La precariedad laboral que enfrenta la juventud en México no es un fenómeno coyuntural ni un simple desajuste del mercado, sino el resultado de décadas de ofensiva capitalista orientada a abaratar la fuerza de trabajo y consolidar la inserción dependiente de México en las cadenas globales de valor. En este proceso, el Estado funcionó como un instrumento para alcanzar dicho objetivo.
Desde la entrada del neoliberalismo en 1982 y hasta 2018, el Estado mexicano promovió la desregulación de las relaciones laborales a beneficio de empresas trasnacionales. Este proceso se cristalizó con la reforma peñista de 2012 a la Ley Federal del Trabajo, que legalizó esquemas de contratación flexible, como los periodos de prueba sin responsabilidad patronal, los contratos de capacitación inicial, el pago por hora y el régimen de subcontratación, conocido como outsourcing.
Este ataque contra los derechos de la clase trabajadora operó mediante una lógica institucional cuyo argumento central consistía en contener sistemáticamente los salarios para convertir los bajos costos laborales en uno de los principales atractivos para la inversión extranjera directa y, al mismo tiempo, evitar el aumento de la inflación. Bajo esta lógica, se prometía que las condiciones de vida de los trabajadores mejorarían.
Sin embargo, esta promesa resultó ser una mentira. La riqueza generada por la clase trabajadora no permaneció en México y la generación que se incorporó a la vida laboral entre 1990 y 2010 enfrentó el desvanecimiento de sus derechos establecidos en el artículo 123 de la Constitución, entre ellos la estabilidad laboral, la jornada máxima de ocho horas, la seguridad social, el derecho a la vivienda y una jubilación digna. En este contexto, la juventud se convirtió en un amortiguador de las crisis económicas y fue incorporada principalmente a sectores desregulados, como los servicios, la industria maquiladora y el comercio informal.
Según el INEGI, la población joven en México está conformada por las personas de entre 15 y 29 años. Este grupo representa casi una cuarta parte de la población nacional, con 31.3 millones de personas, de las cuales alrededor de 15.6 millones son económicamente activas. Antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, el panorama para la juventud era desolador. Para 2018, el salario mínimo había perdido más del 75 % de su poder adquisitivo comparándolo con un salario de la década de los ochenta; el encarecimiento de la tierra y la desregulación financiera habían expulsado a las personas jóvenes del mercado formal de crédito para la vivienda; gran parte de sus ingresos se destinaba a alimentos y transporte, y muchas abandonaban la educación superior ante la imposibilidad de solventar sus gastos. Sin embargo, después de ocho años de gobiernos encabezados por Morena, cabe preguntarse: ¿han mejorado las condiciones de vida de la juventud y, en particular, sus condiciones laborales?
Es claro que, durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, el Estado mexicano reorientó ciertos aspectos de la política laboral para contener los efectos del neoliberalismo, sin embargo, no se abordaron los problemas de fondo, sino que se administró la crisis laboral. Entre las medidas más destacadas se encuentran los incrementos anuales del salario mínimo, que pasó de 88 a 248 pesos diarios; la modificación de la Ley Federal del Trabajo para prohibir la subcontratación de personal en actividades preponderantes, pese a que en la actualidad este mecanismo sigue subsistiendo; el aumento de las vacaciones de seis a doce días después del primer año laboral; la creación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y la regulación del trabajo en plataformas digitales para brindar acceso a la seguridad social.
A pesar de estos ajustes regulatorios, las estadísticas muestran que la precariedad laboral de la juventud sigue siendo estructural. De acuerdo con la ENOE, en el segundo trimestre de 2024 la tasa de informalidad de la población joven se situó en 67.4 %, cifra muy superior al promedio nacional de 54 %. Esto significa que casi siete de cada diez jóvenes que trabajan carecen de estabilidad laboral, se encuentran al margen de la protección de la ley y quedan a disposición del patrón. Aunque las reformas permitieron regularizar a cierto sector de la mano de obra calificada, no tuvieron un efecto aparente en los procesos económicos en los que participa la mayoría de la juventud. A la falta de seguridad laboral se suma que 64 % de los jóvenes asalariados percibe ingresos insuficientes para cubrir el umbral de dos canastas básicas; es decir, recibe menos de un salario mínimo al mes.
