La crisis inmobiliaria de 2008 y la emergencia por la pandemia del COVID (2020 a 2022) son dos crisis económicas que han marcado las pautas de los sucesos políticos en este siglo XXI. Nuestros tiempos son de disputa entre dos imperialismos por el control del capital internacional, una época por la lucha de dominación mundial. La explosión de los antagonismos capitalistas, de catástrofes ecológicas y de conflictos militares que tienen como víctimas a las clases oprimidas y explotadas. El centro de la confrontación es el imperialismo estadounidense en declive y agresivo frente a China, emergido como gran potencia capitalista.

Estos enfrentamientos militares se están desarrollando con riesgo real de extenderse a otras partes del planeta. La tendencia a una potencial guerra mundial imperialista está plenamente arraigada en la situación internacional. Trump impulsa una política de Estado: preparar la guerra contra China. El escenario de enfrentamientos incluye el choque con las potencias europeas y sus aliados occidentales. La guerra imperialista es una consecuencia directa de la crisis histórica del sistema capitalista. Rusia y China no representan un bando homogéneo, y mucho menos progresista o antiimperialista. Son grandes potencias capitalistas que actúan para asegurar sus propios intereses reaccionarios y sostener sus regímenes de explotación y opresión

La invasión rusa en Ucrania y el genocidio cometido por Israel contra el pueblo palestino son expresiones imperialistas; preservar el control sobre Medio Oriente y evitar la realización de los mega proyectos de la Ruta de la Seda de China y el Corredor Norte-Sur que conecta India con Rusia, los cuales comprendren tramos que atraviesan el territorio iraní; la disputa por Ucrania, la incrucijada por integrarla a la OTAN o anexar varias de sus provincias al imperialismo ruso, expandir las fronteras (Letonia, Estonia, Lituania) de la OTAN contra Rusia y la disputa por los mercados energéticos para el abastecimiento de gas a Europa. Estos proyectos de interconexión comercial de Asia y Europa, de realizarse, significarán para Washington perder la carrera económica ante China e India. El impedimento para estos avances económicos del imperialismo chino los detiene Estados Unidos mediante la guerra.

Estados Unidos enfrenta una disputa comercial internacional frente a la expansión del bloque de los BRICS, cuyos miembros originarios fueron Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y al cual se unieron en 2024 Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Irán y Emiratos Árabes Unidos, concentrando así alrededor del 30% del Producto Interno Bruto global, el 46% de la población mundial y el 43% de la producción global de petróleo. Este bloque plantea sustituir el dólar como moneda de cambio internacional, la respuesta de Trump es emprender aranceles contra los BRICS al 100%.

La guerra en Ucrania inició con la invasión rusa a esta nación como respuesta a su posible integración a la OTAN. En febrero de 2025 se cumplen tres años del conflicto bélico. Trump inició un proceso de negociaciones para finalizar la guerra, sin la participación de la Unión Europea ni Ucrania. La razón de Trump para terminar lo antes posible el frente europeo es dirigir sus esfuerzos militares hacia posiciones directas contra China. El imperialismo estadounidense en este periodo defenderá sus intereses sin importar que ésto atente contra sus aliados imperialistas de Reino Unido, Francia o Alemania. Cada imperialismo iniciará la defensa de sus intereses, demostrando nuevas tendencias hacia el conflicto entre las alianzas europeas generadas tras la segunda guerra mundial.

Los partidos de ultraderecha capitalizan el malestar en Europa ante el desgaste social derivado en parte por la guerra en Ucrania. Lo que inició con los fascistas de Vox en España, se expande por el continente como una epidemia con los partidos neofascistas y sus políticas contra la inmigración, promoviendo agendas anti derechos contra minorías, disidencias sexuales y la clase trabajadora. La ultraderecha ha tomado fuerza en los últimos años en Suecia, Finlandia, Italia, Austria, Letonia y Hungría. Además, la extrema derecha se impuso también en los dos países que más diputados aporta al Parlamento Europeo; Alemania y Francia.

Tras casi 14 meses de genocidio el gobierno israelí y el grupo Hamas parecen llegar a un acuerdo para un alto al fuego. El año de genocidio continuo fue revelador en muchos sentidos. Quedó clara la intención criminal sionista de apoderarse de las tierras de la Palestina histórica y de ganar terreno para controlar la región del Levante. El genocidio reforzó la complicidad de la OTAN y de Estados Unidos en la desestabilidad en Medio Oriente, con el de fin mantener la hegemonía y su fácil acceso a los recursos de estas tierras.

Los ataques de Israel son respuestas de un imperialismo aterrorizado y moribundo que busca resguardar sus intereses económicos y políticos, ya sea por la vía de una aparente paz o por la guerra. La aparente paz se manifiesta en la forma de las inversiones privadas del capital estadounidense en Palestina. La guerra, por su lado, es quizá aún más redituable para los mercados armamentísticos que proporcionan armas, misiles, vehículos bélicos y tecnología militar a Israel. El capital occidental no deja de acrecentar en ninguno de los escenarios, incluso en los momentos de mayor crisis representan ventanas de oportunidad para las aventuras financieras de las grandes empresas occidentales.

El genocidio en Palestina desenmarcaró las contradicciones del sistema capitalista: la farsa de la democracia. Los ataques en Gaza suscitaron la solidaridad y el apoyo del proletariado a nivel global que se tradujo en manifestaciones, marchas, boicots, campamentos universitarios y demás acciones estratégicas para exigir a sus gobiernos el rompimiento de relaciones con Israel, la presión en acuerdos de paz, la irrupción en las avanzadas militares y la aprehensión de Netanyahu y Gallant. Por su parte, estas instituciones y gobiernos burgueses respondieron, en el mejor de los casos, ignorando las voces de sus ciudadanos, y en el peor de los casos, con diferentes formas de represión. Las grandes empresas aprovecharon la circunstancia para acrecentar sus ganancias y las inversiones en el país sionista no cesaron e incluso pudieron incrementarse en sectores como el militar y el infraestructural. La lección más importante para la izquierda a nivel global recae en el verdadero conocimiento del sionismo, una ideología supremacista que ha implementado su ideología genocida por casi un siglo y que no parará aún cuando la coyuntura presente permita a los gazatíes volver a sus ciudades en ruinas.

El genocidio en Palestina desenmarcaró las contradicciones del sistema capitalista: la farsa de la democracia. Los ataques en Gaza suscitaron la solidaridad y el apoyo del proletariado a nivel global que se tradujo en manifestaciones, marchas, boicots, campamentos universitarios y demás acciones estratégicas para exigir a sus gobiernos el rompimiento de relaciones con Israel, la presión en acuerdos de paz, la irrupción en las avanzadas militares y la aprehensión de Netanyahu y Gallant. Por su parte, estas instituciones y gobiernos burgueses respondieron, en el mejor de los casos, ignorando las voces de sus ciudadanos, y en el peor de los casos, con diferentes formas de represión. Las grandes empresas aprovecharon la circunstancia para acrecentar sus ganancias y las inversiones en el país sionista no cesaron e incluso pudieron incrementarse en sectores como el militar y el infraestructural. La lección más importante para la izquierda a nivel global recae en el verdadero conocimiento del sionismo, una ideología supremacista que ha implementado su ideología genocida por casi un siglo y que no parará aún cuando la coyuntura presente permita a los gazatíes volver a sus ciudades en ruinas. 2024 cerró con la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria, se revela el interés de Estados Unidos en el cambio de régimen que permita tener un títere más en la zona de influencia del capital occidental. Este hecho también suscita incertidumbre por el futuro del pueblo kurdo en Siria que pudiera sufrir la persecución por parte del gobierno turco. A pesar de las presiones externas, el pueblo sirio se encuentra en una situación revolucionaria que la fuerza de la vanguardia obrera siria debe buscar dirigir y encauzar.

