Sólo cuando el último río se haya secado, cuando el último reservorio de agua dulce y potable se haya agotado. Nos daremos cuenta de que el dinero no se puede beber.
Las iniciativas presidenciales en materia de agua, una con la creación de una nueva ley llamada Ley General de Aguas, que dice el gobierno de Claudia Sheinbaum ahí quedará plasmado el Derecho Humano al Agua, y la otra iniciativa de Reforma a la Ley de Aguas Nacionales, ambos documentos fueron presentados tramposamente el mismo día, en el mismo paquete a la cámara de diputados el 01 de octubre de 2025; ¿Por qué han generado polémica y protestas estas iniciativas? Porque el análisis hecho a ambas iniciativas revelan que están hechas con mucho gatopardismo, es decir cambiar para que todo siga igual, estas propuestas de creación y reforma de leyes están diseñadas tramposamente para hacer creer que efectivamente se está preocupado por el futuro del agua en México, sobre todo la que se refiere al uso público-urbano donde se deriva el uso doméstico del agua, contras estas iniciativas se han armado análisis y debates porque le dan continuidad al modelo mercantilista y privatizador de la vieja ley salinista de Aguas Nacionales, además le otorga meta poderes constitucionales a la autoridad del agua (CONAGUA) pasando incluso por encima de decisiones y orientaciones presidenciales . Y la realidad de hacer cumplir la promesa de garantizar el agua como derecho humano queda sólo en retórica bien elaborada, estas iniciativas por el lado que se les vea seguirán otorgando subsidios muy jugosos a los grupos de agroindustriales, pequeños y grandes propietarios de tierras de cultivo latifundistas y pequeños propietarios (minifundistas) y empresarios agrícolas; y a pesar de que ambas iniciativas les favorecen por encima del derecho humano al agua de la mayoría de la población mexicana, estos grupos que a través de décadas se han enriquecido alrededor del uso agrícola y consuntivo del agua, se oponen a las reformas y a la nueva Ley General de Aguas, grupos que tradicionalmente están corporativizados al PRI por medio de la CNC, y al PAN por medio del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), sus protestas revelan mucho más que la defensa de un derecho: exhiben a grupos que han construido poder económico y político alrededor del uso del agua.
EL AGUA Y LA TIERRA NUEVAMENTE EN MANOS DE LATIFUNDISTAS
Estos grupos se han adueñado del agua y han despojado prácticamente a los pueblos originarios, desplazándolos y condicionándoles el agua para sus necesidades básicas de alimentación y trabajo. Han hecho que la apropiación del agua y de la tierra quede nuevamente en pocas manos con los nuevos latifundios que se formaron a partir de la reforma salinista al artículo 27 constitucional. A partir de las reformas que dieron paso al libre mercado y a la implementación del neoliberalismo en nuestro país, han surgido nuevamente una especie de élite agrícola que se ha enriquecido a partir de la necesidad y despojo de la tierra y el agua de los campesinos pobres.
Con la Ley de Aguas Nacionales que creó el salinismo, la propia ley mandató a que se crearan asociaciones de usuarios y sociedades de responsabilidad limitada que concentraron el manejo del riego; con la transferencia de operaciones, descentralización y desconcentración de funciones del gobierno federal a estados y municipios bajo el mandato de Carlos Salinas de Gortari, el campo fue abandonado a su suerte y sólo los empresarios ligados al poder y a los líderes campesinos de las centrales corporativizadas al PRI lograron enriquecerse. Este cambio formó parte de una política de descentralización más amplia, contemplada en la Ley de Aguas Nacionales de 1992, con un discurso atractivo, pero en la práctica abrió la puerta a un proceso de privatización del agua por la vía de los hechos.
Se calcula que en el norte del país, sobre todo en Chihuahua hay 800 empresas nogaleras, productoras de diversas especies de nuez; y solo mil concesionarios de agua de riego poseen huertas, muchas de ellas superiores a 20 hectáreas. Empresas como Nueces Delicias, Golden Pecans, Pronuez Porras o Huerta Santa Lucía, entre otras, lideran el negocio.
La producción de nuez mueve enormes recursos. En 2024 alcanzó un valor aproximado de 390 millones de dólares y, para 2025, podría superar 400 millones. Todo ello en un cultivo altamente dependiente del agua: cada kilogramo de nuez requiere entre 5 mil y 7 mil litros.
