Jacobo Hernández

El pasado 13 de julio, una niña de 9 años sería asesinada por un disparo en la cabeza a manos de elementos de la Guardia Nacional cuando ella y su familia viajaban en la madrugada en una camioneta por las carreteras de San Luis Potosí. El hermano de 15 años de la niña resultó también herido. Supuestamente los elementos de la Guardia Nacional dispararon después de que hicieron señas para que se detuvieran y no lo hicieran. Posteriormente los agentes se entregaron a las autoridades y quedaron detenidos.

Este crimen se añade a los tantos otros que han sido cometidos por la Guardia Nacional y las diferentes versiones de la policía federal a través de los años en el nombre de la guerra contra las drogas. Cualquiera puede ser un potencial sicario o narcotraficante merecedor de una respuesta tan contundente como la que sufrió esta niña. Ante la militarización del país que se intensifica con la llegada al poder de Felipe Calderón en 2006, “accidentes” de este tipo se han hecho más comunes: desde el infame asesinato de estudiantes del Tecnológico de Monterrey en 2010 a manos del ejército, hasta el reciente asesinato de cuatro mujeres, un niño de dos años y un bebé, el pasado 9 de junio, en el cual estuvieron involucrados 5 elementos de la Guardia Nacional. Ni que decir del caso pendiente de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa donde fuerzas federales también fueron partícipes.

La Guardia Nacional “mantiene” la seguridad a nivel federal, pero también se ha convertido en el ejecutor de las políticas migratorias que Estados Unidos impone sobre México, como el aseguramiento de las fronteras entre los dos países para impedir el flujo de migrantes a Estados Unidos provenientes de países intervenidos por este mismo. Y de igual forma, asesinatos de migrantes por parte de la Guardia Nacional han sido documentados. Estos asesinatos siguen una trama similar a la ocurrida en el caso del 13 de julio: conductores que no se paran ante supuestas indicaciones de los oficiales, ante lo cual abren fuego. Como podemos ver, la mayoría de los asesinatos cometidos por fuerzas federales ocurren en contra de poblaciones marginadas, sucesos generalmente olvidados y justificados en términos de daños colaterales necesarios para ganar la guerra contra las drogas según el discurso oficial.

Pero el discurso de la guerra contra las drogas se derrumba tan solo revisando todos los casos en donde ha sido la propia Guardia Nacional la protagonista del narcotráfico y la violencia que azota al país: tan solo el 1 de agosto fueron atrapados cinco agentes en Jalisco con más de 50,000 dólares en efectivo de dudosa procedencia y armas ilegales. Los transportistas también han denunciado en el pasado la extorsión que sufren de parte de elementos de la Guardia Nacional, quienes secuestran sus camiones y piden dinero por su rescate. La Guardia Nacional, junto con las demás agencias de seguridad se convierten entonces en administradoras del crimen más que en protectoras de la justicia, y en esta red conviven junto con y son parte del crimen organizado, siguiendo órdenes de autoridades en los tres niveles del gobierno.

Con la llegada de AMLO al poder haya representado una ruptura con algunas políticas de los gobiernos neoliberales pasados, en el tema de la seguridad hay política de continuidad. Instituciones como el ejército y el aparato policiaco siguen por inercia acumulando poder, convirtiéndose en los garantes del sistema capitalista en México en última instancia. La violencia en México no es una anomalía, sino, parte de un sistema que permite una explotación más visceral de los trabajadores por medio del miedo, y que permite acaparar riquezas y extraer recursos al ser utilizada para despojar territorios de sus habitantes. El aparato de seguridad existe para mantener este sistema de acumulación por despojo, por lo que organizarse para prescindir de ésta es un paso hacia la liberación socialista.