En África el imperialismo francés se ha debilitado desde hace un par de años ante los golpes de Estado iniciados por oficiales militares al oeste y centro del continente que pretenden cortar los lazos de dependencia que todavía los atan a la antigua metrópoli y que piden apoyo de fuerzas mercenarias de países como Rusia. En los últimos meses se ha presenciado una retirada de las tropas francesas en países tales como Mali y Burkina Faso tras el explícito rechazo de las fuerzas francesas por parte de los gobiernos de estos países. Francia perderá sus principales bases militares en el continente cuando se vea obligada a salir próximamente de otras naciones como Senegal y Côte d’Ivoire. La presencia francesa estacionaba sus fuerzas con el supuesto objetivo de librar la zona del yihadismo: el resultado de una década de intervención directa es la efervescencia de las campañas militares de los grupos islámicos. A pesar de la alianza que se ha creado entre los países del Sahel y aquellos del África Subsahariana, los ejércitos nacionales han sido incapaces de contener las avanzadas yihadistas.

Rusia aprovecha el vacío de poder militar para desplegar sus tropas bajo diferentes denominaciones: ya sea con milicias del grupo Wagner o con unidades de la recientemente formada “Cuerpos de África” que forma parte del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. La diferencia entre ambas unidades es nominal, pues este nuevo aparato fue conformado por miembros actuales y antiguos del grupo Wagner. Putin interviene en los asuntos del Sahel, el entrelazamiento entre las tropas nacionales y los efectivos de la compañía Wagner demuestra el grado de dependencia que hay entre los intereses del Estado ruso y aquellos de su capital privado nacional. El amalgamiento entre Estado y burguesía expone las ambiciones rusas con una política imperialista. Rusia, al igual que Francia, se ve incapaz de frenar eficazmente a los grupos islámicos. Aunado a las bajas que eso le causa, la caída del régimen de al-Assad en Siria ha menguado sus números en África. Con ello se demuestra la pequeñez de los brazos imperialistas rusos y su incapacidad por resistir tantos frentes a la vez.

En esta nueva fase del conflicto interimperialista la primera víctima ha sido la lucha contra el cambio climático. Si anteriormente la farsa del combate hacia este evento catastrófico se hacía sin perder de vista la lógica del mercado, bajo el esquema de un capitalismo reformado con miras a un cambio gradual hacia una economía verde, en estos momentos el imperio estadounidense ve su poder contestado por China y decide tirar por la borda todas estas limitantes de la transición hacia la sustentabilidad que había adoptado. Ésto se ve en las órdenes del nuevo gobierno de Trump con miras a explotar los recursos que yacen en las costas de Alaska, entre ellos petróleo, así como la presión que empieza a ejercer sobre Canadá y Groenlandia, con territorios en el Ártico y minerales raros por explotar. Mientras el calentamiento global ya ha causado estragos en esa parte del mundo, derritiendo parte del hielo cubriendo las superficies terrestres y marítimas, más que ser un hecho alarmante, Estados Unidos lo ve como una oportunidad para expandir su área de influencia y acaparar recursos. Rusia por su parte también ha visto en esta creación de nuevas fronteras una oportunidad para hacer lo mismo que Estados Unidos pero dentro de su propio territorio, exhibiendo de nuevo la lucha por el trofeo que representa el Ártico.

América Latina bajo el azote del neoliberalismo durante la década de los ochenta, noventa y la primera década del siglo XXI, surgieron rebeliones populares tanto en el continente como a nivel internacional contra las políticas de ajuste a los sistemas públicos. En el caso latinoamericano quien se puso a la vanguardia de estos movimientos de masas fue el movimiento progresista. Este llamado movimiento progresista son partidos de reformistas y socialdemócratas, críticos al neoliberalismo aunque sin cuestionar el modelo capitalista en su conjunto.

El movimiento progresista no está exento de tener confrontaciones con los sectores de la burguesía latinoamericana pro imperialista. Ejemplos tenemos en el golpe de estado a Zelaya en Honduras (2009), Lugo en Paraguay (2014), Evo Morales en Bolivia (2019) y Pedro Castillo en Perú (2022). También en el terreno electoral estos progresistas sufrieron derrotas, como el caso argentino con el ascenso de Milei, la crisis del peronismo y del kirchnerismo. O las propias regresiones en el Movimiento Revolución Ciudadana, con disputas entre Lenin Moreno y Rafael Correa, crisis del progresismo que le otorgó la victoria electoral a Daniel Noboa en Ecuador. Otros casos representan degeneraciones, retrocesos o límites del progresismo latinoamericano: las amplias concesiones de Borich en Chile, la instalación de una burocracia autoritaria en el régimen bolivariano de Venezuela, al mantenimiento de la dependencia al imperialismo en el gobierno de Obrador en México o el acercamiento del imperialismo chino de Lula en Brasil.

El nuevo gobierno de Trump y su trato abiertamente hostil e intervencionista hacia Latinoamérica expone su declive. Ante la creciente competencia con China y la pérdida de su hegemonía, Estados Unidos no es capaz de forjar narrativas favorables a sus intereses y debe recurrir a amenazas involucrando el uso de fuerza desmedida. Esto incrementa su desprestigio en las naciones latinoamericanas, donde las élites ya no pueden hacer uso de estas narrativas para mantener a las poblaciones subyugadas al imperio, promoviendo la realineación regional con China. Finalmente, la introducción de políticas proteccionistas por parte del gobierno estadounidense al por mayor, inauguran un posible fin del periodo neoliberal, al ya no serle favorable a las debilitadas empresas estadounidenses.

Es fundamental construir una alternativa que responda a los intereses de nuestra clase, que no realice concesiones a la burguesía y que expliqué pacientemente al proletariado el momento histórico que vivimos. La lucha por el socialismo también es contra la reacción capitalista internacional y se debe luchar por una política internacionalista como una estrategía de combate ya que no puede existir el socialismo en un solo país, territorio o comunidad, sino que debe darse la liberación del proletariado a nivel global.

El ascenso de Trump al gobierno norteamericano preanuncia una ofensiva derechista reaccionaria a nivel internacional. La lucha contra la represión y la política tendiente al fascismo de Trump, no debe estar subordinada a ningún tipo de frente de colaboración de clases de la burguesía. Tenemos que estructurar una organización y movilización política independiente de la clase trabajadora sin concesiones ni pactos con las organizaciones burguesas. Los Frentes Populares muestran sistemáticamente su incapacidad para enfrentar a estas fuerzas de ultraderecha, con sus políticas de desmovilización y adaptación.

Los internacionalistas luchamos contra la guerra imperialista y proponemos, si se manifiesta con nuevas batallas parciales y/o abiertamente, transformarla en una guerra de clases contra el imperialismo capitalista: «Guerra a la guerra», «el enemigo de los trabajadores es la burguesía de nuestros propios países». Luchamos por la confraternización entre obreros y soldados ucranianos y rusos, por derrocar a los gobiernos del hambre, la represión y la guerra, por gobiernos obreros. Apoyamos plenamente las luchas de los pueblos oprimidos de Asia/África/América Latina contra todas las potencias imperialistas.

La irrupción electoral de las masas en 2018 terminó el ciclo de alternancia política de derecha entre el PRI y el PAN que desde el año 2000 se llevaba a cabo, entrando en una etapa de búsqueda por la democracia y justicia social mediante un movimiento-partido electoralista de frente popular a la cabeza. Sin embargo, la lucha por la democracia sigue siendo una reivindicación para el Grupo de Acción Revolucionaria y la clase trabajadora, entendiendo que ésta sólo podrá ser ejercida libremente por las masas dentro de un régimen socialista.

