En el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito las mujeres socialistas seguimos señalando que aún falta mucho por caminar para alcanzar nuestros derechos reproductivos. El 28 de septiembre es una fecha para manifestarnos y seguir exigiendo la despenalización, legalización y el libre acceso al aborto en México y América Latina. En septiembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, despenalizó el aborto a nivel federal, sin embargo, aún no se garantiza plenamente nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, pues este no está garantizado desde la Ley General de Salud y leyes estatales.
En México la interrupción del embarazo se regula a nivel estatal, y puede ser tipificado como un delito con causales de no punibilidad (en 14 estados) o bien como circunstancias con excluyentes de responsabilidad (19 estados). En donde hay causales de no punibilidad, el aborto es considerado un delito pero que puede no castigarse bajo ciertas circunstancias. A diferencia de aquellos estados donde hay excluyentes de responsabilidad, donde el aborto no es considerado delito bajo ciertas condiciones. La legislación de cada estado define cuáles son estas circunstancias y condiciones por lo que el acceso a este derecho es desigual y propicia la discriminación jurídica.
De las 32 entidades federativas, 24 incluyen “la voluntad de la mujer, sin justificación, dentro de las primeras 12 semanas de gestación” como una circunstancia de no punibilidad o de exclusión de responsabilidad. Mientras que en 9 estados esta situación sigue penalizada y el aborto solo puede practicarse bajo causales específicas determinadas por cada entidad (violación, riesgo de muerte, alteraciones graves al producto, imprudencial). Además, de los 24 estados en que es posible abortar dentro del marco temporal de las primeras 12 semanas de gestación, solo en 8 se señala la obligación de las instituciones de salud pública en la provisión de este servicio. Es decir que, en el resto, aunque el aborto está dentro del marco legal, no se estipula que se debe proveer de forma segura y gratuita. Esto deja de lado a un gran sector de mujeres, a todas aquellas que no cuentan con los recursos económicos para poder ejercer su derecho de decisión, volviendolo así un privilegio y no un pleno derecho.
La legislación en materia de la interrupción legal del embarazo es una cuestión compleja y con muchas variables que actúan en favor o en contra de las mujeres. Estas variables incluyen el plazo máximo de las instituciones para proveer el servicio, los tiempos mínimos y máximos de sanción por abortar, los tipos de sanción aplicables señalados por la ley, la especificidad o ambigüedad de las legislaciones y códigos penales estatales en esta materia, la especificación de la obligación de las instituciones a proveer estos servicios de salud de forma gratuita, a quien se puede penalizar, entre otras. Además, hay algunas legislaciones locales en donde, después del paso de las 12 semanas, es posible apelar a otras causales para acceder al aborto, como en los estados de Baja California Sur y Colima, en donde la legislación indica que el aborto debe practicarse en estos casos cuando una autoridad lo haya negado previamente sin justificación. Todas estas variantes en la legislación dan como resultado un panorama desigual en el país para las mujeres que desean abortar, habiendo marcos normativos estatales más o menos restrictivos.
A pesar de los avances en la lucha, obtenidos por el movimiento de mujeres en las calles, es frecuente que las autoridades responsables de atender los casos de aborto aún obstaculizan el acceso a este derecho. Se han recopilado datos que dicen que las instituciones de salud son las primeras en criminalizar a las mujeres por interrumpir su embarazo. También se sabe que las denuncias por aborto ante las fiscalías son presentadas, en la mayoría de los casos, por el personal de salud. Son también quienes infringen la normatividad de la despenalización mediante prácticas como el condicionamiento de la atención a requisitos no estipulados por la ley o el cuestionamiento y/o presión para conocer las circunstancias específicas de la interrupción del embarazo. Esto se explica por el hecho de que, además de la criminalización legal, las mujeres que deciden abortar sufren también de la criminalización social. Esto surge de la idea de que las mujeres deben cumplir obligatoriamente con la función de la maternidad. Al estar presente en las instituciones estatales, esta idea da origen a la violación de los derechos de las mujeres.
Actualmente, la Organización Mundial de la Salud estima que cada año mueren alrededor de 24,000 mujeres por abortos inseguros. Para México los datos señalan que los abortos realizados en condiciones inseguras representan entre el 7 y el 11% de las muertes maternas. Por lo tanto, los abortos bajo condiciones inseguras, generalmente ligadas a la clandestinidad, siguen siendo un problema relevante para la salud pública en México, y que además afecta principalmente a las mujeres de la clase trabajadora, porque más que un derecho, el aborto en este país sigue siendo un privilegio de clase. A casi un año de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, quien proclamo que “es tiempo de mujeres”, el Estado mexicano sigue sin garantizar el derecho al aborto. Desde Rosas Rojas, seguimos insistiendo que no basta con despenalizar en el papel si los servicios públicos no existen, si el personal de salud no recibe capacitación, o si se sigue negando la atención bajo prejuicios “moralistas”. El panorama actual da cuenta de que aún falta mucho por caminar en esta lucha. Los avances en materia de derechos nadie nos los ha regalado, han sido conquistados por el movimiento de mujeres, desde las calles. Es por esto que proponemos una agenda, con perspectiva de clase, que busque la unión de las mujeres en un frente de lucha por los plenos derechos reproductivos y de decisión de todas. Que tenga, como tema prioritario, reformas constitucionales que garanticen nuestros derechos a largo plazo. Esto porque somos conscientes de que, en este sistema patriarcal y capitalista, los derechos conseguidos pueden perderse fácilmente con el movimiento de poderes de quienes están en el gobierno.
Es por esto que, las mujeres socialistas seguimos convocando a la movilización, a salir a las calles, y gritar por nuestros derechos. Somos nosotras, mujeres, quienes debemos seguir luchando para que este sistema patriarcal y capitalista no siga decidiendo por nuestros cuerpos. Sigamos apostando por una agenda socialista que vele por los derechos de las mujeres obreras, campesinas, indígenas y racializadas. Que busque, además, que el acceso a una vida digna y libre de violencia sea una realidad para todas y no solo para unas pocas.
¡Despenalización y legalización del aborto en todo México!
¡Aplicación efectiva de las legislaciones aprobadas en materia de derechos de las mujeres!
¡Por la reforma al código penal de la Ley general de salud ya!
