Estados Unidos realiza el mayor despliegue militar en el Caribe de las últimas décadas, con el objetivo explícito de forzar la salida del gobierno de Nicolás Maduro y reemplazarlo por un régimen completamente subordinado a sus intereses. Han trasladado algunos de sus buques de guerra más poderosos, un portaaviones equipado con aviones de última generación, anunciado públicamente operaciones de la CIA y llevado a cabo vuelos provocativos en territorio venezolano.
Venezuela se encuentra ya sometida a un bloqueo aéreo y naval de facto. El cerco marítimo inició cuando la administración Trump detuvo un buque petrolero venezolano en aguas internacionales bajo el pretexto de sanciones previas y procedió a confiscar su carga, un acto de piratería imperialista. Este precedente sentó las bases para la escalada actual, culminando formalmente con un bloqueo contra todo buque petrolero que haya sido catalogado como “sancionado”, con el objetivo explícito de estrangular económicamente a la nación venezolana. Ahora Estados Unidos desata una campaña de bombardeos que siembra destrucción y terror en varios centros urbanos, poniendo en grave riesgo a la población civil.
Las narrativas del imperio y su agotamiento
La justificación utilizada por el gobierno estadounidense para esta escalada ha sido errática y carente de toda credibilidad. En un primer momento, se afirmó que Maduro estaba impulsando una supuesta “invasión” de Estados Unidos a través de una banda criminal transnacional —el llamado Tren de Aragua— cuya presencia se atribuía a la migración venezolana. Posteriormente, esta narrativa fue reemplazada por la acusación sobre el gobierno venezolano de formar un supuesto “Cartel de los Soles”, dedicado al tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. La propaganda imperialista le permite justificar el bombardeo a las embarcaciones en alta mar sin presentar evidencia alguna, sin debido proceso, asesinando civiles y cometiendo crímenes de guerra que permanecen impunes gracias a su poder político y militar.
Esta propaganda no resiste el menor análisis. Incluso la propia DEA ha reconocido anteriormente que el principal flujo de drogas hacia Estados Unidos no pasa por Venezuela. El supuesto interés de Washington en combatir el narcotráfico queda completamente desacreditado cuando recordamos que Trump liberó a Juan Orlando Hernández, ex presidente hondureño condenado por narcotráfico, para intervenir en las elecciones de su país. Esto se suma al largo historial de funcionarios y agentes de la DEA juzgados en Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
A diferencia de la “guerra contra el terrorismo”, que logró construir un consenso interno, la narrativa de la “guerra contra las drogas” ya no convence ni siquiera a amplios sectores de la población estadounidense. Aun así, la ofensiva continúa, revelando que el problema nunca fue el narcotráfico, sino, el control político y económico.
La oposición proimperialista y el saqueo anunciado
Paralelamente, el imperialismo ha intentado posicionar figuras de la oposición venezolana como alternativas “democráticas”. Un ejemplo es María Corina Machado, promovida internacionalmente —incluso a través de premios y reconocimientos hipócritas— como defensora de la libertad y la paz, mientras solicita abiertamente una intervención militar extranjera.
Machado ha declarado sin tapujos que lideraría un proceso de privatización masiva de las empresas estatales venezolanas, abriendo el país al saqueo irrestricto de las multinacionales. Este tipo de programa sólo podría imponerse mediante una represión brutal contra una población que ya ha sufrido décadas de explotación y despojo. Resulta particularmente cínico que sectores de la diáspora venezolana apoyen este proyecto, incluso cuando el propio Trump ha eliminado protecciones migratorias y ha iniciado deportaciones masivas de venezolanos.
Trump expone su interés en apropiarse de las reservas petroleras venezolanas —las mayores del mundo—, incluso afirma que ese petróleo “pertenece” a Estados Unidos por su rol histórico en el desarrollo de la industria petrolera. Esta afirmación borra deliberadamente el trabajo de cientos de miles de obreros venezolanos y oculta el saqueo sistemático realizado por las empresas estadounidenses, saqueo que precisamente motivó la nacionalización del petróleo como una conquista popular.
Maduro, las sanciones y la disputa interimperialista
La realidad es que el gobierno de Maduro no representa una ruptura revolucionaria con el capital. Desde hace años ha impulsado privatizaciones graduales y ha reprimido a sectores chavistas críticos, traicionando las aspiraciones populares que alguna vez movilizó el proceso bolivariano. No obstante, desde 2017 Estados Unidos ha profundizado una guerra económica que ha sido un factor central en la crisis humanitaria, atacando la industria petrolera de la que dependen la mayoría de las divisas necesarias para importar bienes esenciales.
Las sanciones se han extendido a cualquier empresa que comercie con Venezuela, con una excepción reveladora: la petrolera estadounidense Chevron, autorizada a seguir explotando recursos venezolanos. Este doble rasero expone con claridad el cinismo del imperialismo: no se trata de “derechos humanos”, sino de quién controla el negocio.
La amenaza militar contra Venezuela —impopular incluso dentro de Estados Unidos— forma parte de una estrategia más amplia para expulsar a rivales geopolíticos del hemisferio occidental y asegurar el control de recursos estratégicos frente al ascenso de China. Venezuela ha desarrollado fuertes lazos con China y Rusia, y aunque Maduro ha mostrado disposición a negociar con capital estadounidense, Washington busca una obediencia total que solo un régimen abiertamente proimperialista podría garantizar.
A esto se suma la necesidad de asegurar fuentes de petróleo cercanas ante la inestabilidad en Medio Oriente. La ofensiva no se limita a Venezuela: Colombia ha sido amenazada, Trump ha interferido descaradamente en elecciones en Honduras y Argentina, y ha llegado incluso a amenazar a México con bombardeos.
Por la unidad de la clase trabajadora latinoamericana
Aunque el régimen bonapartista de Maduro hace tiempo claudicó ante los intereses del capital y se sostiene incluso tras un proceso electoral profundamente cuestionado, el imperialismo estadounidense no tiene ningún interés en la democracia ni en la libertad de los pueblos latinoamericanos. Su objetivo es la subyugación completa de nuestras sociedades a los intereses del gran capital.
Frente a esta nueva fase del imperialismo, que ya ni siquiera se esfuerza por disfrazar su accionar con el lenguaje del derecho internacional, se vuelve imprescindible la unidad de la clase trabajadora del continente. Solo la lucha conjunta de los pueblos latinoamericanos puede enfrentar a una potencia que busca aplastar toda forma de soberanía, imponer gobiernos títeres y reducir la “libertad” a la mera libertad de ser explotados. Permitir que Venezuela sea derrotada por una intervención estadounidense abriría la puerta para que el mismo mecanismo se aplique contra cualquier país de América Latina que intente desviarse del orden capitalista dominante, fortaleciendo a las élites locales y habilitando proyectos reaccionarios destinados a arrebatar a los pueblos trabajadores los derechos conquistados históricamente mediante la lucha.
La verdadera alternativa no está ni en el imperialismo ni en los regímenes que pactan con él, sino en la organización independiente de la clase trabajadora para decidir su propio destino y construir una vida digna, libre de explotación y dominación.
