Sarahí Gutiérrez Ramírez

Históricamente el aborto ha constituido un problema de salud pública y justicia social, ya que se desarrolla en un contexto de violencia, restricción y persecución. Actualmente el aborto se continúa practicando en condiciones de riesgo y clandestinidad, al respecto la OMS reporta que se realizan cerca de 22 millones de abortos peligrosos en el mundo, mientras que Conapo señala que el aborto es la tercera causa de muerte entre las mujeres embarazadas.

Pese a que desde hace 10 años en la CDMX se aprobó una reforma en la asamblea legislativa para la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de manera voluntaria, es una realidad que no todas las mujeres tienen acceso a este servicio porque el aborto está regulado según el código penal de cada estado, basándose en las siguientes 8 causales:

1. El embarazo es producto de una violación.
2. El aborto es provocado por accidente.
3. La valoración médica indica que el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer.
4. El feto tiene malformaciones genéticas.
5. La continuación del embarazo provocaría un grave daño a la salud de la mujer.
6. El embarazo es producto de una inseminación artificial sin consentimiento.
7. Por razones económicas y ser madre de tres hijos.
8. Por libre decisión de la mujer hasta las 12 semanas de gestación.

Las tres primeras causales son aceptadas en la mayoría de los estados, mientras que el resto varía según la entidad, por ejemplo: en Querétaro y Guanajuato el aborto sólo se permite bajo la causal 1, a diferencia de la Ciudad de México en donde es posible realizar la interrupción de forma voluntaria. Por lo tanto, la restricción y negación de este servicio, empuja a todas las mujeres del interior de la república a trasladarse a la Ciudad de México para poder interrumpir su embarazo, o bien recurrir a procedimientos clandestinos e inseguros debido a la falta de recursos económicos, esto a consecuencia de la vulnerabilidad social, marginación y pobreza en la que se encuentran.

Tan sólo en la CDMX existen únicamente 13 centros de salud que realizan la Interrupción Legal del Embarazo de manera gratuita, por ende, la insuficiencia de cobertura de este servicio conlleva al surgimiento de un servicio privado. Actualmente existen alrededor de 40 clínicas privadas operando en este servicio, lo cual ha implicado un interés económico que es necesario revisar, en vez de utilizar  la interrupción legal del embarazo como un derecho de salud pública y una herramienta que ayude al empoderamiento y apropiación de los cuerpos de las mujeres, para la industria privada se ha vuelto una prioridad aumentar las ganancias y  los números de procedimientos atendidos por día, con la apariencia de un servicio que promueve el bienestar y la libre elección  de las mujeres.

El ámbito privado, incluso la sociedad civil se mueven bajo una lógica capitalista, que busca obtener ganancias lucrando con la salud y el cuerpo de las mujeres, lo cierto es que en la actualidad el aborto representa un negocio rentable para la burguesía, el estigma y el restringido acceso a este servicio de forma libre y gratuita en toda el país tiene como consecuencia el elevado número de clínicas con precios que oscilan desde los 1500 hasta los 6000 pesos, incluso más, según la clínica o el número de semanas de gestación, lo cual resulta inaccesible para muchas mujeres trabajadoras con salarios mínimos.

Un ejemplo de ello es la clínica Mexfam, la cual se maneja bajo la premisa de construir bienestar social, sin embargo su mayor interés no son los derechos ni el bienestar de las mujeres, se ha centrado únicamente en incrementar los números de usuarias que acuden a tomar este servicio y a dejado de lado la calidad y calidez de su servicio.

La realidad es que el estado tiene la obligación de poner a disposición de todas las mujeres sin importar  la posición económica, raza o religión, el  servicio de salud sexual y reproductiva en cada una de las entidades federativas y garantizar una educación sexual que apueste a la prevención de embarazos no deseados, facilitar el uso de métodos de planificación familiar y promover el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, es su deber poner al alcance de todas las mujeres el aborto de forma gratuita, libre y segura.