El caso Ayotzinapa se mantiene en la impunidad, el gobierno de Sheinbaum tras dos años de su mandato no cumple el compromiso histórico para establecer justicia en el crimen de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El pasado 27 de agosto Claudia recibió a los familiares de los normalistas desaparecidos y declaró que este caso “es prioritario para el Estado”. Si bien ocurrió la detención del ex gobernador guerrerense Ángel Aguirre el 6 de agosto, también se anuncia que podrían ocurrir más detenciones, al momento no existe un avance significativo para esclarecer el caso.
Paralelamente el medio oficialista La Jornada ha realizado publicaciones que pretenden revivir el móvil peñanietista del Basurero de Cocula, con supuestos hallazgos de 20 bolsas de restos humanos en distintos puntos de Iguala, que supuestamente en un reportaje de Miguel Ángel Velazquez “estuvieron a la vista de los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de los organismos civiles involucrados en el caso, pero a ninguno le pareció relevante el hecho y fueron desestimadas”. Los propios familiares de Ayotzinapa ya denunciaron estos reportajes como falaces debido a que son las líneas de investigación que se intentó imponer desde 2014 y ya fueron desacreditados por el propio GIEI y el Equipo Argentino de Antropología Forense. Estas acusaciones son extremadamente graves porque abren la posibilidad de generar un carpetazo y cerrar el caso sin ningún proceso de justicia verdadera. La imposibilidad de avanzar el caso Ayotzinapa se explica por la relación entre el régimen de la Cuarta Transformación y los militares.
En 2023 con la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes se denunció la eliminación de archivos en posesión de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), siendo la única institución gubernamental que se insubordino ante el decreto presidencial de López Obrador de entregador todos los documentos relacionados con el caso Ayotzinapa. Durante el conflicto suscitado ese 2023 entre el GIEI y organismos de derechos humanos contra los militares, López Obrador decidió ponerse del lado del ejército, acusando sin ningún fundamento que los organismos de derechos humanos manipulaban a los familiares de Ayotzinapa para desestabilizar a su gobierno o que el GIEI como organismos extranjero únicamente pretendía desestabilizar en México, exactamente la misma retórica chovinista que utilizó en su momento Peña Nieto contra los expertos independientes.
La investigación del vínculo de SEDENA con la desaparición de los 43 es fundamental para continuar con líneas de investigación que permitan resolver el caso. Al momento se demuestra la infiltración del ejército en la normal de Ayotzinapa como labores de contrainsurgencia, que iniciaron en 2010. Otro elemento clave es que uno de los 43 normalistas desaparecidos fue un militar infiltrado, esto comprueba que la noche del 25 de septiembre de 2014 el ejército instruyó monitorear la actividad de los normalistas. El ejército conoció en tiempo real el 26 de septiembre la llegada a Iguala de los normalistas y cuando inició su secuestro. El ejército controlaba el sistema del C4 (sistema de cámaras), volteando las cámaras en los momentos de los secuestros para evitar grabaciones.
El oficialista tiene una necesidad enorme por otorgarle impunidad a SEDENA en el caso Ayotzinapa por el actual pacto cívico-militar. El ejército participa económicamente en el desarrollo de los proyectos productivos emblema que se financian a nivel gubernamental, como ejemplos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y unos tramos del Tren Maya, aunque, la participación de los militares en proyectos del estado no se restringen a nivel federal, también participan en construcción de proyectos a nivel estatal en distintos gobiernos. Otro elemento fundamental fue la entrega de la política de seguridad pública federal al ejército con la creación de la Guardia Nacional. El pacto de impunidad no se limita al caso Ayotzinapa, tampoco existe un proceso de justicia restaurativa por los crímenes cometidos por el ejército durante el periodo de la guerra sucia entre la década de los sesenta hasta principios de los noventa, mucho menos la investigación durante la guerra contrainsurgente en los noventas con el levantamiento del EZLN o durante el periodo de la llamada guerra contra las drogas iniciada en 2006 hasta la fecha.