La lucha por la democracia será organizada en dos frentes, el primero de ellos y más importante, la lucha por la democracia mediante un programa socialista que influya en las bases de MORENA, particularmente con sus bases de vanguardia que les permita elevar su conciencia como clase trabajadora y luchar por sus intereses, frente a las burocracias que capitulan y defienden primordialmente los interés de la burguesía nacional y trasnacional. Por otro lado, la conquista de la democracia también implica influir en las masas, perfilando la necesidad de romper la ilusión de conciliación de intereses de clase entre la burguesía y la clase trabajadora que el movimiento-partido plantea, para la construcción de un Frente Único que presione mediante la movilización y presión al legislativo y el ejecutivo en la consecución de la transformación política del Estado y de las relaciones sociales productivas bajo los intereses de la clase trabajadora.

En este sentido, la conquista de la democracia implica una serie de transformaciones permanentes y consecuentes con los intereses de la clase trabajadora, por ello es que su conquista en todo el país va más allá del sistema electoral y su posible reforma. En consecuencia, el segundo frente se abre ante a la democracia representativa, heredera de estructuras de dominación burguesas, para dar paso a la democracia participativa y directa como un puente en el que la vanguardia obrera pueda ir planteando el camino al socialismo influyendo en el conjunto con las masas por su necesidad histórica.
El Grupo de Acción Revolucionaria considera a MORENA como un frente popular que intenta conciliar los intereses de la clase trabajadora y la burguesía. Las masas simpatizan con el Movimiento de Regeneración Nacional y lo entienden como su alternativa política frente al hartazgo y la derrota del régimen derechista de décadas anteriores, al igual que por la crisis de dirección de la clase trabajadora bajo una perspectiva de independencia de clase, así se demostró en las elecciones del 2018 y del 2024. Por esta razón, el Grupo de Acción Revolucionaria se plantea la construcción de una alternativa socialista y revolucionaria capaz de aglutinar el descontento de las masas oprimidas y explotadas, que defienda los intereses de su clase sin conciliación alguna. Esta alternativa implica influir con nuestra política en las masas obradoristas y morenistas para que luchen por el socialismo explicando las contradicciones inevitables de fracaso del frente popular en su seno y su incompatibilidad con un gobierno de las y los trabajadores
El Grupo de Acción Revolucionaria entiende a MORENA como un movimiento-partido electoral de frente popular con una estructura cooptada por las burocracias mientras que toda la militancia de base se encuentra marginada, pues no tienen ni voz ni voto en la estructura de MORENA. Esto cede completamente el espacio al oportunismo y consecuentemente a la tendencia del movimiento-partido a no desligarse de los intereses y agenda capitalista nacional y trasnacional. Por todo esto, las y los socialistas de Acción Revolucionaria debemos influir con nuestra política en las bases obradoristas y morenistas para aclarar que el centralismo democrático al interior de cualquier partido de la clase trabajadora es un principio innegociable. De igual forma es imprescindible mostrar la unión indisoluble entre el capital y el Estado burgués, demostrarles que sin la conquista de un partido de la clase trabajadora es imposible alcanzar un Estado democrático y que la democracia no se podrá conquistar si no se avanza en una lucha frontal y permanente hacia el socialismo en donde la vanguardia y dirección no sea una burocracia oportunista, sino la clase trabajadora. Es imposible gobernar para ricos y para pobres, las contradicciones entre las clases sociales son irreconciliables y negar este principio es contrarrevolucionario.

Las políticas neoliberales se mantienen vigentes en México. Los dos gobiernos de Morena no han contrarrestado los ajustes anti obreros durante sus gobiernos. Es necesario reivindicar y explicar la táctica de huelga como método de la clase trabajadora por la conquista de nuestros derechos laborales.
Históricamente, las huelgas han sido una de las mejores armas para la clase trabajadora. La huelga del movimiento 20/32 en Matamoros, Tamaulipas y las diversas huelgas automotrices en el centro y norte del país, son claros ejemplos, en las que se conquistó el aumento salarial, mejores condiciones laborales y nuevos sindicatos. Queda de manifiesto que las reformas sólo pasarán de letra muerta a la realidad hasta que los trabajadores tomen acción para obtener sus derechos. Sin embargo, es indispensable reconquistar La Huelga como un mecanismo de presión desde un programa de las y los trabajadores, con independencia política y perspectiva de clase. La huelga, más que un derecho es un arma económica y política para transformar el régimen de opresión capitalista.

El sindicato y el contrato colectivo son figuras representativas de los derechos laborales básicos. El Artículo 123 Constitucional nos dice que: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley”. Sin embargo, únicamente el 12% de la clase trabajadora en México están sindicalizados. La gran mayoría de estos sindicatos pertenecen al charrismo sindical, donde los dirigentes negocian en favor del capital, subordinandose a los intereses de las patronales y de las burocracias estatales. Esto evita que millones de trabajadores y trabajadoras gocen de derechos laborales incluyendo el de la sindicalización. Es por esto que desde el GAR luchamos por la sindicalización de toda la clase trabajadora en su conjunto.
Por otro lado, miles de trabajadores del Estado no tienen contrato colectivo. Aunque estos trabajadores también están regulados por el apartado B del artículo 123 constitucional, aquellos de las capas bajas, es decir, sobre quienes recae la explotación, no gozan de los privilegios de las burocracias estatales. Es por eso que deben ser ellos con quienes luchemos contra el arbitraje estatal y por la desaparición de los apartados del 123 que les impide a las capas bajas del Estado acceder a un contrato colectivo de trabajo, organizarse y sindicalizarse.

Existen miles de trabajadores agrupados en el sindicalismo universitario a los que se les impuso una reglamentación especial que les impide organizarse en un sólo sindicato nacional. Esto limita su posibilidad de agruparse y defender sus derechos laborales de manera amplia, afectando principalmente a trabajadores académicos y de asignatura, que se encuentran sumamente precarizados y sin posibilidad de objetar por un trabajo de tiempo completo.

El GAR reivindica la formación de un sindicato nacional único de trabajadoras y trabajadores universitarios y su derecho a luchar contra toda legislación restrictiva que limite su organización.

La llegada de la Regeneración Nacional en 2018, ratificada en 2024; trajo consigo la aplicación de reformas de mejora salarial, de apertura sindical y prestaciones para los trabajadores. Estas reformas, junto a la del 2019, que llama a la “democratización de los sindicatos”, se encuentran en el marco de los tratados de libre comercio con el imperialismo, lo que implica una homologación de condiciones laborales a beneficio de la burguesía de ciertas ramas industriales y comerciales.
Desde el GAR, luchamos por la independencia política de la clase trabajadora, y hacer los sindicatos verdaderas armas para generar una conciencia de clase, y contra la patronal, por ello, es fundamental luchar por la democracia sindical y eliminar las burocracias que ponen trabas a la organización de las y los trabajadores. Al igual se debe luchar contra el corporativismo de Estado como una de las condiciones necesarias para conquistar sus derechos laborales, rompiendo con la división gremialista que el corporativismo impone y articulando la unidad de las y los trabajadores por la lucha de sus intereses.

Los ajustes estructurales contraídos por las reformas neoliberales y del gran capital han implicado el crecimiento del desempleo y la desocupación laboral generando un gran ejército industrial de reserva a merced de los capitalistas debido a las precarias condiciones de trabajo y los bajos salarios.
El desempleo y la desocupación son producto de una división internacional del trabajo capitalista que requiere de una gran masa de mano de obra barata libre a ser explotada y avalada por los gobiernos burgueses. Mientras crece el costo de la vida, las condiciones laborales empeoran y se exacerban a beneficio del capital.
Frente a lo anterior, es indispensable luchar por una escala móvil de salarios que permita que a cada aumento en los precios y la inflación, haya aumento salarial mensual y anualmente, bajo control de una comisión de trabajadores por rama e industria. Es indispensable que estas cláusulas se encuentren en los contratos colectivos de trabajo y garantizados en todos los centros de trabajo de cualquier rama productiva.
También, luchamos por la escala móvil de horas de trabajo. Para combatir el desempleo y la desocupación, sin reducción salarial y con garantía del derecho a la contratación colectiva. Esto a partir de una repartición igualitaria de las horas de trabajo; que permita la reducción de la jornada y la carga laboral, y que millones de desocupados y trabajadoras pauperizadas tengan el derecho al trabajo bajo condiciones dignas. La escala móvil de salarios y de horas de trabajo, necesariamente van imbricadas con la reducción de la explotación capitalista y el control de las y los trabajadores de la producción social necesaria.

