Octavio Ugalde, Juventud Revolucionaria

A un año y medio de la pandemia que recrudeció la crisis educativa, es inevitable hacer un análisis de la política educativa no sólo en el marco de la pandemia, sino en el de los 3 años de sexenio de López Obrador y la crisis preexistente que se heredó de los periodos  neoliberales que precedieron tanto del PRI como del PAN. 

Si bien, la crisis educativa abarca todos los niveles, es indispensable que hagamos ciertas diferenciaciones de los niveles de crisis y los sectores que la enfrentan, así como de la correlación de fuerzas que hay entre el movimiento estudiantil, magisterial y de trabajadores, así como de la derecha enquistada en las instituciones y la política de la 4T para ubicar en un mapa las posiciones y también las contradicciones que hay en cada planteamiento.

Quienes defendemos a la educación pública desde una posición de independencia política de clase, contra la derecha y el régimen de la 4T, sabemos que es indispensable posicionarnos frente a un gobierno que pese a ser apoyado por algunas fracciones del sector popular, sigue sosteniendo intactas las estructuras que impiden avanzar hacia una educación pública universal real para el conjunto de la clase trabajadora en México, es necesario movilizarnos y exigir a las burocracias educativas condiciones dignas de estudio, sanitarias, de enseñanza y trabajo para avanzar hacia una educación pública dirigida al pueblo trabajador que es quien sostiene con sus impuestos toda la maquinaria e infraestructura que implica la educación pública. 

La educación y la política neoliberal 

La política educativa que se ha venido realizando en México desde hace 40 años, es y ha sido una política dirigida a satisfacer las necesidades del mercado laboral, flexibilizado y precarizado, capitalista. Tanto el presupuesto, la toma de decisiones, el diseño curricular y la dirección de las universidades y la educación pública, a excepción de las normales rurales, ha sido la de adherirse al modelo neoliberal capitalista instaurado desde los años ochenta en México. La política empresarial permeó, parafraseando a Engels, por todos los poros del Estado mexicano.  

De esta manera, durante los sexenios neoliberales, desde Salinas de Gortari, hasta Enrique Peña Nieto, tenemos proyectos de “modernización” y adaptación de la educación a la política proveniente de los organismos imperialistas internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BN) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Conceptos como “Calidad”, “Eficiencia” y “Eficacia” así como el lenguaje económico y mercadotécnico se fueron empleando para adaptar la educación a una visión del mundo, en la que la acumulación de capital, la propiedad privada y el interés financiero fueron los fundamentos. Por otro lado, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) incorporó las políticas privatizadoras necesarias para hacer de la educación, el mercado laboral y la fuerza de trabajo una mercancía sumamente barata. 

A partir de las políticas privatizadoras neoliberales y de reorganización de la fuerza de trabajo, las escuelas normales rurales, las universidades públicas autónomas y en general todo el sistema educativo comenzó a reestructurarse mediante reformas desde el Estado y a través de las burocracias en las escuelas públicas. 

Un ejemplo de este tipo de reformas “modernizadoras” fueron las implementadas por el Rector Jorge Carpizo en 1986 en la UNAM, a exigencia del Estado y del FMI para que a partir de la reducción presupuestal a la educación se pudiera pagar la deuda externa. Estas reformas tuvieron resistencia por parte del estudiantado, hecho que generó una huelga. que duró algunos meses. Otro ejemplo, continuador de las reformas “modernizadoras” fueron las que aplicó el Rector Francisco Barnés en 1999 en la misma universidad. Estas reformas eran la réplica de las que Jorge Carpizo intentó implantar para privatizar la institución educativa, cobrando una cuota y reduciendo la matrícula. Esto generó la histórica huelga del 99, hecho que marcó un antes y un después en la historia de los movimientos estudiantiles. 

