Han pasado siete años desde la reforma laboral de 2019 que introdujo cambios históricos en materia de democracia sindical: sustituyó las Juntas de Conciliación y Arbitraje por tribunales laborales y estableció el voto libre, directo y secreto para elegir dirigencias, representación sindical y aprobar contratos colectivos. Irónicamente, esta reforma tiene su origen inmediato en la reforma constitucional de 2017, durante el gobierno de Peña Nieto.
En el marco de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico con Estados Unidos, sindicatos estadounidenses presionaron para incorporar leyes favorables a los derechos sindicales en México y homogeneizar las condiciones laborales. Sin embargo, sería durante la transición política encabezada por MORENA cuando esta reforma se volvería operativa mediante las leyes secundarias de 2019. La presión externa reapareció durante las negociaciones del T-MEC. En su capítulo laboral se incorporó el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), procedimiento mediante el cual trabajadores pueden denunciar violaciones a sus derechos sindicales y las empresas pueden ser castigadas por Estados Unidos o Canadá.
En apariencia, todas estas condiciones abrían el camino para una nueva insurgencia sindical capaz de sacudir a la clase trabajadora del sector manufacturero. Sin embargo, esa insurgencia todavía no se ha materializado a escala nacional. Entre 2019 y 2026 la tasa de afiliación sindical apenas pasó de 12.3% a 13% según cifras de la ENOE, muy lejos del 16.8% de 2005. Desde 2019 han sido contados los casos en que un sindicato independiente logra desplazar mediante el voto a un sindicato de protección. La informalidad continúa abarcando a más de la mitad de la población económicamente activa, dificultando enormemente la sindicalización. Al mismo tiempo, las políticas arancelarias de Donald Trump y la creciente competencia con China han puesto en jaque a una parte de la industria instalada en México, provocando cierres de plantas y traslado de líneas de producción. Es sobre este terreno contradictorio que debemos evaluar el balance de estos siete años.
Situación de la clase obrera en el sector industrial y maquilador
A pocos meses de la reforma laboral del 2019 estalló en Matamoros el movimiento 20/32, donde miles de trabajadores enfrentaron a la patronal y al sindicalismo charro de la CTM, dando origen al SNITIS. En 2021, trabajadores de General Motors en Silao, Guanajuato expulsaron a la vieja burocracia sindical y formaron el SINTTIA. En 2024, los trabajadores de Goodyear lograron la aplicación del contrato-ley, conquistando entre otros derechos la jornada de 40 horas. Junto con estas victorias aparecieron también las primeras derrotas. En Manufacturas VU, la lucha encabezada por la Liga Sindical Obrero Mexicana logró derrotar al viejo sindicalismo de protección, pero la empresa respondió cerrando la planta y boletinando a los trabajadores.
Una constante de este periodo ha sido el uso del MLRR frente a los intentos de empresas y sindicatos de protección por impedir elecciones democráticas. Paralelamente, sindicatos estadounidenses han brindado apoyo económico a sus contrapartes mexicanas y se han fortalecido los vínculos entre sus dirigencias. Al mismo tiempo, mediante el Centro de Solidaridad en México, organismo que recibe financiamiento del gobierno estadounidense a través del National Endowment for Democracy, se han canalizado recursos, asesorías y entrenamientos para formar sindicalistas alineados a la patronal.
Balance industrial
La creciente competencia con China ha puesto en crisis a las automotrices tradicionales. Trump responde mediante aranceles destinados a defender los intereses del capital estadounidense, pero la profunda integración internacional de las cadenas productivas provoca que esas mismas medidas terminen golpeando también a la industria mexicana. El resultado es profundamente contradictorio: México se subordina al T-MEC para conservar acceso preferencial al mercado estadounidense, mientras países como Japón y Corea del Sur terminan pagando aranceles menores en el sector automotriz y no cuentan con reglas de origen tan restrictivas.
Mientras determinadas ramas tecnológicas crecen, otras industrias, como la automotriz, enfrentan cierres de plantas y traslado de líneas de producción hacia Estados Unidos. Durante estos años se ha hablado sin descanso del nearshoring y de la supuesta lluvia de nuevas inversiones que transformaría al país. Sin embargo, según datos de la Secretaría de Economía, buena parte de la inversión extranjera registrada corresponde a reinversión de utilidades, y ha sido limitada en cuanto a creación de nuevas plantas y empleos.
El T-MEC profundiza un modelo exportador al servicio del capital: las empresas se instalan donde obtienen mayores ganancias y se marchan cuando encuentran condiciones más favorables, dejando a los trabajadores desempleo y precariedad. Eso ocurrió recientemente con First Brands: ante su quiebra internacional cerró plantas en México, mientras los obreros intentaron resistir sin el respaldo de la dirección sindical y sin lograr revertir la situación. En ciudades como Ciudad Juárez se vive hoy un ambiente de despidos y desempleo producto de la crisis industrial.
Incluso frente a los aumentos del salario mínimo, que han beneficiado materialmente a millones de trabajadores, el modelo consolidado por el T-MEC permite que empresas como Lear trasladen producción hacia países como Honduras para pagar salarios todavía más bajos y mantener intactas las ganancias de sus dueños.
¡Ni T-MEC ni charrismo sindical: independencia de clase y poder obrero!
A estas alturas debemos hacernos varias preguntas. Primero, el MLRR es un arma de doble filo, ha permitido que las luchas sindicales concretas triunfen, pero ¿a qué costo? En términos de soberanía, el mecanismo se aplica únicamente a México: Estados Unidos tiene la potestad de intervenir en conflictos laborales mexicanos, mientras México no posee una capacidad equivalente.
Segundo, no podemos olvidar la historia. Bajo anteriores expresiones del Centro de Solidaridad y organismos similares, Estados Unidos intervino en luchas sindicales de países como Brasil, Chile y Venezuela para fomentar movimientos reaccionarios y contribuir a procesos de desestabilización contra gobiernos que chocaban con los intereses del imperialismo. Paradójicamente, durante el nuevo gobierno de Trump y ante su política de eliminación de fondos de asistencia exterior, el Centro de Solidaridad prácticamente ha colapsado.
Tercero, el T-MEC es un tratado colonial que debe ser abolido. Sin embargo, el MLRR se ha convertido en una herramienta de la que determinadas luchas sindicales dependen para defenderse de los patrones y de las burocracias charras. Esa dependencia ayuda, de manera contradictoria, a legitimar entre sectores de trabajadores el mismo tratado que profundiza la subordinación económica de México, haciendo más difícil levantar una lucha consecuente por su abolición.
A esto se suma que el apoyo proveniente de sindicatos estadounidenses como el UAW ha sufrido retrocesos conforme parte de sus dirigencias se alinean con políticas nacionalistas y proteccionistas de su propio país. Del mismo modo, algunos de los sindicatos independientes surgidos durante este periodo han comenzado a perder parte del carácter democrático con el que nacieron.
Finalmente, el gobierno progresista de MORENA, lejos de impulsar una verdadera independencia política y sindical de la clase trabajadora, ha cortejado a las viejas centrales charras y ha promovido una nueva central ligada al poder: la CATEM.
La tarea histórica sigue pendiente. No basta con cambiar dirigentes, sustituir siglas o conseguir reconocimiento legal. La clase trabajadora necesita sindicatos democráticos, combativos y clasistas, independientes de los patrones, del Estado mexicano, de las burocracias sindicales y del imperialismo.
