J. Isaías González, Representante estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras. 

La política de seguridad en la ANUIES ante la violencia  

Sin duda alguna uno de los casos inaugurales de la violencia contra estudiantes en México fue el asesinato de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, ambos masacrados por el ejército el 19 de febrero del 2010, ambos ejecutados en el campus del Tec de Monterrey en Nuevo León. Los militares afirmaron que los estudiantes portaban armas de alto calibre, siendo asesinados por un “intercambio de fuego”. Para el año 2018 el ex procurador de Nuevo León, Alejandro Garza y Garza, comentó que los militares sembraron las armas al percatarse que habían asesinado a dos estudiantes. 

Ante el asesinato de Jorge y Javier la ANUIES publican el Manual de seguridad para instituciones de educación superior: estrategias para la prevención y atención el 16 de abril del 2011. Para el 8 de marzo del 2012 se publica la propuesta final de seguridad, con el documento La seguridad en instituciones de educación superior: estado actual y recomendaciones. En síntesis, las acciones que plantea la ANUIES para frenar la violencia se basan en limitar el ingreso a las instituciones educativas mediante credenzación, restricción de accesos con torniquetes y enrejados. Otro elemento es su esquema de seguridad es implementar botones de pánico, circuitos cerrados de videovigilancia, dotar al cuerpo de vigilancia de unidades motorizadas como patrullas y motocicletas. Cuestiones que no consideran las instituciones educativas es asumir responsabilidades para obtener justicia en caso de violencia, mucho menos atender cuestiones de crímenes de estado. 

Comisión Especial de Seguridad de la UNAM: ineficaces 

El director general de la Dirección General de Planeación de la UNAM, Enrique del Val, anunció el 10 de marzo del 2012 que la UNAM no asumirán las recomendaciones de seguridad de la ANUIES. Del Val critica las medidas de controles antidoping u operaciones mochila. Del Val comenta que la UNAM no acepta las normativas de la ANUIES dado que la universidad nacional tiene sus propias instancias para resolver sus problemáticas de seguridad, con la Comisión Especial De Seguridad (CES) Del Consejo Universitario. Sin embargo ante el feminicidio de Lesvy Osorio en 2017 y con los dos asesinatos en las afueras del Anexo de la Facultad de Ingeniería, a principios de 2018, por la vía de los hechos se implementa gradualmente las recomendaciones de seguridad de la ANUIES en la UNAM.  

La CES tiene sus atribuciones jurídicas en la UNAM dadas por el artículo 16, pero en la práctica la CES no atiende los grandes retos de seguridad y violencia que se han suscitado en los años recientes en la universidad. En base a los informes del 30 de agosto del 2017 y 31 de enero del 2018 de la CES, sus acciones se limitan a fomentar la cultura de seguridad, actividades recreativas para “recuperar espacios” o campañas de propaganda como “Un goya por…” o “No es tu amigo, es un narco”.  

Lesvy Osorio Berlin 

La respuesta de las autoridades universitarias ante el feminicido de Lesvy Osorio fue aprobar 10 medidas en el Consejo Universitario el 8 de mayo del 2017, implementando “700 luminarias, la mejora de la video-vigilancia con más cámaras, la recuperación  de senderos seguros, por ejemplo en las zonas aledañas al Frontón Cerrado y a la Facultad de Filosofía y Letras, la mejora de las condiciones de movilidad de la comunidad y la utilización de vehículos ligeros para vigilancia en zonas de difícil acceso”. Todas estas medidas fueron propuestas por la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria y el rector de la universidad, quedando en evidencia una vez más que la CES no tuvo ningún papel relevante en tareas de seguridad. Finalmente las medidas de seguridad implementadas por la UNAM son las mismas propuestas emitidas en los manuales de la ANUIES de 2011 y 2012. 

Por su parte, las autoridades centrales de la UNAM frente al feminicidio de Lesvy fue claro, tenían el objetivo de deslindar responsabilidades a la institución. El rector ni las autoridades universitarias se pronunciaron contra la revictimización que ejerció la PGJ contra Lesvy, no se posicionaron en la catalogación del crimen como feminicidio y no como suicidio (pese que la universidad contaba con las grabaciones de las cámaras de vigilancia). 

Violencia y antidemocracia en la UNAM

Para el 23 de febrero del 2018 en Ciudad Universitaria dos personas fueron asesinadas por disparo de arma de fuego y que presuntamente fallecieron en su traslado a una clínica del IMSS, según información de la PGJCDMX, sin embargo, diversos testigos aseguran que los cuerpos se habían tendido y cubierto en las mismas instalaciones de Ciudad Universitaria. Las ejecuciones ocurrieron entre la Facultad de Contaduría y Administración y el Anexo de la Facultad de Ingeniería. 

