Rosas Rojas

En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) las mujeres y las altas cifras de violencia y feminicidios no son una prioridad. Pese a que MORENA ocupa el poder ejecutivo y tiene mayoría en el poder legislativo, le han dado la espalda al movimiento de mujeres que ha tomado las calles de todo el país reclamando fin a la violencia, los feminicidios, así como aborto legal, seguro y gratuito.

Por el otro lado, desde hace meses hemos señalado que uno de los poderes que MORENA no controla es el poder judicial, donde ahora se refugia la ultraderecha conservadora y empresarial. Prueba de lo anterior son los privilegios de los altos funcionarios del poder judicial, que se demostraron con los pleitos entre gobierno federal y estos respecto al tema de su negación a reducir sus altos salarios y prestaciones. Mientras que este 29 de julio en la conferencia mañanera Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación y ex ministra se pronunció a favor de la despenalización del aborto. 

La vinculación del poder judicial y los intereses del capital transnacional, principalmente español y de Estados Unidos se demuestran en el golpeteo en contra de la política de eficiencia, calidad, confiabilidad y continuidad del Sistema Eléctrico Nacional publicada por la SENER el pasado 15 de mayo que en estos momentos representa un paso muy limitado dentro del progresismo de Obrador para recuperar el sector energético como un sector estratégico para disminuir la dependencia energética nacional.  

En este país y en este sistema la justicia no es ciega o neutral. No se defiende por igual al rico que al pobre. Esto a pesar de que se diga que el poder judicial es autónomo de los otros componentes estatales; es una justicia corrompida por los intereses de las clases dominantes.  

El claro ejemplo de ello es que cuando las empresas trasnacionales de generación de energía supuestamente “verde” presentan amparos para revertir políticas que afectan sus inversiones, estos son concedidos en brevísimo tiempo; en cambio cuando se pide justicia para las comunidades indígenas despojadas en Oaxaca por la instalación de parques de energía eólica, y justicia para los casos de violencia y feminicidio de compañeras, así como las detenciones arbitrarias giradas hacia compañeras y compañeros que luchan por los derechos laborales, como el caso de Susana Prieto esta nunca llega, o solo después de la movilización y presión social. 

A lo anterior, se le suma el fallo que dio este 29 de julio a favor de la iglesia católica y los conservadores antiderechos con 4 votos en contra y 1 a favor que hacer que se considere improcedente el  proyecto de sentencia a favor de la despenalización del aborto en Veracruz del ministro Presidente Juan Luis González Alcántara Carrancá; con esto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justica se pronuncia en contra de los derechos reproductivos de las mujeres reconocidos internacionalmente. 

Todo esto en el marco de una fuerte presión y movilización de la derecha, conservadora, de la mano de la iglesia, el frente nacional por la familia y 237 legisladores locales y federales de todos los partidos del régimen en contra de los derechos reproductivos de las mujeres. 

El rechazo al proyecto de sentencia de la primera sala del poder judicial no fue sólo por “técnica jurídica”, si no por la enorme presión que se ejerce la derecha y los conservadores de defender la vida desde la concepción a la cual los 4 ministros de la primera sala concedieron y ni siquiera se pronunciaron de la cuestión de fondo que sí es un tema de competencia que es defender la laicidad del Estado reconocida constitucionalmente y el deber del Estado y sus tres niveles de gobierno en el ámbito de sus competencias de implementar soluciones laicas e integrales para atender un problema de salud pública como lo es el aborto clandestino en condiciones insalubres. 

El poder judicial no es un aparato creado para impartir justicia en abstracto, si no para sustituir la moralidad por la legalidad y la justicia por los intereses de la clase dominante, de los mega ricos y de los conservadores. 

Hacemos un llamado a las organizaciones de mujeres y al conjunto de las y los explotados y oprimidos a movilizarse el día 31 de julio de 2020 a las 11:00 am en las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

¡Justicia para las mujeres y el conjunto de la clase trabajadora! 
¡Por el aborto legal, seguro y gratuito! 
¡Por la separación efectiva de la iglesia y del Estado! 
¡Alto a la complicidad entre la Suprema Corte y las empresas privadas para apropiarse de la industria energética! 
¡Abajo la Reforma Energética, por la Renacionalización de la Industria Energética!