El patrón de acumulación neoliberal capitalista, impulsado por el imperialismo, implicó la transformación de las relaciones sociales productivas capital-trabajo en todo el mundo. El incremento de la producción social mundial para la extracción y transferencia de plusvalía a los centros capitalistas fue acompañada de mecanismos de explotación profundizados hacia la clase trabajadora en todos los países dependientes al imperialismo, principalmente el estadounidense.

Estas políticas de ajuste antiobreras fueron acompañadas de outsourcing: la tercerización de las responsabilidades patronales y omisión de derechos laborales a las y los trabajadores, el cual fue legitimado por los partidos burgueses en el Estado y avalado por el sindicalismo charro. Esto ha dejado a millones de trabajadoras y jóvenes en la incertidumbre laboral, viéndose en la necesidad de arrojarse al empleo precarizado y bajo condiciones de subcontratación en las grandes cadenas industriales, comerciales y de servicios sin garantía alguna de poder defender sus derechos. Cabe decir que la reforma de pensiones que implementó Morena recientemente no revirtió la reforma de 1997 y por ende las pensiones siguen en manos de los bancos y en vías de especulación.
El GAR lucha por la eliminación de todos los mecanismos de explotación laboral que implican flexibilización de condiciones de trabajo, omisión de derechos y tercerización de responsabilidades patronales como el outsourcing.
A pesar de que el Estado y los gobiernos burgueses plantean la regulación de la explotación, las y los socialistas planteamos su extinción mediante la unidad de clase y la lucha por un gobierno de las y los trabajadores.

En 1997, fue aprobada la Reforma a la Ley del Seguro Social, lo que dió inició al proceso de privatización de la seguridad social y llevó a que el sistema de pensiones, que hasta ese momento era responsabilidad del Estado a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fuese absorbido por las famosas AFORES. Así, se entregaron las pensiones a la libre especulación en beneficio del capital financiero, dejando a millones de trabajadoras y trabajadores en condiciones de retiro pauperizadas.
Los bancos privados pasaron a administrar los recursos para el retiro, cobrando tasas de hasta un 30% del monto anual ahorrado por las y los trabajadores. Esto no solo benefició a los bancos, sino también al capital transnacional y nacional, ya que para acceder a una pensión de vejez, se realizaron aumentos en las jornadas laborales, logrando así extraerse más plusvalor a la clase trabajadora.
Aunado a esto, se aumentó la edad para acceder a una jubilación. Anteriormente los hombres se jubilaban al cumplir 30 años de servicio y las mujeres 28, y tener 60 años de edad. Con la actual reforma, se deben cumplir 65 años de edad para poder llegar a una jubilación. Además, millones de trabajadoras y trabajadores del sector informal, subcontratados, bajo condiciones laborales flexibilizadas y todos aquellos que no cuentan con el derecho al trabajo bajo condiciones de contratación, quedan fuera de este derecho.
El GAR plantea la lucha por la estatización de las pensiones y la recuperación del derecho a la jubilación a los 28 años de servicio, cláusulas que deberán estar en todos los contratos colectivos de trabajo. La lucha por una jubilación digna implica arrebatarle al capital financiero la plusvalía expropiada a los trabajadores, esta lucha requiere de la unidad y total independencia de la clase trabajadora frente a la patronal y al gobierno.

La política del capital transnacional aplicada en México, privatizó los ferrocarriles, las carreteras, los puertos, la petroquímica secundaria, la electricidad y el petróleo. La industria nacional fue casi desmantelada, en particular PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad, cediendo la producción, generación de energía y productos a manos de los privados.
La industria energética y productiva nacional es indispensable frente a la dependencia que se tiene ante el imperialismo, articulada a los tratados comerciales que azotan a la clase trabajadora, al territorio y a los ecosistemas. Por ello, luchamos por una política de renacionalización total sin indemnización de la industria energética, para el rescate de nuestra independencia económica y política. La lucha por la renacionalización debe ir además bajo control obrero, pues hasta que el Estado no pase a manos de la clase trabajadora, ningún gobierno burgués será garantía para su defensa.
Planteamos la unidad de las y los trabajadores para la expropiación energética y productiva, mediante un movimiento obrero con independencia política de clase y frente al gobierno, que luche por la recuperación de todos los sectores energéticos estratégicos, en favor al rescate de la industria nacional y de una producción dirigida a satisfacer los intereses de la clase trabajadora.

El capitalismo ha producido millones de desocupados, arrojando a la clase trabajadora a migrar para formar parte de la cadena productiva industrial, del campo y de servicios a beneficio del capital trasnacional.
Actualmente, el campesinado empobrecido, principalmente los jornaleros, sufren condiciones de explotación extrema. Ellos son la principal fuerza de trabajo en la que se expresan la marginación y la miseria, junto a una serie de discriminaciones y segregaciones sociales. Además, como ejército industrial de reserva en incremento, el campesinado es utilizado para realizar las tareas más duras y menos remuneradas.
Desde el GAR luchamos contra toda política de discrminación y xenofobia que implique la opresión y segregación social de las y los migrantes. Luchamos contra los tratados comerciales que atentan contra los derechos del campesinado y planteamos el necesario rescate del campo a partir de una industria agraria y alimentaria nacional, bajo control obrero y campesino.

El GAR plantea que la alianza entre la clase obrera y la campesina empobrecida es indispensable para el combate al imperialismo y para el derrocamiento del capitalismo. Las políticas de fortalecimiento de la propiedad privada de la tierra y de la producción social a beneficio del capital trasnacional, ha contraído el arrojo del campesinado a su empobrecimiento y migración masiva para servir como fuerza de trabajo libre a la explotación de capital agrario nacional y extranjero. Por otro lado, la clase trabajadora ha pérdido derechos laborales a partir de la profundización de las políticas antiobreras neoliberales que generan desocupación y precarización generalizada.
El control de la tierra y su redistribución, así como el control de la producción social requieren de la solidaridad y unidad entre la clase obrera y campesina empobrecida para luchar por un Estado Obrero y un gobierno bajo su control. Dicho gobierno debe estar basado en la autoorganización e independencia política de la vanguardia obrera y campesina, quienes tendrán en sus manos las decisiones fundamentales de la producción social y de la tierra para hilar el camino al socialismo.
Esta lucha no omite la participación de las comunidades indígenas, que en México tienen un papel fundamental en la reproducción social. Por ende, la alianza entre obreros y campesinos empobrecidos integra la cuestión indígena por el derecho a la tierra y a la producción en beneficio de las necesidades del conjunto de los y las explotadas y oprimidas en su lucha contra el capital.

Los centros de trabajo en los que laboran las y los trabajadores hoy en día son parte de una cadena mundial productiva, y por lo tanto, la lucha por mejores condiciones en una región está totalmente conectada con la y los trabajadores en otros países. Promover los vínculos internacionales entre la clase trabajadora es necesario no solo para ganar huelgas en empresas trasnacionales, sino para luchar contra el imperialismo a través de los Estados nacionales como los que aplican las políticas antiobreras. La unidad y solidaridad de la clase trabajadora internacional es imprescindible para derrocar al capitalismo y transitar al socialismo. ¡Luchemos por la unidad internacionalista de la clase trabajadora para hacerle frente al imperialismo y al capital al cual sostiene!

