El 2019 fue un año de rebeliones populares producto de la polarización social y la profunda recesión que ha marcado al capitalismo en el último lustro. América Latina ha sido un epicentro clave con las rebeliones populares que alcanzaron su máxima expresión en Chile, Ecuador y Colombia. A esto se sumó el creciente rechazo a los gobiernos ultraderechistas y neoliberales como en Argentina y Brasil, así como la amplia condena al golpe reaccionario en Bolivia que, respaldado por el imperialismo yankee e impulsado internamente por la burguesía blanca agroexportadora, generó una férrea resistencia indígena-popular de grandes magnitudes.
En el Caribe, Haití tuvo las importantes manifestaciones contra la precariedad de la vida. En Centroamérica, Costa Rica vivió huelgas por un ajuste fiscal. En Sudamérica, Perú tuvo grandes fracturas dentro de la élite gobernante, reflejadas en la disolución del Congreso, en el marco de la creciente presión social.
Este convulso contexto ha generado serios cuestionamientos a los gobiernos burgueses y al desarrollo capitalista por parte de la clase trabajadora y de los sectores populares empobrecidos. Este contexto previo con el que cerró el 2019 e inició el 2020, ha cambiado en su forma pero no en esencia, debido a la combinación de la pandemia mundial con la poderosísima crisis capitalista.
Las tendencias depresivas del capitalismo mundial debido a la caída tendencial de la tasa de ganancia, ya se venía vislumbrando desde antes de los primeros casos de la pandemia mundial del SARS-CoV2 que genera la enfermedad del Covid-19. La pandemia llega para acentuar este capitalismo decadente y llevar a la mayoría de las economías a una auténtica crisis capitalista que trastoca todas las relaciones sociales del capital; en todas sus dimensiones y componentes.
Este primero de Mayo se vivirá en todo el mundo en medio de las medidas de confinamiento obligadas para evitar que este virus se siga expandiendo y colapsando los sistemas de salud y cobrando más vidas.
A lo largo del mundo y sobre todo en los países de América Latina, las medidas de confinamiento son una realidad que no alcanza para toda la población, pues en esta región existe un gran número de personas que laboran en el sector informal, que están desocupadas o que están contratadas bajo esquemas flexibles, que no les garantizan buen salario y mucho menos su permanencia en el trabajo.
Paradójicamente se conmemorará el primero de mayo con los números más altos de despidos en los últimos años, despidos que son posibles debido a los esquemas flexibles de contratación que se han aprobado en los últimos años en el mundo para no garantizar los derechos que corresponden a las y los trabajadores, como esquemas de outsourcing, contratos temporales, contratación bajo esquema de honorarios, por mencionar algunos.
En México de acuerdo con la Secretaría del Trabajo tan solo del 13 de marzo al 6 de abril se registraron 347 mil despidos en 54 grandes empresas, tan sólo 25 empresas concentran el 50% de los despidos, los grandes empresarios han realizado esta acción ilegal, hasta ahora, con total impunidad.
Por otro lado, grandes consorcios transnacionales como grupo ALSEA, mandaron a sus trabajadores a “retiros voluntarios” sin goce de sueldo, violando lo estipulado en la Ley General de Trabajo de México.
Todos estos trabajadores y trabajadoras no cuentan con sindicatos que les apoyen o respalden, producto de la destrucción y cooptación sistemática de esta herramienta de lucha que impulsó la clase trabajadora, por lo que ha hiperindividualizado el trabajo de millones de personas.
La precarización laboral es la oferta principal que tiene el capital para las generaciones jóvenes. Según la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación (ENOE) 2019, de 15 millones de jóvenes que trabajan actualmente, 9 millones de jóvenes laboran en el sector informal. Y el 71.7% trabaja dentro de esquemas flexibles de subcontratación, donde sus garantías laborales se violan, el tiempo de trabajo rebasa las 8 horas alcanzando las 10 y hasta las 12 horas de jornada diarias, relativizandose, a su vez, el salario según la cantidad de producción generada.