Ante esta evidencia, resulta importante evaluar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Aunque fue presentado como una medida para combatir la precariedad e incorporar a la juventud al mercado laboral, en gran medida funciona como un subsidio indirecto a las empresas, pues reduce el costo de la contratación, incluso cuando esta es informal. El Estado financia durante un año el ingreso de los aprendices como fuerza de trabajo explotada; no obstante, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sólo alrededor de 20 % obtiene una contratación formal definitiva al concluir el programa. Para el resto, este funciona como un mecanismo de rotación continua de mano de obra subsidiada, que sustituye plazas permanentes y amortigua temporalmente las cifras de desempleo sin erradicar las causas de la exclusión.
En respuesta a la pregunta inicial, la precarización laboral de la juventud sigue presente. Las reformas implementadas por Morena contienen el problema dentro de los márgenes del capitalismo dependiente mexicano, pero no alteran las relaciones sociales de producción, el patrón de acumulación de la riqueza ni la dependencia económica, que constituyen las raíces de la precarización estructural de la juventud trabajadora.
La Cuarta Transformación busca garantizar la paz social y reactivar el consumo interno sin trastocar los intereses del gran capital financiero, las empresas transnacionales ni los conglomerados comerciales. La plusvalía extraída de la clase trabajadora joven se mantiene, persiste la inestabilidad en los procesos de trabajo y se debilita la contratación colectiva. Esto se manifiesta en una tasa de informalidad superior a 60 %. El progresismo en este sentido, administra las secuelas del modelo sin erradicar la raíz de la precarización: la propiedad privada de los grandes medios de producción y la mercantilización de la fuerza de trabajo.
¿Qué puede hacer la juventud? Durante el último año han surgido movilizaciones entre los sectores más jóvenes, como resultado del desgaste y de la conciencia de que sus derechos laborales, de vivienda, salud y educación están siendo vulnerados. El ejemplo más claro ha sido el movimiento contra la gentrificación y la llamada Generación Z. Para ello, la lucha en las calles es vital, igualmente la presión al legislativo es táctico y debe subordinarse a las asambleas de trabajadores y a la dirección de una política obrera en beneficio de las y los trabajadores y no del capital o las patronales.
Este planteamiento deja una gran pregunta: ¿cómo lograr que la clase trabajadora utilice los órganos legislativos como espacios de denuncia política y agitación revolucionaria, y no como una vía para beneficiarse e incorporarse a la burocracia estatal? Esto solo es posible mediante una organización propia e independiente de la clase trabajadora, articulada a través de un programa respaldadas por la juventud trabajadora que sintetice las luchas gremiales, sectoriales y regionales. De esta manera se evitaría que la energía de la clase trabajadora, y sobre todo de la juventud, se disipe en revueltas cíclicas o sea capitalizada por alternancias electorales que dejan intactas las bases de la explotación.
Este programa debe sostenerse necesariamente mediante la independencia política y de clase incondicional, romper toda alianza con los partidos de la burguesía —PAN, PRI y SOMOS y Morena (sobre todo por que su ala sindical está encabezada por Pedro Haces). También debe regirse por el control asambleario y rechazar el personalismo. Finalmente, debe definir un programa en el que las demandas de la clase trabajadora, incluidas las de las juventudes, mujeres y diversidades, se formulen como condiciones de movilización permanente para conquistar y transformar nuestras vidas.
Desde el Grupo de Acción Revolucionaria somos conscientes de esta necesidad y de que debemos sustituir el modelo económico actual por uno más justo, sin explotación. La socialización de los medios de producción bajo el control de la clase trabajadora no llegará sin un programa que permita conquistar mejoras inmediatas y preparar ofensivas mayores contra el capital. Por ello, invitamos a la juventud a organizarse con nosotros para luchar por un programa de la clase trabajadora: la conquista inmediata de una jornada laboral de 40 horas y dos días de descanso obligatorio; la erradicación de la simulación laboral y la becarización utilizadas por las empresas; un sistema cerrado de cuenta de capital que impida que la riqueza producida por los trabajadores salgan del país; la regulación de la vivienda para que deje de ser un negocio y se garantice este derecho; la nacionalización de las AFORES y abrogaciones de las leyes del ISSSTE del 2007 y del IMSS de 1997; un sistema nacional de cuidados público y gratuito, financiado con impuestos a las grandes fortunas. Estas y otras medidas permitirían avanzar en el mejoramiento de las condiciones laborales y de vida de la clase trabajadora.