La opresión de las mujeres es una condición general de todas las clases sociales, sin embargo, las mujeres de la clase trabajadora somos quienes sufrimos la explotación capitalista. La garantía de nuestros derechos humanos, contra las violencias de cualquier tipo, contra la explotación sexual y reproductiva, por derechos laborales, la conquista de espacios político-sociales, por la socialización del trabajo domestico, por la despenalización y legalización del aborto, como parte de un proceso de emancipación de las mujeres de nuestra clase en alianza con las campesinas. Luchamos por la toma del poder, la instauración de la dictadura proletaria, la abolición de todas formas de opresión, destruir la explotación capitalista y el sistema patriarcal: hacia la transición socialista con las mujeres trabajadoras.
El capitalismo perpetúa y se sostiene del trabajo del conjunto de la clase trabajadora y específicamente de las mujeres apoyándose del trabajo remunerado, no remunerado, el de cuidados y doméstico, en síntesis, la reproducción de la fuerza de trabajo.
Como socialistas feministas, tenemos claro que para lograr la emancipación de las mujeres y del proletariado, debemos organizarnos y movilizarnos desde las diferentes esferas sociales y políticas en donde se desenvuelve la clase trabajadora, para acabar con el sistema patriarcal- capitalista. No basta luchar únicamente contra el patriarcado de manera aislada, ni contra el capitalismo de forma separada, sino contra ambos (que se apoyan de estructuras socio políticas para perpetuarse) mediante la lucha de clases.
Nuestro programa, por lo tanto, va más allá de las conquistas legislativas- parlamentarias para que ciertos derechos se reconozcan, y no únicamente de la ocupación de puestos de representación popular. Apuesta por la organización y movilización social y política, para conseguir un cambio radical desde las mujeres trabajadoras, para derrotar a la ideología dominante de carácter reaccionario, patriarcal y sexista que penetra en las filas tanto del movimiento popular, de oposición política al sistema, incluso dentro de las fuerzas revolucionarias, así como de la burguesía. En esta perspectiva, este programa incluye las demandas siguientes.

Actualmente no existen plenos derechos políticos para las mujeres trabajadoras; la igualdad formal ante la ley burguesa no corresponde a la realidad material de las mujeres trabajadoras. El derecho a elegir no se completa con el derecho real a ser elegida. Actualmente la ley burguesa otorgó . representación política de mujeres de manera obligatoria y, que los partidos y que las listas de candidaturas de los partidos políticos tengan paridad de género. Este avance progresivo en los marcos de la democracia capitalista aún margina a las mujeres trabajadoras por su condición de clase. Las mujeres que acceden a los puestos de representación provienen de la burguesía, la pequeña burguesía, la burocracia obrera o partidista: ¡estás mujeres no nos representan! La única forma de garantizar el derecho de la mujer trabajadora a ser representante política es construyendo una alternativa socialista que conquiste todas las demandas históricas de nuestra clase.

La asociación de las mujeres a lo denominado femenino produce roles sexuales y de género. Se nos impone las tareas del hogar, el trabajo doméstico y las labores de cuidado nos corresponden por obligación. Se suma a esta concepción el hecho de que las labores diarias del hogar, domésticas y de cuidados, se realizan sin retribución económica alguna, cuando debe ser éste un trabajo retribuido, reconocido y socializado como cualquier otro, pues implica tiempo e inversión de fuerza de trabajo. Son las tareas de cuidado las que permiten las condiciones para seguir reproduciendo la fuerza de trabajo, sin las cuales no podría venderse el trabajo asalariado al capital.

Un aspecto relevante cuando se trata del trabajo doméstico no remunerado, es que las mujeres que lo realizan ven aún más reducido su derecho al tiempo de dispersión y recreación que el de un trabajador con una jornada laboral delimitada. Con la socialización de estas labores, las dobles y hasta triples jornadas de trabajo de las mujeres se verían reducidas, apostando por su desarrollo personal, adquisición de otras habilidades y conocimientos, fortalecimientos de redes de apoyo, formación educativa y conocimiento de sus derechos. El trabajo doméstico no remunerado sostiene al mundo, así como a las infancias que lo habitarán después. La socialización de la crianza es también necesaria para mejorar las relaciones familiares y reducir (y hasta llegar) a eliminar la violencia familiar.

Luchamos por la socialización del trabajo doméstico a cargo del estado e instituciones públicas- gratuitas con lavanderías, guarderías, centros educativos para nuestras/os hijas/os, centros de recreación y desarrollo para las mujeres, con protocolos desde la perspectiva feministas y/o de género, acceso a la justicia, atención a la salud integral y apoyo en derechos humanos de las mujeres.

Plenos derechos laborales para las mujeres trabajadoras domésticas remuneradas y no remuneradas, jornadas laborales remuneradas acordes a la escala móvil de horarios, flexibilidad por maternidad sin criminalización o sanciones, apoyos justos para centros de salud, seguridad social pública y gratuita.

En la actualidad el movimiento de mujeres ha puesto al aborto como una demanda principal y deuda historica en la lucha de las mujeres. El aborto continua siendo un problema penal para las mujeres y personas con capacidad de gestar, ya que esta se agraba en el caso de las niñas menores de edad y personas con discapacidad en la cual la decision es tomada por otra persona.

El aborto no debe ser analizado desde el ámbito penal, sino como un problema de salud pública y de justicia social. Se trata de la necesidad de darle un enfoque democrático donde las decisiones sobre el cuerpo de las mujeres y sobre sus derechos reproductivos, son tomadas por ellas mismas de manera libre.

En México se calcula que ocurren dos millones de abortos al año, el problema es que al ser ilegales frecuentemente se tienen que hacer en condiciones de grandes riesgos o de insalubridad. Solamente las mujeres que tienen los recursos económicos necesarios pueden someterse a abortos en condiciones adecuadas, por eso es frecuente también la muerte de mujeres por abortos clandestinos mal practicados.
Desde el feminismo socialista luchamos por despenalizar y legalizar el aborto, para enfrentar este tema como un problema de salud pública para las mujeres y obtener justicia social, haciendo efectivo este derecho.
En materia legislativa, el movimiento de mujeres ha conquistado la despenalización del aborto en veintiun estados de la república y en algunos otros es permitido bajo algunas causales: cuando la mujer embarazada corre peligro de muerte o de grave daño a la salud o por razones eugenésicas cuando el producto padece alteraciones genéticas o congénitas que den por resultado el nacimiento de un ser con deficiencias físicas o mentales graves. Estas son reformas legales imprescindibles que deberían conseguirse en todas partes, pero que no quitan la necesidad general de legalizar y despenalizar el aborto a nivel nacional, estableciéndolo en el Código Penal Federal y unificando a su vez los códigos estatales y locales con éste.
Desde el GAR luchamos por la separación efectiva de la iglesia y del Estado, ya que la iglesia históricamente ha bloqueado los derechos de las mujeres en el ámbito social y de la salud. Es por ello la importancia de una educación sexual integral laica y científica, en todos los niveles educativos. Así como la formación de personal médico, enfermeras y docentes en materia de educación sexual científica y laica.

El Código Civil Federal recoge muchas de las concepciones reaccionarias que a nivel social se imponen sobre el papel subordinado y discriminado de las mujeres (heterosexualidad obligatoria, padres proveedores, monogamia). Por eso, como parte de la lucha ideológica y social que hay que dar contra esa discriminación, resulta útil traducirlo en las correspondientes reformas al Código Civil.
Estas reformas deberían incluir de manera necesaria el reconocimiento de la diversidad de familias pues, más allá del tipo de familia establecida en la ley, existen otras, como las madres autónomas, homoparentales, entre otras o incluso de padres que asumen la responsabilidad de sus hijas/os/es. Reconociendo los mismos derechos tanto para matrimonios como para uniones, sin el carácter peyorativo y de derechos disminuidos del concepto actual de concubinato. Esta reforma debe incluir el reconocimiento de todo tipo de familia donde cada integrante de la misma o la pareja tengan iguales derechos, aunque su contribución al desarrollo de la familia sea distinta, donde exista la socialización del trabajo doméstico y de cuidados, y que este sea retribuido. Lo anterior sigue siendo muy necesario mientras no se avance más en socializar el trabajo doméstico y en modificar la concepción de que las mujeres tienen derechos desiguales por la idea de que deben depender absolutamente del hombre y por lo tanto asumir que las labores de cuidado son responsabilidad exclusiva de ellas.
Como parte de ese proceso de socialización del trabajo doméstico, que incluye la alimentación, el cuidado de los hijos, el lavado de la ropa y limpieza de las casas hasta la manufactura de los vestidos, sigue siendo imperiosa la necesidad de guarderías y recursos suficientes al nivel de políticas públicas para los programas que benefician a las mujeres. La presión social y económica para incorporar a la mujer a la producción solamente trae más injusticias y una doble o triple opresión; por ser mujeres, indígenas y /o trabajadoras. Indudablemente, la liberación de las mujeres no se debe dar sólo en el ámbito político público, sino que incluye el ámbito familiar y privado. Por todo lo anterior, luchamos para garantizar la construcción de espacios con lavanderías, centros de educación para las/los hijas/os de las trabajadoras, espacios de desarrollo para las mujeres, acceso a la justicia y atención psicológica, así como seguridad social para ellas y su hijas/os o personas a su cuidado.