Pasó a la historia tener un contrato laboral, derecho a seguridad social y ni hablar de una pensión. Las y los jóvenes no conocimos esos derechos; la precarización laboral bajo esquemas de outsourcing y de app´s virtuales han vendido la falsa idea de que “somos nuestros propios empleadores” quitándole la responsabilidad al patrón que gana millones, producto del trabajo de miles de jóvenes y adultos desempleados, como si fuera poco, además evadir el pago de impuestos.
Para las mujeres de la clase trabajadora el confinamiento han traído un aumento de la violencia en los hogares, así como labores de cuidados y trabajo en casa, se estima que estos dos últimos se han triplicado.
Sumando a lo anterior, debido a que las mujeres trabajamos mayoritariamente en el sector informal y que el 80% de los trabajos formales disponibles para nosotras se encuentran en los sectores de servicios como hotelería, turismo y comercios de bienes no esenciales, los que más han sido afectados producto de las medidas de confinamiento, los despidos y la falta de oportunidades para enfrentar la crisis se agravan aún más para nosotras.
Contradictoriamente después del #9M y el #UnDíaSinMujeres, ahora las mujeres son las que mayoritariamente están en la primera línea haciéndole frente al Covid- 19, pues en nuestro país el 82% del personal de enfermería son mujeres y el 40. 7% son médicas, sector que a parte de trabajar en condiciones precarias, también ha vivido el ataque de personas en la vía pública, hasta el momento se tiene el registro de ataques a 37 mujeres trabajadoras del sector de la salud.
Estas situaciones que se agravan en medio de la crisis sanitaria por el Covid-19, nos recuerdan la importancia de luchar por mejores condiciones de trabajo para toda la clase trabajadora que debe avanzar en su propia organización y movilización con independencia de los partidos del régimen en el marco de esta crisis; debemos elegir si primero están nuestras vidas antes que sus ganancias ó sus ganancias a costa de la vida de millones de personas en México y en todo el mundo.
En el corto plazo y de manera emergente tras la extensión de las medidas de confinamiento en nuestro país hasta el 30 de mayo, es necesario exigir que el gobierno Federal garantice que las empresas otorguen licencia y goce de sueldo para todos sus trabajadores y que no haya ningún despido.
A la par el gobierno federal debe de garantizar apoyos económicos y alimentarios para mujeres en situación vulnerable y para todas las personas que trabajan en el sector informal, que viven al día o que fueron desempleadas en el marco de la pandemia. Es por eso que se debe exigir el no pago a la deuda externa y utilizar ese dinero para hacerle frente a la crisis, ningún trabajador puede irse a casa sin la garantía de contar con un salario.
Se debe exigir y llevar a cabo sanciones económicas para aquellas empresas que despidieron trabajadores en el marco de la contingencia. La consigna es firme ¡Primero nuestras vidas antes que sus ganancias! y el gobierno federal no debe de retroceder ni un pelo ante esa premisa.
Llamamos a las trabajadoras y trabajadores a impulsar un programa de lucha que ponga en el centro a la clase trabajadora, por eso desde el Grupo de Acción Revolucionaria proponemos 19 puntos (Mira aquí) para que las trabajadoras y trabajadores le hagamos frente a la crisis.
La clase trabajadora tiene el imperativo ético, político y de supervivencia de impulsar en medio de la crisis un cambio de raíz, que de una vez por todas transforme este sistema económico, político y social que sólo ofrece miseria para el 99% de la población.
GRUPO DE ACCIÓN REVOLUCIONARIA
Sector de Trabajadores, Rosas Rojas, Juventud Revolucionaria
¡POR UNA ALTERNATIVA SOCIALISTA PARA COMBATIR LA PANDEMIA!
¡PRIMERO DE MAYO COMBATIVO, FEMINISTA Y PROLETARIO!
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