Los asesinatos ocurren en el marco de la instalación de torniquetes y alambrado en la zona de canchas y frontones de Ciudad Universitaria, con la finalidad de restringir su acceso. Con la restricción del acceso a frontones los narcomenudistas se mudaron a las cercanías de los pasillos de facultades e institutos. Ya desde el 29 de enero, a una semana previa del inicio del semestre del 2018, desde la Juventud Revolucionaria y el CEAFI-GAR habíamos denunciado sobre detonaciones de arma de fuego en el Anexo de la Facultad de Ingeniería, pero las autoridades de dicha facultad fueron omisas y guardaron absoluto silencia sobre lo ocurrido. 

A casi dos años de los asesinatos ocurridos en las afueras del Anexo de la Facultad de Ingeniería conocemos a detalle por qué Graue decidió enrejar la zona de fontrones. Dada la conquista de nuestra representación en el Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras y al ser parte de la Comisión Local de Seguridad de dicha entidad, el pasado 20 de septiembre del 2019 accedimos a una reunión con la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario y obtuvimos declaraciones contundentes. Al cuestionar sobre el enrejado en frontones que derivó en dos asesinatos, el CES nos respondió que la decisión de enrejar fue unilateral del rector, con el objetivo de enrejar frontones para exponer a los narcomenudistas en zonas de circuitos de vigilancia, identificarlos y detenerlos.    

Las declaraciones de la CES sobre los asesinatos en frontones a inicios del 2018 nos indican dos cosas. Primero que la máxima y última toma de decisiones con respecto a la violencia y la seguridad en la UNAM no son tomadas en la “democrática” en la Comisión Especial de Seguridad, sino que la última palabra es del rector. En segundo lugar, que la comisión local de seguridad de Ingeniería y Contaduría no tuvieron ninguna reunión o plática con la CES, evidenciando la inoperancia de los órganos institucionales establecidos por la legislación universitaria. 

Conclusiones

Desde la administración de José Narro Robles en la UNAM, ex Secretario de Salud del gobierno de Enrique Peña Nieto, fueron constantes las denuncias sobre diversos ilícitos referentes al narcomenudeo y a distintos episodios violentos dentro de las instalaciones de la UNAM y a éstos nunca se les brindó una solución. Estamos seguros de una cosa, si la situación llegó a este nivel es porque existe un gran desinterés y complicidad por parte de funcionarios de la universidad. El gobierno central de la UNAM prefiere guardar silencio y esperar a que los temas de violencia se mantenga con la más absoluta discreción.

Muestra de lo anterior es que las autoridades universitarias han evitado que la comunidad universitaria conozca la verdad detrás de los hechos de violencia en los años recientes; ocultando información, maquillando versiones de los hechos y confundiendo sobre los resultados de las indagatorias. Intentando con esto mostrar las situaciones de violencia como hechos aislados, sin ninguna relación entre sí; haciendo circular un ambiente de miedo entre la comunidad, contrario al que debería privar en estos momentos que es la búsqueda de la verdad para fomentar el debate y la búsqueda de soluciones para alcanzar la justicia.

También nos oponemos rotundamente a las propuestas de distintos grupos de poder que gobiernan la Universidad que plantean la entrada de la Policía o la Guardia Nacional en las instalaciones de la UNAM. Desde nuestra posición como clase trabajadora o campesina no olvidamos que la policía y militares son responsables del clima de violencia en México, perpetrando en muchos casos crímenes de estado. En México las instituciones represivas del estado no tienen legitimidad alguna ante los aberrantes crímenes que ha cometido. Sin embargo las autoridades universitarias consideran que este es el único camino para resolver la inseguridad en la UNAM. Pero debemos preguntarnos: ¿acaso queremos dentro del campus universitario a la misma policía que desapareció y vejó a Marco Antonio Sánchez el 24 de enero del 2018, la misma policía que violó a una menor de edad el pasado 3 de agosto del 2019 en Azcapotzalco, o las fuerzas armadas y policía federal que desapareció a 43 estudiantes y asesinó a 6 personas el 26 de septiembre del 2018?

Las tareas que tenemos por delante no son fáciles, pero no olvidemos las lecciones históricas que hemos aprendido año tras año en la guerra interna en México. De ninguna manera las autoridades se lograrán solucionar las problemáticas de inseguridad en las universidades, ante todo la organización es la respuesta para mejorar nuestras circunstancias y enfrentar de mejor manera las situaciones más alarmantes. 

¡El control no es sinónimo de seguridad!

¡Que la organización sea la respuesta ante la violencia!