En las condiciones actuales, la incorporación de las mujeres a la producción y en general al trabajo fuera de las casas implica una doble opresión como mujer y como trabajadora, al no reconocerse el carácter socialmente necesario del trabajo doméstico no remunerado. Además, como trabajadoras, las mujeres sufrimos discriminación y estamos sometidas a una desigualdad que se manifiesta desde el hecho de considerar que hay labores propiamente femeninas y otras que no podemos desempeñar. Aún en aquellas que se admite el trabajo femenino, se nos hace a un lado cuando este implica asumir cargos de responsabilidad mayor, de liderazgo, cargos de representación y /o jefaturas, o peor aún, es frecuente que al ocupar el mismo cargo que hombres recibamos un trato desigual o se nos pague menos que a los hombres. Por eso, una demanda mínima, es que, a igual trabajo, igual pago.
Otra forma de discriminación a la que nos oponemos es nuevamente a la pretensión de controlar el cuerpo y la sexualidad de las mujeres trabajadoras. Eso es lo que significa exigir una prueba de embarazo para el ingreso al trabajo aún cuando la Ley Federal del Trabajo lo prohíbe, el despido por estar embarazada, el cálculo de los recursos que implica conocer el estado civil, dias de descanso si son o no madres, entre otros, el que las promociones para las mujeres jóvenes ,sean trabajadoras o estudiantes, son menores porque se considera que su paso por el trabajo es únicamente transitorio mientras se casan y se dedican al hogar, como si este fuera uno de los principales objetivos de las mujeres.
El otro aspecto contra el que hay que luchar, aunque parcialmente es reconocido como delito, es el hostigamiento y acoso sexual y laboral para adquirir empleo, mantenerlo o conseguir promociones. También, el abuso de poder de jefes y compañeros de trabajo. Esto debe ser denunciado y sancionado en todos los sindicatos y centros de trabajo. No basta que todo lo anterior mencionado esté prohibido por la ley si socialmente no hay conciencia y acción al respecto.

Se debe respetar el derecho a la sindicalización de las trabajadoras frente a la situación de indefensión que ocurre frecuentemente en trabajos con presencia mayormente femenina o aquellos trabajos feminizados como son las maquiladoras, el trabajo doméstico y de cuidados. También se requiere legislar para reconocer derechos laborales para las trabajadoras del hogar y cuidadoras no remuneradas, por derecho al contrato laboral, salarios dignos, jornadas laborales establecidas, seguridad social y derecho al descanso con pago. Impulsamos la necesidad de un sistema nacional de cuidados para las mujeres trabajadoras. Bajo el sistema capitalista hemos sido lanzadas las mujeres al trabajo remunerado frente a la precarización y explotación de nuestros compañeros de clase, pasando de ser oprimidas por el marido para serlo del patrón, sin quitarnos de las tareas impuestas del cuidado de la familia o comunidad, por lo que este sistema debe garantizar la necesidad de construir espacios con lavanderías, centros de educación para las infancias de las trabajadoras, espacios de desarrollo para las mujeres, acceso a la justicia y atención psicológica, así como seguridad social para ellas y su hijas/os/es o personas a su cuidado.

La situación de las mujeres indígenas en el campo e incluso en las ciudades está más precarizada por sufrir una triple opresión: por el hecho de ser mujeres, pobres e indígenas. Todos los derechos que exigimos en general para las mujeres deben complementarse en particular con la situación de las mujeres indígenas y racializadas.
Entre estos derechos destaca el relativo al derecho a la propiedad en el campo y a la herencia de éste. Este derecho debe ser igual al de los hombres y no debe excluirse del mismo a las mujeres. En general en la representación política igualmente debe reconocerse el derecho a la paridad entre hombres y mujeres, más aún en la perspectiva de lucha por la autonomía indígena. Donde las mujeres indígenas y racializadas puedan tener acceso a los espacios políticos de representación y de toma de decisiones, tanto en sus comunidades como externamente.

Como parte de la actual lucha de los pueblos indígenas se reclama el respeto a usos y costumbres siempre y cuando estos respeten los derechos de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia. Esto es correcto como parte de la resistencia de los pueblos exigiendo el respeto a su cultura, su lengua, tradiciones, saberes, derechos comunitarios, de justicia, organización y de movilización e incluso a la autonomía de gobierno, por medio de sus asambleas y mecanismos de organización y seguridad.
Pero el respeto y justicia para las mujeres indígenas y racializadas debe convertirse en otro uso y costumbre indígena y de derechos humanos de las mujeres. Esto implica que no deben ser excluidas de la toma de decisiones en los espacios públicos; que no deben ser expuestas ni vulneradas a situaciones de cualquier tipo de violencia; que no se les debe imponer parejas o el matrimonio a menores de edad; que no se venda a las mujeres; que no se les restrinja el derecho a la herencia, a la propiedad y a la tierra, a decidir el número de hijos e hijas, así como a conocer sus derechos sexuales y de goce.
Aunque el artículo cuarto constitucional reconoce la igualdad entre hombres y mujeres esto no ocurre en la realidad, ya que la discriminación, la violencia y opresiones que viven las mujeres racializadas por el hecho de ser mujeres e indigenas y campesinas emprobrecidas no se pueden resolver dentro del capitalismo, sin una lucha de clase, feminista anticapitalista y antipatriarcal.

La lucha de las mujeres ha avanzado en términos legislativos, gracias a la organización y presión que hemos levantado desde las calles, el campo, las escuelas y el trabajo. Hoy día existen diversas leyes, normas, declaraciones universales y otros instrumentos legales que nombran, tipifican y condenan los diferentes tipos y modalidades de violencia de los que somos víctimas, y es debido a nuestra lucha constante que se han implementado a nivel nacional programas institucionales, escolares y laborales que las reconoce. Sin embargo, esto se queda en letra muerta cuando de denunciar se trata y en las fiscalías las familias de víctimas, mujeres y niñas son re victimizadas y violentadas por denunciar la violencia vivida, ya sea feminicida, de intento de feminicidio o cualquier tipo de violencia. Se protege a los agresores y feminicidas, mientras que los procesos penales son inaccesibles, lentos y cansados para las víctimas y sus familias.

La situación de opresión y subordinación contra las mujeres, se reproduce en todas las esferas de la organización social incluyendo las propias familias, en las cuales muchas veces se transmite a las hijas este modelo patriarcal como si determinara un valor. Por eso, la violencia contra las mujeres no se limita al ámbito público, sino también y de manera muy grave en el ámbito privado, es decir, en la violencias familiar. Por eso, desde el GAR luchamos por garantizar el derecho de las mujeres a acceder a la justicia y a garantizar su seguridad en toda la sociedad y en sus propias familias, incluyendo si los agresores son sus esposos o parejas, así como frente a su padre e hijos. Luchamos por la democratización del sistema de justicia con perspectiva feminista y antipatriarcal para garantizar la justicia a las millones de mujeres que sufren violencia y en particular las mujeres de la clase trabajadora sobre las que recae además de la violencia del capital, la patriarcal.