Estos agroindustriales presumen que generan más de 30 mil empleos anuales, pero ocultan que más de dos tercios son trabajos temporales: trabajadores jornaleros que viven hacinados y transportados a los campos de cultivo en camiones de redilas cual si se tratase de ganado, estos empleos temporales son mal pagados, en comparación con el capital obtenido, ya que en promedio son 300 pesos al día los que se pagan a la mayoría de los trabajadores. Sólo unos cuantos puestos permanentes alcanzan salarios mensuales de entre 6 mil y 12 mil pesos.
ENORMES GANANCIAS A TRAVES DEL AGUA TAMBIÉN PROVIENEN DE PRÁCTICAS IRREGULARES
Estas enormes ganancias también provienen de prácticas irregulares: como la venta clandestina de agua, la falsificación de documentos, la transmisión y clonación de concesiones sin verificación, y el uso de permisos agrícolas para vender pipas de agua a empresas y municipios, a la par del crecimiento económico de la región viene el robo del agua, donde proliferan pozos ilegales, los desvíos de ríos y extracción de agua en acuíferos vedados.
La propia CONAGUA ha documentado tomas clandestinas a lo largo del río San Pedro, presas ilegales que almacenan cientos de miles de metros cúbicos y títulos irregulares otorgados durante administraciones pasadas para justificar extracciones en zonas sobrexplotadas.
La oposición de los huachicoleros del agua a las iniciativas presidenciales no provienen de un justo reclamo de repartir de manera equitativa y regular el agua dulce del país entre el campo y la ciudad, sino de la perdida de los privilegios que han gozado para enriquecerse, sobre todo, de quienes han acumulado riqueza gracias a concesiones flexibles y fiscalización deficiente. Temen que la nueva ley impida heredar o vender derechos privados, revise antecedentes de uso y sancione delitos que las actuales leyes vigentes penalizan y les sea aplicados códigos y leyes penales que les hagan pagar su enriquecimiento inexplicable con tan solo explotar la tierra. En la vía de los hechos sus “protestas” favorecerán al gobierno de Claudia Sheinbaum, para imponer dos leyes de agua, para el mismo recurso.
MANTENER LA LEY SALINISTA DE AGUAS NACIONALES SEGUIRÁ CON LA PRIVATIZACIÓN Y EL EXTRACTIVISMO
Y lo decimos claramente la Ley General de Aguas de Sheinbaum es sólo un distractor donde se entretengan aquellos luchadores sociales por el Derecho Humano al Agua. Mientras que mantener la Ley Salinista de Aguas Nacionales recargada de reformas; seguirá manteniendo el modelo de privatización y extractivismo del agua en el centro de esta disputa.
En resumen, de un lado los que se oponen por no perder privilegios y dinero, y por el otro lado el reclamo de millones de mexicanos que no tienen agua en sus hogares, sabemos que se resolverá en favor de los primeros, porque el congreso mayoritariamente lleno de diputados y senadores morenistas afines al gobierno, privilegiarán nuevamente al libre mercado del agua con cierta “regulación”. Justamente en esta parte del conflicto el gobierno ha decantado su decisión a favor de empresarios, banqueros y grandes industrias agroalimentarias, por sobre el derecho de millones de mexicanos de tener agua barata, de manera regular y continua, dentro de sus hogares o cerca de ellos, para satisfacer sus necesidades.
Las nuevas legislaciones en caso de aprobarse seguirán menoscabando y obstaculizando los plenos derechos constitucionales del artículo 2, sobre la administración de los recursos naturales de pueblos originarios; del artículo 4, párrafo sexto; del artículo 27 párrafo primero donde el agua es de la nación, y es la nación la que debe decidir sobre su uso y destino, no dejarla al libre albedrío de tecnócratas y neoliberales. Estas posibles legislaciones no contienen el pleno respeto a los derechos humanos y la equidad económica y social que la nación ha reclamado por décadas.
Aunque se dice que estas iniciativas buscan la justicia hídrica en realidad seguirán castigando a productores y usuarios honrados, sin regular el agua de manera justa. Sí debemos protestar para que haya una ley que de verdad proteja el derecho de los seres vivos al agua y en ella se frenen las prácticas ilegales y extraordinarias que por años han aumentado y creado grandes fortunas alrededor del oro azul.
Eduardo Hernández Hdez. responsable de la Sría. de Movimientos Sociales del Partido Comunista
