Durante las últimas décadas México se ha convertido en una de las principales potencias manufactureras y exportadoras del mundo a través del T-MEC, particularmente en sectores como la industria automotriz, electrónica y de autopartes, pero detrás de estas cifras existe una contradicción fundamental: una parte importante del valor de las mercancías que México exporta fue creada fuera del país. La propia OCDE reconoce que la participación mexicana en las cadenas globales depende principalmente de backward linkages, es decir, de importar valor agregado del exterior para incorporarlo posteriormente a las exportaciones, reflejando el enorme peso que todavía tienen los procesos de ensamblaje dentro de nuestra industria. Según el INEGI, en 2024, el contenido nacional representó apenas 44.2% del valor de la manufactura global destinada a la exportación y en una rama tan estratégica como los componentes electrónicos cayeron hasta 25.7%. México puede aparecer entonces como una enorme potencia manufacturera en las estadísticas mientras buena parte de los componentes, la tecnología y el valor incorporado a esas mercancías se producen en otros países.
Esto no significa que en México no se haya desarrollado industria, sino preguntarnos qué clase de industrialización se desarrolló y quién la controla. Más plantas y más exportaciones pueden profundizar el mismo modelo sin construir necesariamente cadenas productivas nacionales, autonomía tecnológica o una industria capaz de desarrollarse de acuerdo con las necesidades del país. El T-MEC ni siquiera ha traído el boom industrial que a través de fenómenos como el nearshoring se ha querido augurar: según el Banco de México, entre julio de 2024 y junio de 2025 apenas 6.4% de las empresas de más de cien trabajadores reportaron aumentos en producción, ventas o inversión atribuibles a la relocalización, concentrándose además sus beneficios en empresas y regiones que ya estaban integradas a las cadenas globales.
La industrialización se desarrolla de manera profundamente desigual sobre el territorio. En diciembre de 2025, solamente Nuevo León, Chihuahua, Baja California, Coahuila y Tamaulipas concentraban más de la mitad del empleo para exportación IMMEX, mientras enormes regiones del país permanecen fuera de los principales corredores manufactureros. El capital se instala donde encuentra infraestructura, cercanía con Estados Unidos y condiciones favorables para la acumulación, mientras la fuerza de trabajo termina desplazándose detrás de estas inversiones. Entre 2015 y 2020, alrededor de un tercio de quienes cambiaron de estado lo hicieron por motivos laborales; según la Secretaría de Economía Nuevo León recibió 271 mil migrantes internos y casi una cuarta parte provenía de Veracruz, mientras las maquiladoras de Ciudad Juárez han llegado incluso a reclutar directamente trabajadores en comunidades del sur de ese estado.
Pero la misma industria que atrae trabajadores desde cientos de kilómetros puede abandonarlos cuando cambia la coyuntura. Según la investigadora Susann Vallentin Hjorth Boisen, en 2001, ante una caída de la demanda estadounidense, la maquila juarense destruyó 74,561 empleos en un solo año, más de una cuarta parte de su fuerza laboral. Para una corporación esto significa reducir producción, mover una línea o retirar inversión; para los trabajadores significa haber abandonado sus comunidades y redes familiares para instalarse en una ciudad cuya economía depende de decisiones tomadas muchas veces del otro lado de la frontera. El capital tiene la capacidad de movilizarse detrás de la mayor ganancia mientras el trabajador debe cargar con las consecuencias sociales de cada relocalización.
Esta enorme disponibilidad de mano de obra tampoco surgió espontáneamente. Las reformas neoliberales que prepararon el TLCAN destruyeron empleos protegidos y golpearon a numerosas industrias nacionales expuestas repentinamente a la competencia internacional. Esto ayudó a engrosar un enorme ejército industrial de reserva, formado por trabajadores expulsados hacia el desempleo, el subempleo y la economía informal, y esta enorme masa de trabajadores precarizados no solo permite abaratar la fuerza de trabajo, sino que se convierte en una presión permanente sobre quienes conservan un empleo formal: detrás de cada obrero existe otro dispuesto a aceptar peores condiciones simplemente para sobrevivir.
Después de más de treinta años de libre comercio, la expansión exportadora nunca consiguió absorber a esta enorme masa de trabajadores. En febrero de 2026, 54.8% de la población ocupada seguía en la informalidad y, aunque la informalidad disminuyó respecto de los niveles de los noventa, otros indicadores muestran que la precariedad laboral no desapareció. Tampoco ocurrió la tantas veces prometida convergencia salarial: según el INEGI, en febrero de 2026 un trabajador manufacturero mexicano recibía en promedio alrededor de 4.8 dólares por hora frente a 29.8 dólares en Estados Unidos. México integró sus fábricas al mercado norteamericano, pero nunca integró las condiciones de vida de quienes trabajan en ellas.
Ni siquiera las nuevas reglas laborales del T-MEC han eliminado esta desigualdad. En la industria automotriz el tratado exige que entre 40% y 45% del valor de determinados vehículos sea producido por trabajadores que ganen por lo menos 16 dólares por hora, pero la propia estructura de la regla permite que las empresas cumplan este requisito concentrando esas actividades de mayor salario principalmente en Estados Unidos y Canadá, sin necesidad de elevar al mismo nivel el salario de los trabajadores mexicanos.