Otro ejemplo son las medidas de precarización y asfixia que se aplican a las normales rurales, pues de las 46 escuelas normales que se constituyeron a mediados del siglo XX, sólo quedan 17. Poco a poco han ido desapareciendo debido a la asfixia presupuestal, originando que cientos de jóvenes provenientes de comunidades rurales e indígenas no tengan acceso a la educación pública y por ende se vean obligados a truncar sus estudios o en muchos casos migrar por falta de oportunidades. 

Pero eso no es todo, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se impulsaron medidas pro-capitalistas conocidas como Reformas Estructurales, entre ellas la Reforma Educativa, la cual flexibilizó el trabajo magisterial y abrió las puertas de par en par para la entrada del sector privado para competir como nunca antes en la concesión para la impartición de educación en México.

Esta reforma fue repudiada por el sector magisterial combativo y por el movimiento estudiantil de izquierda, sin embargo se impuso, sumado a los ajustes presupuestales que dejaron casi en quiebra a más de 11 universidades públicas estatales, las cuales aplicaron medidas como el alza de cuotas o la reducción de matrícula y precarización laboral docente para ajustar el presupuesto universitario. 

La política neoliberal pro-capitalista se juntó con la política antidemocrática de las burocracias educativas a lo interno de las instituciones públicas haciendo mal uso y desviando recursos o distribuyéndolos inequitativamente para mantener sus privilegios salariales. En este sentido la política neoliberal pro-capitalista encontró en los partidos políticos como el PRI, PAN, PRD,  la fuerza para aplicar las políticas regresivas a la educación en el Congreso, de la mano de las burocracias educativas.

La 4T no ha detenido las políticas de exclusión y privatización de la educación

A 3 años de la llegada al poder, la 4T y AMLO han anunciado el fin del neoliberalismo y la llegada de un gobierno “para ricos y pobres” donde los pobres estén primero. 

Una de sus principales políticas fue la de derogar la Reforma Educativa Peñista, sin embargo, lejos de ser derogada únicamente se modificó sin dejar a un lado los mecanismos punitivos contra el magisterio. Por otro lado, a finales del 2020 y principios del 2021 se aprobó la Ley General de Educación Superior, en dicha ley se estipula la titularidad del Estado en proporcionar ese derecho al pueblo mexicano, sin embargo, en la ley no se aclara cómo se ejercerá el presupuesto anual, ni se acota de cuánto debe ser el presupuesto en relación a la inflación o al incremento de la demanda de matrícula.

Lo que sí deja entrever la LGES es que se creará un organismo “autónomo” en el que se discutirá el rumbo de las universidades y por ende cómo ejercer el presupuesto.

Ese organismo autónomo estará integrado por las burocracias universitarias tanto del sector público y privado, pero sin contemplar la participación de comisiones estudiantiles, magisteriales y sindicales. Esta nueva Ley, lejos de representar la posibilidad de hacer efectiva la educación pública y democratizar el presupuesto público, pone en charola de plata el presupuesto y la toma de decisiones a las burocracias universitarias y del sector privado. 

El mal manejo de la política educativa por parte de la 4T evidencia la continuidad de la política neoliberal y de las burocracias a lo interno de las instituciones educativas.

Rechazo al regreso a clases sin condiciones sanitarias, de trabajo, docencia y estudio dignas

El gobierno de la 4T no tiene un carácter clasista ni de apoyo a la clase trabajadora en sí, sino que su política es de conciliación y continuidad con el capitalismo en México. A principios de la pandemia en el 2020, AMLO firmó junto con Donald Trump la actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ahora llamado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). Esta política implica el afianzamiento de México como semicolonia de Estados Unidos y por ende su intervención en la política fiscal, laboral, de salud y educativa. 

La firma del TMEC significa la flexibilización del mercado laboral y la fuerza de trabajo, el moldeado de planes y programas de estudio para responder a las exigencias del mercado laboral privado y por ende la privatización paulatina de la educación, ya sea directamente mediante el cobro de cuotas, servicios y posgrados, o de manera indirecta mediante la concesión a empresas para hacer extensiva la educación.

