Aram Rangel A.
Isael Garcia
Este 10 de septiembre, el fuego y el luto volvieron a teñir el cielo del oriente de la Ciudad de México. La explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia no fue un accidente fortuito, sino la manifestación violenta y predecible de una estructura que sistemáticamente oprime, ignora y desecha a la clase trabajadora. Una vez más, en una zona marginada, somos nosotros, los que movemos este país, quienes ponemos los muertos. No basta con la explotación laboral, la marginación urbana y el incesante abandono del Estado; también somos quienes vivimos en carne propia las consecuencias mortales de la negligencia y la corrupción.
Lo sucedido en Iztapalapa, con su trágico saldo de 29 muertos —una cifra cuya magnitud aumenta con el pasar de los días— y decenas de heridos, no es un hecho aislado. Es un eco doloroso de la explosión de San Juanico en 1984 y de las decenas de desastres similares que han ocurrido desde entonces. La responsabilidad inmediata recae, sin duda, sobre la empresa Transportadora Silza, parte del Grupo Tomza. Sin embargo, señalarla a ella sola sería ingenuo. La culpa se extiende y escala hasta las más altas esferas de las instituciones del Estado, aquellas supuestamente encargadas de velar por la seguridad en el sector energético.
El mercado del Gas LP es, quizás, el más irregular y opaco de todos. Se sostiene sobre una base de permisos fraudulentos, pólizas de seguro inexistentes, dictámenes de seguridad ignorados y una corrupción que impregna cada eslabón de la cadena. Este caos se vio agravado por las reformas energéticas de 2014, que, bajo la promesa de modernización, profundizaron la desregulación y entregaron el mercado a los intereses de unos pocos. Instituciones como la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE) no actuaban como reguladores, sino como facilitadores de la tragedia, otorgando permisos a empresas que incumplían las normas más básicas. Cuando un permiso era negado, las empresas recurrían al amparo, y el poder judicial terminaba por autorizar la circulación de estas bombas de tiempo sobre ruedas. Cada permiso irregular era un riesgo latente para la ciudadanía, y como siempre, las pipas explotan en nuestros barrios, no en las zonas residenciales de quienes firman los contratos.
Además de las múltiples regulaciones existentes ignoradas, como es el caso del Artículo 61 del Reglamento Para El Transporte Terrestre De Materiales Y Residuos Peligrosos (DOF, 2012) que prohíbe que las unidades que transporten materiales o residuos peligrosos viajen en convoy, persisten huecos en la normatividad mexicana que no contemplan exhaustivamente las implicaciones del transporte terrestre de Gas Natural. La construcción del paradigma carro-centrista dentro de la ciudad, y en sus alrededores, con el establecimiento de centros urbanos residenciales históricamente olvidados por el Estado, que sin un sistema de transporte público masivo digno y de calidad, obligan a millones de mexicanos a enfrentarse diariamente a peripecias, dilemas, estrés, y precariedades con tal de poder llegar a sus centros de trabajo, y poder llevar alimento a sus mesas. Tan solo en la ZMVM se realizan alrededor de 34.56 millones de viajes, de los cuales 22.86 millones son por medio de transporte público y privado (INEGI, 2017), que deben arriesgarse a compartir vías de tránsito local y federal con alrededor de 2500 viajes diarios de distribución de gasolina y diesel en viajes de última milla, moviendo unos 50 millones de litros, a unas 700 estaciones de servicio, de acuerdo con la Dra. Angélica Del Roció Lozano Cuevas, investigadora del Instituto de Ingeniería y Coordinadora del subcomité de Movilidad Urbana (Imagen Radio, 2025).
El Grupo Tomza, dirigido por Tomás Zaragoza, es el ejemplo perfecto de esta impunidad. A pesar de su largo historial de irregularidades, su cercanía con los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto le permitió amasar contratos multimillonarios. Con la reforma energética, consolidó su imperio expandiéndose a la distribución de gasolina, acumulando acusaciones de prácticas monopólicas y abuso en la venta de cilindros. La explosión en el Puente de la Concordia no es, por tanto, un accidente, sino el resultado inevitable de la desregulación, la concentración de poder y la protección política que blinda a una empresa que hoy debería estar rindiendo cuentas ante la justicia.
Pero afortunadamente, como en cada desastre que nos ha golpeado, frente a la parálisis y la ineficacia institucional, emerge la solidaridad del pueblo trabajador. La respuesta ciudadana fue inmediata y contundente. Vecinos transportando heridos en sus propios vehículos, el personal de salud trabajando sin descanso para salvar vidas, la creación espontánea de centros de acopio para suministrar material de curación a hospitales rebasados. El tiempo libre de la clase trabajadora, ese tiempo que nos es tan escaso, fue donado voluntariamente para organizar la ayuda. Una vez más, la ciudadanía demostró ser más efectiva y organizada que las propias instituciones.
En este contexto, la universidad pública no fue la excepción. Los primeros en movilizarse fueron los estudiantes, muchos de ellos pertenecientes a cubículos estudiantiles. Esos mismos cubículos que, desde la llegada del rector Lomelí, han sido sistemáticamente atacados, vulnerados y desmantelados por las directivas de las facultades, demostraron ser lo que siempre han sido: el nexo vital entre el pueblo y la universidad. La mayoría de los centros de acopio universitarios surgieron de estos espacios autogestivos, que presionaron a la institución para que brindara apoyo real a ese mismo pueblo que la financia y le da sentido.
Como estudiantes, como ciudadanos, como trabajadores, no podemos permitir que el humo de la tragedia se disipe y todo vuelva a una normalidad desensibilizada y cómplice. Debemos seguir exigiendo al Estado y sus instituciones que cumplan con su deber: regular y sancionar con todo el peso de nuestra ley a las empresas que, como Grupo Tomaza, anteponen sus ganancias sobre la vida humana. Exigimos justicia plena para las víctimas y sus familias. Exigimos que se deje de criminalizar y violentar a la población que vive en las periferias, que busca mejorar sus condiciones de vida; a la clase trabajadora, porque sin ella, sin sus manos, su inteligencia y su solidaridad, nada de lo que hoy existe sería posible.
¡La flama de la indignación debe, y seguirá, encendida hasta que la justicia llegue!
Referencias:
Imagen Radio. (2025, 12 de septiembre). Los problemas y riesgos con el transporte de sustancias peligrosos como el gas [Video]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=5BibE-OYuhw
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2018). Encuesta Origen-Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México (EOD) 2017: Presentación de resultados.
México. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/eod/2017/doc/resultados_eod_2017.pdf
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (1993, 7 de abril). Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. Diario Oficial de la Federación. https://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/html/wo88960.html