Las mujeres no son mercancías. La esclavitud sexual tiene un ascenso durante la etapa neoliberal. Con el auge del internet creció la mercantilización de los cuerpos de las mujeres y la expansión de la industria pornográfica, concluyendo en el aumento de la esclavitud sexual. El Grupo de Acción Revolucionaria levanta una posición abolicionista y socialista, combatimos al lobby proxeneta de la burguesía que intenta legalizar el mercado, con la esclavitud sexual y redes de pederastia. La trata de personas con fines de esclavitud sexual está totalmente relacionada con la industria sexual, desarrollada en el marco de la economía ilícita y en las nuevas formas de capitalización del cuerpo, aun cuando algunas estan legalizadas. Combatimos la perpetuación de cualquier tipo de violencia ejercida hacia las mujeres de la clase trabajadora, nuestros cuerpos no son mercancías, no seguiremos reproduciendo ideas y comportamientos patriarcales que sostienen al capital y al patriarcado, perpetuando los roles de poder, en donde la mujer pobre es utilizada para beneficio individual e intereses de quienes tienen los medios.
¡Abolición de la explotación sexual y reproductiva de mujeres, niñas y disidencias!

Ante la crisis capitalista las mujeres y sectores más empobrecidos de la clase trabajadora se les impone ingresar en las filas de la explotación sexual. Estos circuitos de la economía capitalista se desarrollan en la ilegalidad del Estado burgués, los cuales agudizan condiciones de violencia contra las mujeres. El Estado burgués criminaliza a las mujeres que subsisten en estas condiciones, contrario a los proxenetas que se les otorga impunidad.

Es fundamental garantizar plenos derechos laborales y acceso a trabajos dignos para que las mujeres y disidencias, particularmente en los sectores más empobrecidos para que no tengan la necesidad de recurrir a la explotación sexual por falta de recursos económicos o como único medio. No toleramos que la burguesía entregue migajas con empleos precarizados, con bajos salarios y sin prestaciones.

Desde el Grupo de Acción Revolucionaria nos oponemos a la desocupación que obliga a millones de mujeres a recurrir a la explotación sexual como forma de remuneración para salir de la crisis y luchamos por el derecho al trabajo digno para el conjunto de mujeres de la clase trabajadora, bajo contratación colectiva, derecho a la sindicalización y espacios de trabajo libres de violencia patriarcal.

El GAR combate la criminalización y opresión bajo la que viven las mujeres en situación de explotación sexual y convocamos a crear redes de la clase trabajadora para solidarizarse con las mujeres en condiciones de explotación sexual y ofrecer una alternativa a esta condición y poder superarla. Así mismo, luchamos por atención psicológica y emocional, así como vinculación a otros espacios de apoyo y justicia para las mujeres y niñas víctimas de trata, esclavitud sexual o violencia digital.

La continuidad de las políticas neoliberales del actual régimen ha implicado un proceso de privatización y desregulación en ámbitos económicos, sociales, ambientales, psicosociales, sanitarios y humanitarios dentro y fuera del país.
La educación en México, plasmada por la constitución de 1917, la declaró laica, pública y gratuita como fruto de las conquistas sociales y la lucha del magisterio a lo largo de la historia. Estos principios educativos son atentados por las políticas burguesas basadas en el individualismo, la elitización, la competitividad y la mercantilización, con un objetivo específico: asegurar beneficios a favor del mercado laboral, la burguesía nacional y el capital trasnacional. Frente a esta privatización de la educación y para la defensa de su carácter público. Hacemos un llamado a la juventud por la defensa de la educación, levantemos un movimiento estudiantil bajo el programa de la Juventud Revolucionaria para conquistar nuestras demandas:
La tasa de desocupación y el ejército industrial de reserva mantiene a millones de jóvenes de la clase trabajadora en una situación de crisis económica. Antes de la pandemia era un sector bajo pésimas condiciones y con pocas oportunidades de desenvolverse; con la crisis nos vemos obligadas a lidiar con situaciones paupérrimas, nula estabilidad y situaciones de pobreza, hay aumento del rezago educativo, de desocupación y un aumento en la precariedad laboral. Las condiciones desfavorables se reflejaron en los distintos centros educativos donde el número de estudiantes que realizan actividades económicas autogestivas en las instituciones incrementó en un intento para frenar la adversidad de la actual situación económica del país y enfrentándose a la criminalización y represión de la burocracia de estos centros educativos. Convocamos a organizarnos en nuestros centros de estudio y trabajo para combatir la precariedad económica que padecemos.
El panorama con el que nos encontramos es desalentador y funesto, además de que el futuro no muestra indicio de algún cambio lo suficientemente profundo y beneficioso para la clase trabajadora. Sin embargo, existe un camino para que la juventud trabajadora pueda conquistar esos derechos que se les ha negado: acceder irrestrictamente a la educación pública y el derecho a un empleo digno y sin explotación. Este camino implica necesariamente la organización, sublevación y la lucha con independencia de clase en contra de los mecanismos que se utilizan para reprimir y sojuzgar a la clase trabajadora y al estudiantado.
La crisis internacional del sistema capitalista solo asegura a la juventud de la clase trabajadora un futuro de miseria. Existe un camino para que la juventud trabajadora pueda conquistar los derechos que se les han negado: acceder irrestrictamente a la educación pública y el derecho a un empleo digno y sin explotación. Este camino implica necesariamente la organización, sublevación y la lucha con independencia de clase en contra de los mecanismos que se utilizan para reprimir y sojuzgar a la clase trabajadora y al estudiantado.

El Grupo Acción Revolucionario (GAR) lucha para que jóvenes y personas de cualquier edad accedan y tengan los recursos dignos para acceder a la educación pública superior, que ésta deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho irrestricto. Entendemos que la educación pública superior es un pilar fundamental para la transformación de las sociedades y el mundo hacia un camino más justo, por lo tanto, proponemos el siguiente programa para la juventud.

Las condiciones de explotación, desigualdad, marginación y exclusión de la juventud de la clase trabajadora, campesina empobrecida e indígena se agudizan por la falta de acceso a la educación. La defensa de la educación no puede limitarse a la lucha parlamentaria, actualmente no tenemos un partido de la clase trabajadora con una política independiente frente a la burguesía. En el momento actual debemos basar nuestra fuerza en la movilización y organización con las comunidades universitarias y educativas (estudiantes, profesores y de la clase trabajadora), que permita impulsar un movimiento para la defensa y transformación de la educación pública a nivel nacional: ¡Construir un movimiento estudiantil a nivel nacional!

El GAR llama a luchar en contra de la política eficientista en la educación. Está política burguesa plantea la idea de la excelencia académica, provocando la exclusión de ciertos sectores de la juventud de la educación. Promueve la aplicación de mecanismos de desmantelamiento y privatización educativa, reproduciendo condiciones de explotación y precarización de docentes, trabajadoras y trabajadores de la educación.
No nos oponemos a la utilización de tecnologías como herramientas para la educación, mientras incentiven la participación y desarrollo del estudiante, docente y trabajador, para que vaya encaminado al mejoramiento educativo. Nos oponemos a la privatización de la educación como argumento modernizador educativo, que implica la flexibilización laboral y la reducción de la planta docente, o la liquidación de trabajadoras y trabajadores administrativos. Nos oponemos a la tecnificación del estudiantado para la mano de obra útil al capital. Nos oponemos, también, a su selectividad, exclusividad y estandarización que, con el pretexto de elevar el nivel académico, busca limitar el carácter masivo, científico y crítico de la educación

El GAR plantea la necesidad de transformar la estructura antidemocrática y burocrática de las universidades y los centros educativos de todo el país. La comunidad estudiantil, de docentes y trabajadoras/es debemos conquistar el derecho de apropiarnos y dirigir los programas educativos, el presupuesto, la infraestructura, los servicios y su orientación a dar respuesta a los intereses más profundos de la clase trabajadora. Esto priorizando que la producción de conocimiento y tecnología nacional coadyuve a la transformación de la sociedad, con el fin de conquistar una educación popular, científica y de calidad. Luchamos por una estructura tripartita (docentes, estudiantes y trabajadoras/es) que dirija la universidad como bien público al servicio del pueblo e identificando a las/es/os estudiantes como agentes de transformación social.