La pandemia vino a recrudecer las contradicciones ya existentes, pues la virtualidad forzosa y el mal manejo de la pandemia por parte de las burocracias educativas trajo consigo la exclusión masiva de estudiantes, tomando en cuenta que casi la mitad de la población estudiantil de todos los niveles no cuenta con acceso a internet, principalmente el sector rural, también evidenció el mal manejo de recursos públicos por parte de las burocracias universitarias y educativas estatales: en la UNAM estallaron paros en más de 22 escuelas a causa de la falta de pagos a docentes precarizados y ayudantes de profesor, hasta la fecha hay escuelas que siguen en paro como lo es la Facultad de Ciencias e Ingeniería. Por otro lado se evidenció el desvío de recursos públicos en universidades públicas estatales como lo fue en la Universidad Autónoma de Coahuila, donde el rector desvío millones de pesos a campañas electorales del PRI o en la ENAH en dónde salió a la luz el desvío de recursos públicos por parte del director de la escuela y del INAH. 

Esto no es todo, además de salir a flote la tremenda corrupción a lo interno de las universidades públicas de la mano de los partidos políticos derechistas, la SEP mantuvo las clases virtuales concesionando la educación a televisoras como Televisa y TV-Azteca, dos de las televisoras que más han atentado contra la educación en México y que han fomentado los fraudes electorales y una guerra mediática en contra del pueblo trabajador.

Pese a las contradicciones que impiden regresar a clases presenciales o virtuales el presidente anunció que para agosto se prevé el regreso nacional a clases. Mientras jóvenes e infantes siguen sin vacunarse, el presidente pretende regresar a la “normalidad” cuanto antes. 

Es indispensable que identifiquemos que la salida a la crisis educativa y sanitaria no puede venir de un régimen conciliador con las empresas ni de la derecha oportunista que busca capitalizar el descontento social.

Una salida a la crisis educativa: perspectivas socialistas para defender la educación pública 

Desde la Juventud Revolucionaria hemos impulsado desde septiembre del año 2020 un programa estudiantil para rescatar la educación pública en México, que implique mejores condiciones de estudio, de enseñanza y trabajo en las instituciones educativas, becas y subsidios para hacer efectivo el derecho irrestricto a la educación en todo el país.

Este programa implica la creación de un congreso nacional anticapitalista en defensa de la educación, en el que podamos discutir corrientes políticas de izquierda, estudiantes, docentes y trabajadores de la educación el cómo conquistar un modelo de universidad junto al pueblo trabajador, ésta es la principal tarea, la organización desde las bases, en casa, universidad, y centro educativo para crear un programa nacional en defensa de la educación pública con independencia política de clase y con un carácter anticapitalista. 

Frente  a nosotros se encuentra un régimen que no detendrá con una política conciliadora al sector privado, sólo desde las bases podemos defender la educación pública a nivel nacional. Mediante el aumento presupuestal a la educación pública en todos los niveles, aunado a la democratización de las instituciones educativas y del presupuesto bajo control estudiantil, docente y de trabajadores. Así como la expropiación de las telecomunicaciones para hacer del internet gratuito a toda la población. Sólo profundizando la lucha en defensa de la educación, trastocando los intereses de la burguesía mexicana y transnacional lograremos poner de pie un polo revolucionario en defensa de la educación con un carácter socialista. 

Es por ello que apelamos a la unidad nacional de estudiantes, docentes y trabajadores de la educación para discutir una salida a la crisis educativa y capitalista que estamos viviendo, una salida que ponga en el centro de la agenda pública este programa. 

Las recientes elecciones y el ascenso del nacionalismo burgués ponen de frente la necesidad de organizarnos y luchar por una educación pública, gratuita y al servicio del pueblo trabajador, para que la derecha no llegue a capitalizar el descontento ni las fuerzas oportunistas a lo interno de MORENA intenten desregular aún más la política educativa. La salida no es la derecha pro-imperialista y oportunista, ni el nacionalismo burgués “progresista”, la salida que te proponemos es socialista.