Ana Odette Morales García

A 4 años de uno de los hechos más violentos de la última década en México, el caso de los 43 normalistas desaparecidos sigue sin esclarecerse y sigue tan vigente como en aquel septiembre del 2014.

El 50 aniversario de la masacre de Tlatelolco en el 68, el clima de incertidumbre que trae consigo el próximo cambio de gobierno y los recientes atentados por parte de grupos porriles contra estudiantes de CCH Azcapotzalco que se manifestaban en Ciudad Universitaria denunciando la deficiente administración de la directora de este plantel, son recordatorios de que históricamente los estudiantes han sido víctimas de la represión por parte del Estado, y el caso de Ayotzinapa es uno de los más atroces ejemplos de esta represión.

La desaparición de Iguala despertó un movimiento estudiantil como el que no se había visto en casi 15 años. La indignación por estos actos violentos por parte del Estado se expandió a nivel nacional e internacional y la solidaridad con los familiares y compañeros de los normalistas se manifestó en forma de paros laborales acordados en asambleas estudiantiles de varias universidades como la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Autónoma de Chapingo.

El movimiento estudiantil gestado creció de forma tal que convocó a manifestaciones de más de medio millón de asistentes cuyo mensaje era claro: el gobierno federal buscaba dar carpetazo a la investigación y el pueblo no lo iba a permitir, quería encontrar respuestas sobre el paradero de los normalistas de Ayotzinapa. Estas movilizaciones, a su vez, terminaron en represión policiaca y estudiantes detenidos arbitrariamente tras más episodios violentos en las calles de la Ciudad de México. Dejando claro que el Estado no estaba dispuesto a dialogar.

Cuando la investigación gubernamental prácticamente abandonó el caso después de concluir que los estudiantes fueron asesinados y luego quemados en un basurero en el municipio de Cocula, la indignación sólo creció más. Sumado a esto, la intervención de un grupo internacional de expertos en Derechos Humanos no encontró ninguna evidencia física que corroborara la “verdad histórica” ofrecida por la Procuraduría General de la República. Además este Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes denunció el no poder dar una conclusión del caso porque había recibido acosos, evasivas e intimidación por parte del gobierno y medios de comunicación mexicanos.

El gobierno simplemente no quería que se resolviera el caso. La investigación se centró en la complicidad de las autoridades locales. Particularmente José Luis Abarca, quien era presidente municipal de Iguala ese 26 de septiembre de 2014, día que los normalistas rurales de la Escuela Raúl Isidro Burgos se dirigían a la Ciudad de México para participar de la marcha conmemorativa del 2 de octubre. Pero Abarca, convencido de que tenían la intención de boicotear el informe de gobierno de su esposa, ordenó a la policía municipal detenerlos, involucrando también a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, uno de los subgrupos surgidos a raíz de la implosión del cártel de los Beltrán Leyva.

Sin embargo, se descubrieron evidencias de que las autoridades estatales y federales, e incluso militares, también estuvieron presentes en la noche en la que se llevó a cabo la matanza a las afueras de la ciudad de Iguala y la desaparición forzada de 43 estudiantes.

Fue el Estado, era lo que denunciaban las movilizaciones convocadas por la organización estudiantil. La cual demostró que mantener indiferente y desinformada a la juventud, y al pueblo en general, es una forma más de represión que tiene el gobierno.

Ayotzinapa fue una de las muchas crisis que vivió la administración de Enrique Peña Nieto y a unos meses de que termine su cargo en la presidencia el movimiento estudiantil que generó esta coyuntura aún no se ha apagado.

La juventud mexicana está despertando y en la búsqueda de sus objetivos no descansará hasta que exista una respuesta por parte del gobierno para conocer dónde están los 43 normalistas desaparecidos. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.