Desde el GAR planteamos la lucha por el aumento presupuestal para la educación pública ya que actualmente el presupuesto destinado es insuficiente. Resaltamos que la lucha por el aumento presupuestal debe vincularse a la lucha contra las burocracias educativas, así como combatir el sostenimiento de los privilegios y de la desigualdad dentro de los centros educativos. Planteamos la necesidad de un aumento presupuestal en la educación de un 8%, acorde al PIB que recomienda la UNESCO, con un aumento gradual acorde a las necesidades inflacionarias del país, que implique su redistribución y control entre estudiantes, docentes y trabajadoras y trabajadores evitando recaiga en las burocracias alineadas al capital. Para lograr conquistar un aumento presupuestal tenemos que lograr el cobro de impuestos a los grandes capitalistas, y al no pago de la deuda externa que ha implicado la intervención de los organismos como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional en las políticas de privatización educativa con el fin de que esos fondos sean redirigidos al desarrollo de una educación pública, científica, gratuita y popular.

A partir de las políticas de desregulación provenientes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y organismos internacionales como la OCDE, el gobierno y la iniciativa privada pretenden utilizar su inversión en educación para generar conocimiento y mano de obra calificada útil al capital. En gran medida, se han implementado diferentes medidas que conducen hacia la mercantilización de la educación, por ejemplo: el cobro de cuotas y servicios; la implementación de becas-crédito; la implementación de programas de innovación tecnológica para el sector privado así como la rentabilización del conocimiento generado en las universidades públicas que transfiere masivamente el conocimiento a los intereses del capital, la mayoría financiada con el erario público.
Los exámenes de admisión, la reducción de las matrículas, la devaluación de las licenciaturas y la dificultad del ingreso a los posgrados son otros ejemplos de los mecanismo que permiten la intromisión del capital en la educación pública, pues sólo pueden acceder a ellos las/es/os escogidos por medio de una filtración discriminatoria.
Aún cuando en los últimos años las reformas y propuestas sociales apuntaron al desarrollo de la educación y sobre todo de las universidades, los criterios selectivos se agudizan cada vez más en lugar de desaparecer, impidiendo que cualquier persona tenga la oportunidad de acceder a una educación digna.
El GAR se opone a la mercantilización y privatización de la educación. Lucha porque la educación coadyuve a los intereses y necesidades más profundos de la clase trabajadora, que apunten a la innovación y mejoramiento de la sociedad.

Luchamos por mejoras laborales en la educación, nos oponemos a los salarios de miseria que tienen la planta docente. Luchamos por la definitividad en el empleo, por la contratación suficiente de docentes para evitar grupos sobresaturados y por la contratación colectiva del personal académico. El profesorado y académicos tienen derecho a organizarse y conquistar derechos docentes dignos, proponemos la organización de sindicatos de docentes en todos los niveles escolares del país. Por una escala móvil de horas de trabajo, que va de la mano con la apertura de plazas docentes y la reducción de matrícula por grupo.
Luchamos por un programa educativo obligatorio con perspectiva de clase que permita a los estudiantes elevar el nivel de consciencia y ser sensibles a los problemas sociales. Que permita el desarrollo de investigaciones para la solución de los mismos. Por el respeto a la libertad en la técnica didáctica e investigación, la profesionalización de la enseñanza y el derecho a la sindicalización del personal académico.

A las universidades públicas asiste una gran parte de jóvenes de todo el país que no tiene las condiciones para su desarrollo profesional, por eso exigimos que el Estado provea de todas las condiciones necesarias para que el estudiantado, la planta docente y trabajadora pueda desarrollarse escolar y profesionalmente en las condiciones necesarias.
Miles de jóvenes y trabajadores han migrado de forma masiva a los centros metropolitanos para acceder a su derecho a la educación o al trabajo. Esto representa el desplazamiento de masas quienes tienen que dejar sus lugares de origen. Por otro lado, la juventud que no cuenta con condiciones que le permitan acceder a la educación se ve obligada a insertarse en el trabajo precarizado o incluso a emigrar del país.
Por ello, es que sostenemos la necesidad de que es el Estado quien debe de garantizar además de una educación pública, científica, gratuita y de masas, el derecho a casas habitación estudiantiles, comedores subsidiados, boleto estudiantil de transporte gratuito, guarderías gratuitas para toda la comunidad escolar, servicios médicos, odontológicos y psicológicos gratuitos y de calidad, además de becas estudiantiles que garanticen el acceso irrestricto a la educación.

El estudiantado históricamente ha sido uno de los sectores más combativos y conscientes, razón por la que ha sufrido persecución y desaparición forzada. En los últimos años hemos presenciado una creciente criminalización hacia el estudiantado organizado y un reforzamiento en el aparato de castigo y vigilancia en los centros educativos. Con el pretexto de dar seguridad a la comunidad, los centros educativos comienzan a aplicar políticas de securitización y se generan diferentes herramientas y estrategias para disolver y perseguir de manera más eficaz a los grupos estudiantiles, que buscan desmantelar las instituciones educativas para favorecer la privatización de la educación.
En el GAR luchamos por el derecho a organizarse con independencia política y sin la intervención ni la persecución de las autoridades de las universidades ni del Estado. Exigimos que los centros educativos nos garanticen un espacio libre de violencia, donde no se admita, bajo ninguna circunstancia, el uso de grupos de choque porriles que atentan contra el estudiantado. También demandamos de manera pronta y efectiva la reinserción del estudiantado que ha sido expulsado de forma injusta por los actuales procesos de criminalización

Luchamos para conseguir centros de estudio libres de acoso sexual y de violencia machista. En muchos centros de estudio del país existen casos de acoso sexual hacia alumnas, profesoras y trabajadoras y disidencias. Es por ello que desde el GAR nos organizamos para combatir estas deplorables prácticas patriarcales en función de generar espacios libres de violencia en todos los centros de estudio.
Señalamos la necesidad de que las unidades de género sean autónomas y organizadas por las trabajadoras, docentes y estudiantes. Debemos garantizar que las unidades respondan a nuestros
intereses, y que tengan métodos y protocolos con perspectiva de género y feminista, que no revictimicen a las afectadas y que busquen siempre salvaguardar la integridad y salud mental de las victimas de violencia patriarcal. Rechazamos la instrumentalización de las unidades de género para el beneficio de las burocracias de los centros de estudio.

Impulsamos la consigna de la educación sexual en todos los centros educativos de todas los niveles, con el fin de dar a conocer de forma científica, laica y con perspectiva de género las diferentes herramientas para conocer nuestros derechos reproductivos desde las distintas áreas de su currícula.
Nos oponemos categóricamente a los discursos donde se criminaliza a las mujeres y personas con capacidad de gestar por ejercer su derecho al aborto. También, levantamos como demanda que los centros de estudio proporcionen anticonceptivos gratuitos para todo el estudiantado.

Desde el GAR llamamos a la juventud a luchar por una alternativa socialista y feminista a nivel nacional que levante el derecho irrestricto a la educación. Por la democratización de las universidades, en donde se ponga en el centro de la agenda la educación superior al servicio de la clase trabajadora. Por el reconocimiento y dignificación laboral de docentes, trabajadoras y trabajadores. Por la redistribución del presupuesto destinado a la mejora de la infraestructura educativa y de planes y programas dirigidos a responder a las necesidades de la clase trabajadora. Por centros educativos libres de represión, criminalización, hostigamiento, acoso y todo tipo de violencia patriarcal hacia estudiantado.