En abril del presente año Claudia Sheinbaum decretó la conformación del Comité de Científicos y Especialistas para la Evaluación de Gas Natural no Convencional el cuál se compone por alrededor de 54 especialistas, científicos y tecnólogos cercanos a la 4T. El fin es avanzar, según la presidenta, en la implementación del Fracking bajo mecanismos “sustentables” que permitan reforzar la soberanía energética nacional frente a la dependencia hacia EEUU. No obstante, esta medida lejos de representar un “beneficio” para el país, implica su subordinación a la cadena de valor energética de combustibles fósiles hacia el imperialismo, transfiriendo los costos ambientales-productivos y configurando su dependencia energética como país enclave maquilador orientado a la exportación de mercancías, gas y petróleo.
El Fracking o fracturación hidráulica es una técnica de extracción del subsuelo de gas y petróleo en yacimientos denominados “no convencionales” conformados por formaciones rocosas ubicadas a miles de metros bajo la superficie terrestre. La extracción de hidrocarburos en estos yacimientos requiere de la perforación de un pozo y de la inyección de millones de litros de agua y aditamentos químicos (en su mayoría tóxicos) que permitan la fracturación de rocas (como el esquisto o las lutitas bituminosas) en las que se encuentran los minerales.
El problema con este método de extracción es su alto impacto ambiental, ya que: 1) el Fracking requiere millones de litros de agua, lo que potencialmente agota recursos de comunidades con estrés hídrico; 2) al inyectarse grandes cantidades de agua mezcladas con arena y aditamentos químicos (como el benceno o el metanol, entre otros) para producir fracturas, estos pueden filtrarse en mantos freátricos alterando el ecosistema con elementos altamente tóxicos y cancerígenos para poblaciones cercanas; 3) las perforaciones y extracción implican fugas de metano, un gas aún más contaminante que el Co2 para la capa de ozono y el aire y 4) el Fracking además de transformar el entorno a partir de la construcción de plataformas e infraestructura pesada, genera sismicidad inducida al fracturar el subsuelo, repercutiendo en la formación de fallas y alteraciones en comunidades aledañas.
Este método se ha practicado en México desde hace décadas, principalmente por PEMEX en Veracruz y Tamaulipas, sin embargo, desde inicios del siglo XXI ha adquirido un papel importante como parte de la lógica de acumulación capitalista de EEUU en la que México es un enclave estratégico, extendiendo su práctica hacia Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y San Luis Potosí. Esta lógica de acumulación responde a la necesidad de EEUU de reconfigurar la correlación de fuerzas en el mercado internacional que le permita seguir sosteniendo su hegemonía, a partir de la cadena de explotación de gas y petróleo en el que el fracking es estratégico como método que redobla ganancias generando nuevas dependencias y controlando mercados.
EEUU se ha convertido en el siglo XXI en el principal productor y exportador de gas natural del mundo, situación en donde la guerra comercial y militar frente a China, Rusia y países de Oriente Medio, así como su injerencismo en América Latina ocupa un lugar prioritario como principio reordenador geopolítico para la extracción de recursos. México por su parte es el principal importador a nivel mundial de gas natural de EEUU, lo que lo posiciona como su principal consumidor, además de servir de plataforma de exportación de mercancías y conducto de gas hacia Asía, por medio de megaproyectos que le permiten amplificar el control del territorio mexicano como parte de la infraestructura y mercado de producción, licuefacción y exportación de gas útil a la cadena de valor industrial imperialista.
La acumulación de capital basada en la explotación de energía fósil
A través de corredores ubicados en Texas y Luisiana en EEUU, México importa entre el 75% y 77% del gas natural que consume para la generación de electricidad, necesidades sociales e industria, lo que pone de manifiesto la total dependencia y subordinación del país. Pese a que la 4T define que su política energética es soberanista y heredera de las luchas históricas posrevolucionarias (conectadas con el Cardenismo), sus postulados se desmoronan al supeditarse al régimen energético fósil de EEUU mediante “acuerdos” comerciales” que benefician los intereses productivos y extractivos de empresas trasnacionales como Exxon, Chevron o Sempra (compañías petroleras que además tienen fuertes inversiones en gas).
