Octavio Ugalde

Venimos de un año en el que el acceso a la educación pública se ha visto degenerado por la exclusión masiva de estudiantes en todos los niveles. Aunado a la precarización docente en instituciones públicas y privadas y a la diferenciación del acceso a la educación, sufriendo los estragos principalmente quienes tienen menos recursos, siendo excluidos y excluidas quienes están en la escala más baja de pobreza y por falta de acceso a servicios como el internet o computadoras.
Frente a la gran problemática de exclusión masiva de estudiantes por el confinamiento, la SEP encabezada por Josefina Jiménez, de MORENA, no propuso una salida para la clase trabajadora, sino que respaldó el pacto entre el estado y el empresariado tercerizando el acceso a la educación pública con empresas privadas y televisoras como Tv Azteca y Televisa. La tercerización en el acceso a la educación puso de manifiesto el tipo de régimen nacionalista burgués que caracteriza al gobierno de la 4T, pues el pacto con las empresas evidenció una salida que beneficia en millones de pesos a estas empresas, aunadas a las de internet y telecomunicaciones, que por décadas han atentado contra la educación pública del país a costa de un modelo educativo que sólo reprodujo la deserción masiva y la explotación laboral docente.
Por otro lado, el problema del acceso a la educación pública se encuentra ligado al problema de presupuesto y transparencia en el uso del mismo en universidades públicas y en la SEP. Todo el 2020 tuvimos un aumento igual a 0% en el presupuesto a la educación pública y vimos recortes presupuestales a institutos y universidades públicas metropolitanas y estatales, sumiéndose aún más en su tendencia a la privatización mediante el cobro y alza de cuotas de inscripción, posgrados y servicios.
Esta tendencia privatizadora, proviene del adelgazamiento del papel del Estado en la dictaminación de políticas públicas en beneficio de la clase trabajadora, a su vez originado en los ajustes presupuestales acorde a las políticas de privatización que desde la OCDE y el FMI consideran para los países dependientes al imperialismo Yankee.
Las burocracias antidemocráticas universitarias son quienes han mantenido intactas las estructuras de poder al interior de las universidades por décadas y han introducido paulatinamente las políticas privatizadoras al igual que los secretarios de Estado al frente de la SEP. Si analizamos el problema de manera descendente, podemos identificar que es la dependencia al imperialismo Yankee y a los pactos comerciales como el TMEC, lo que ha generado que exista una coerción económica y política para generar ajustes fiscales al presupuesto educativo, ligado a la concesión del acceso a la educación como mercancía a las empresas televisivas y de telecomunicaciones. Esto genera, por su lógica, una desregulación fiscal a lo interno de las universidades públicas que hace necesario, para no desconfigurar las relaciones de poder y privilegio de las burocracias institucionales, el cobro de cuotas, la reducción de matrículas, el adelgazamiento de basificación de trabajadoras y trabajadores así como de docentes. Todo esto se sintetiza en la privatización.
La crisis del sistema educativo es producto de una incansable lucha de clases y de la inminente supremacía de la política empresarial para beneficiarse de la educación pública. Es un problema estructural y es una tendencia que es aplicada en casi todos los países de América Latina, tomar como ejemplo a Chile, Brasil, Ecuador o Argentina, donde las estructuras educativas públicas se han desmantelado tras regímenes neoliberales, ahora la educación pública cuesta, aparte de pagar impuestos, hay que pagar cuotas de inscripción y permanencia y la única forma de hacerlo es endeudarse con los bancos.
Pero, por si fuera poco, a fines del 2020 e inicios del 2021 se ha puesto en la agenda del Congreso en México, la nueva Ley General de Educación Superior [1] en la cual se establece que el Estado es el garante de proporcionar el acceso a la educación pública superior, sin embargo, la ley da paso a la intervención de empresas para proporcionar servicios a partir del presupuesto público. Es decir, es una ley mañosa con tintes neoliberales. Esta ley fue propuesta por la bancada del PT y apoyada por una gran parte de MORENA y sobre todo por la ANUIES, estructura en la que figuran burocracias universitarias como fuerza social de permanencia de estructuras antidemocráticas en el país alineadas a los intereses empresariales junto con la COPARMEX y el Consejo Coordinador Empresarial.
Frente a esto, desde la Juventud Revolucionaria hacemos un llamado a organizaciones de la izquierda independiente, sindicales, estudiantiles, magisteriales y sociales, para analizar la ley y trazar un plan de acción para frenar su aprobación, poniendo en la agenda del Estado los intereses de la clase trabajadora como prioridad, en favor de un aumento presupuestal a la educación pública en todos sus niveles, por un aumento de la matrícula, por la basificación docente en todos los niveles y luchar contra la no concesión del presupuesto de la educación pública al sector privado, pugnando por la democratización de los órganos de gobierno de las universidades públicas así como del presupuesto total en manos de estudiantes, docentes y trabajadores.
En diversos estados siguen las movilizaciones contra el cobro de cuotas en universidades y contra la antidemocracia universitaria. En la UNAM se están planteando paros de docentes precarizados en exigencia de su pago justo y reconocimiento laboral. El terreno político está madurando, es preciso poner arriba de nuevo al movimiento estudiantil y discutir una salida nacional para el conjunto de estudiantes y docentes frente a la crisis educativa profundizada por la pandemia.

[1] Iniciativa que expide la Ley General de Eduación Superior: http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2020/09/asun_4069307_20200914_1600117998.pdf