papel positivo en la sociedad y resolver problemáticas que nos lleven a mejorar las condiciones de la mayoría.
Es claro que se necesita establecer, entre otras condiciones, un marco regulatorio, para que el CONACyT y otras instituciones, puedan ayudar a la creación de las políticas públicas hacia la resolución de problemas tangibles de la sociedad, y específicamente de la clase trabajadora y campesina. Esta recibirá un impulso significativo cuando universidad y sociedad trabajen juntas, sin sacrificar la necesidad de la investigación básica.
Es primordial eliminar la idea general de que las universidades son las únicas con el poder de crear ciencia, así como apostar por modelos diferentes que enseñen a estos científicos que la ciencia no es neutral, ni mucho menos ajena a los problemas políticos nacionales e internacionales y que debemos trabajar para y con un nuevo modelo de universidad-pueblo, que combata la ideología dominante de que la ciencia pertenece a unos cuantos.