Otro actor clave que no es investigado en el caso Ayotzinapa es el actual secretario de seguridad pública, Omar García Harfuch, quién fue responsable del Mando Único de Guerrero (que coordina todas las instituciones de seguridad del Estado incluyendo al ejército) a cargo de la Policía Federal en 2014. Harfuch se ha deslindado del caso Ayotzinapa bajo el pretexto que el 26 de septiembre del 2014 se encontraba en Michoacán. Es imposible dejar de mencionar que su abuelo, Marcelino García Barragán, fue titular de la SEDENA durante el gobierno de Díaz Ordaz. El fruto no cae lejos del árbol. La carrera de Harfuch inicia en las agencias de seguridad de García Luna, hoy condenado en Estados Unidos por su relación en redes de narcotráfico. Su giro a MORENA inició con Sheinbaum como responsable de seguridad pública en el gobierno de CDMX. En 2024 Harfuch fue precandidato para contender como jefe de gobierno en Ciudad de México, sin embargo, al perder la candidatura inició un boicot contra la candidatura de Clara Brugada, provocando una interna morenista. El perfil de Harfuch lo posiciona como un potencial candidato presidencial para 2030.
La imposibilidad de obtener justicia en el caso Ayotzinapa es el reflejo de la crisis de impunidad histórica que padece México, aunque, agudizado con la crisis de violencia iniciada con la guerra contra las drogas de Felipe Calderon en 2006. En México en las últimas dos décadas tenemos 525,435 mil personas asesinadas, hablamos de medio millón de personas muertas por un conflicto armado interno. La otra gran crisis es de desaparición forzada, en este caso desde 2023 con el gobierno de Obrador y continuado con el gobierno de Claudia, lejos de intentar resolver la crisis de violencia, la política es maquillar los datos para construir un relato público que existe una disminución de las desapariciones en el país.
En 2025 el INEGI quitó de sus registros los datos de desapariciones, sustituyendo la información por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). El nuevo registro divide el índice de desaparecidos en tres rubros: a) con datos insuficientes, en casos dónde se proporcionó información insuficiente para establecer una ficha de búsqueda, representado 46,742 mil casos; b) con actividad y registros administrativos, en casos que se establece una ficha de desaparición pero se realizaron trámites por las propias personas registradas como desaparecidas, representado 40,308 mil casos; c) sin actividad a la fecha, casos dónde están las fichas de búsqueda y las personas siguen sin ser encontradas, representando, 43,128 mil casos.
De esta manera el oficialismo reduce la cifra de 132,534 personas desaparecidas a sólo 43,128 casos. En la investigación “Desaparecidos: Engaño estadístico” de Lauro Rodríguez y Martha Guillén comprueban que 6,133 casos de desaparición entre 2019 y junio de 2024 no están contabilizados en 6 estados (Jalisco, Veracruz, Estado de México, Puebla, Guanajuato y Tabasco). La posibilidad de corroborar los datos entre los registros de las fiscalías estatales y el registro nacional es posible únicamente porque en esas entidades que tiene repositorios públicos de las cédulas de búsqueda. En los otros 26 estados del país no existe la posibilidad de elaborar una corroboración entre los registros de las fiscalías y el registro nacional. En la misma investigación se narra casos de personas que buscan a sus familiares desaparecidos fueron integrados al rubro de personas con actividades y registros administrativos pero en los hechos siguen desaparecidas, obligando a realizar nuevamente los trámites para establecerlos en el rubro de sin actividad a la fecha.
Este 26 de septiembre de 2026 nos volvemos a movilizar en la jornada nacional por Ayotzinapa, en conjunto con colectivos de familiares víctimas de violencia y el movimiento estudiantil. El actual gobierno no tiene la capacidad de resolver la crisis de violencia que vivimos en México. Desde el Grupo de Acción Revolucionaria hacemos un llamado a constituir un Movimiento Nacional de Familiares contra la Violencia, debemos agrupar a las distintas colectividades que se agrupan en los distintos estados y realizan brigadas de búsqueda. Es fundamental construir un movimiento que constituya una fuerza necesaria para obligar al actual gobierno a realizar acciones reales para localizar a las personas desaparecidas y evitar nuevos casos. También obligar a la Secretaría de la Defensa Nacional que entregue los 800 documentos que tienen en su poder sobre el caso Ayotzinapa. Frente a la crisis que nos impone el capital y el estado burgués debemos crear un movimiento de nuestra clase, la justicia la vamos a arrancar con nuestra movilización.
