La temporada de lluvias de 2025 en México dejó decenas de muertos y miles de viviendas afectadas en estados como Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro. Tormentas tropicales y precipitaciones extraordinarias evidenciaron los factores políticos y sociales relacionados con la crisis climática. La mala planeación urbana, la erosión de los suelos, los drenajes saturados, la mala gestión de presas y la infraestructura insuficiente son consecuencia de un modelo de desarrollo que favorece la acumulación de capital a costa de la seguridad de las mayorías. Las comunidades rurales y la clase trabajadora son quienes sufren las consecuencias de los desastres naturales debido a la precarización de sus condiciones de vida y a la limitada o nula presencia estatal e institucional en las zonas que habitan. Para este sistema la protección de la vida y el territorio no son una prioridad y esto ha quedado demostrado en los últimos meses y en otros momentos históricos, en los cuales la población civil ha unido fuerzas para responder y apoyar mientras el estado calla. Sin embargo, la buena voluntad no debería ser la salida. Frente a esta crisis es fundamental exigir cambios estructurales; el fortalecimiento de fondos de emergencia bajo control público, la planificación urbana y territorial que prioricen la vida sobre el lucro, infraestructura hidráulica y de protección construida como bien común, sistemas de alerta y respuesta eficientes y políticas redistributivas que garanticen que los recursos lleguen a la clase trabajadora y al campesinado que históricamente han sido precarizados. Es importante unir fuerzas para seguir luchando por la caída de este sistema que prioriza los intereses de unos pocos frente a nuestra seguridad.