Algo semejante ocurre con el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR). El MLRR ha permitido victorias reales frente a sindicatos de protección, despidos antisindicales y violaciones a la libertad de asociación, pero puede modificar determinadas relaciones dentro de una fábrica sin modificar quién posee y controla esa fábrica. Una empresa puede ser obligada a reconocer un sindicato o reinstalar trabajadores y conservar al mismo tiempo la capacidad de retirar inversiones, trasladar líneas o cerrar. Manufacturas VU mostró crudamente este límite: después de una lucha sindical y de la aplicación de un plan de reparación bajo el MLRR, la planta de Piedras Negras terminó cerrando en 2023 y posteriormente trabajadores involucrados en el movimiento fueron boletinados. Se puede conquistar el derecho a sindicalizarse sin conquistar ningún poder sobre el destino de la fábrica.
A ello se suma una cuestión de soberanía que tampoco podemos ignorar. El aparato estatal estadounidense puede recibir denuncias e impulsar revisiones sobre centros de trabajo mexicanos, mientras México no posee una capacidad práctica equivalente para intervenir de la misma manera en fábricas estadounidenses. Esto permite al gobierno estadounidense cortejar de alguna forma a la clase trabajadora y legitimar un tratado colonial que permite al Estado estadounidense intervenir dentro de la política laboral mexicana y que, al mismo tiempo, deja intacta la libertad del capital para trasladar la producción. Esto no significa negar las conquistas concretas obtenidas mediante el MLRR, sino reconocer su profunda contradicción: que el T-MEC puede ayudar a defender el sindicato dentro de una planta, pero no garantiza que esa planta permanezca abierta.
Este intento estadounidense por hacer que el tratado sea legitimado por la clase obrera adquiere todavía mayor importancia si recordamos la historia de la intervención estadounidense en el movimiento obrero latinoamericano. Durante la Guerra Fría, la AFL-CIO impulsó el American Institute for Free Labor Development (AIFLD), estrechamente vinculado y financiado por agencias del gobierno estadounidense que preparó a sectores sindicales anticomunistas para apoyar el golpe de Estado brasileño de 1964, así como el golpe de estado a Salvador Allende de Chile en 1973. Más reciente fue su intervención en los intentos de golpe de Estado a Venezuela a través de la Confederación de Trabajadores de Venezuela.
Finalmente, la política de Trump ha terminado por desnudar una contradicción todavía mayor: México continúa subordinando buena parte de su política industrial al T-MEC incluso cuando Estados Unidos rompe en los hechos con el espíritu de la integración que el propio tratado prometía garantizar. Washington ha impuesto nuevos aranceles a productos mexicanos, exige aumentar el contenido estadounidense de las manufacturas y durante la revisión de 2026 ha planteado nuevas condiciones sobre automóviles, inversión china y cadenas de suministro. Incluso México aceptó reglas de origen particularmente estrictas para conservar un supuesto acceso privilegiado al mercado estadounidense, pero los automóviles mexicanos pueden enfrentar un arancel de 25% sobre su contenido no estadounidense, mientras Japón y Corea del Sur recientemente consiguieron condiciones automotrices más favorables sin estar sometidos a las mismas reglas del T-MEC. La discusión ya no consiste simplemente en integrar América del Norte, sino en utilizar esa integración para atraer hacia Estados Unidos una mayor parte de la producción estratégica.
En otras palabras: México puede seguir siendo plataforma de producción mientras sirva a las necesidades del capital norteamericano, pero no debe convertirse en una plataforma desde la cual otras potencias disputen ramas estratégicas al capital estadounidense. Trump lo ha expresado de manera particularmente clara: afirmó que estaría dispuesto a aceptar fábricas automotrices chinas si se instalan en Estados Unidos y emplean trabajadores estadounidenses, pero rechazó que esas mismas empresas produzcan automóviles en México para exportarlos al mercado norteamericano.
La salida entonces no puede ser simplemente renegociar mejores condiciones dentro del T-MEC, sino en romper con un modelo de integración construido alrededor de las necesidades de acumulación del gran capital norteamericano. La derogación del tratado tendría que formar parte de una transformación mucho más profunda de la estructura productiva mexicana, donde las decisiones sobre inversión, producción y desarrollo industrial dejen de depender de la rentabilidad de unas cuantas corporaciones transnacionales.
Esto implica desarrollar una política industrial bajo control público y social, recuperar sectores estratégicos, fortalecer empresas públicas, cooperativas y formas de propiedad colectiva, y orientar la inversión hacia la construcción de cadenas productivas nacionales y la satisfacción de las necesidades de la población. Al mismo tiempo, los trabajadores tendrían que conquistar mecanismos propios de organización y control sobre la producción, para que el cierre, la relocalización o la desinversión no puedan seguir utilizándose como armas de la patronal frente a la organización obrera.
Desde esta posición, la derogación del T-MEC no sería un regreso al viejo nacionalismo burgués ni una defensa de los empresarios mexicanos frente a los extranjeros, sino parte de una lucha por modificar quién controla la industria, quién decide qué se produce y quién se apropia de la riqueza generada por la clase trabajadora.