Sin embargo, las industrias petroleas y gaseras no son las principales beneficiarias de la extracción de gas y petróleo a partir del Fracking en EEUU y México, es el capital financiero asociado a monopolios gigantescos como Black Rock, Vanguard o State Street (la riqueza de los dos primeros es equivalente a 14 veces el PIB de México y 4 veces el de América Latina, por ejemplo). Son principalmente estos monopolios los que acaparan el 80% de la propiedad de las empresas petroleras y gaseras, a partir de bancos de inversión y fondos de gestión de activos, los cuales los convierten en los principales accionistas de las empresas energéticas. En este sentido son las grandes corporaciones financieras las que controlan los mercados, producción, transporte e inversión de la energía fósil en occidente y particularmente en América Latina.
Lo anterior nos permite observar que el imperialismo occidental encabezado por EEUU asienta su hegemonía productiva, industrial, armamentista y financiera sobre los pilares del régimen de acumulación mediante la explotación de la energía fósil, particularmente del gas extraído a partir del Fracking. En este sentido, la expansión del Fracking para EEUU ha significado su salvavidas para contrarrestar la crisis petrolera que viene arrastrando desde los años 80 y que se profundizó con la crisis especulativa del 2008.
Del año 2000 al 2023 su producción de gas natural ha aumentado de 2% al 78% a través de esta modalidad extractiva, a partir de lo que Mateo Crossa (2026) denomina como la Revolución del esquisto, es decir, la explotación de yacimientos ricos en gas que desde la década de los años 90 comenzaron a explotarse de forma sistemática en EEUU, lo que le ha permitido crear nuevos mercados extractivos y cadenas de valor dependientes a su control. En este sentido, las guerras en búsqueda de mercados de gas son la apuesta del imperialismo. La crisis energética desatada en Europa tras la guerra entre Ucrania y Rusia es el claro ejemplo, la cual desde el año 2022 interrumpió la cadena de suministro de gas natural de Rusia hacia Europa, lo que generó una inflación abismal sobre los hombros de la clase obrera y encareció el costo de la vida, y obligó a los países europeos a suministrar el gas para su producción y abastecimiento social por medio de los conductos de EEUU.
Del 2022 al 2026 Europa pasó de importar del 22% al 66% del gas natural total que consume y se estima que para el 2028 puedan aumentar a 80% las importaciones si se mantiene la guerra en Ucrania. Esta situación implica que la permanencia de la guerra en Europa del Este a quien termina beneficiando principalmente es al imperialismo occidental encabezado por el capital financiero, ya que no solo se benefician de la venta masiva de armamento y endeudamiento ucraniano, sino que incorporan a Europa a la cadena de suministro de gas natural, generando una nueva dependencia hacia su economía energética fósil.
EEUU y la disputa de la arquitectura energética mundial
Esta situación nos permite comprender como EEUU intenta reorganizar su hegemonía frente a China, mediante su influencia en regiones a partir de una guerra comercial y bélica en la que la ampliación de mercados energéticos implica la intervención militar, el financiamiento de golpes de Estado, las amenazas de invasión y la manipulación arancelaria, así como el financiamiento de sectores ultraderechistas y narcotraficantes que controlen zonas de influencia. La invasión a Irak, Libia, Siria, Palestina, etc., en Oriente Medio a inicios del año 2000 para extraer petróleo; la reciente guerra contra Irán por el control del estrecho petrolero de Ormuz; las amenazas injerencistas y arancelarias en Japón, Corea del Sur y Taiwán en Asia, así como en Europa, Canadá y México; el secuestro de Nicolas Maduro y Cilia Flores, la privatización petrolera Venezolana y la conformación del Escudo de las Américas integrado por gobiernos ultraderechistas en América Latina, forman parte de avanzada imperialista que EEUU intenta seguir sosteniendo a toda costa con el capital financiero como su principal inversor y el sionismo y la ultraderecha como sus rostros políticos.
En nuestra perspectiva no nos encontramos en un momento “multipolar” ni tampoco en un “tecnofeudalismo” como intentan caracterizar las instituciones académicas liberales en donde pareciera que el capitalismo se equilibra y los grandes capitales se reparten los mercados sin centros de disputa. Nos encontramos en un momento de capitalismo de guerra en el que la arquitectura energética, industrial y financiera mundial está en disputa, en la cual la cadena de valor energética fósil representan una de las principales estrategias sostenedoras del imperialismo occidental frente a China. Es en este contexto internacional en el que México ubica su política energética.
México como enclave maquilador orientado a la exportación
La principal demanda de energía de gas natural se encuentra en el sector industrial y maquilador en México, particularmente empresas relocalizadas con matriz en EEUU y Canadá. La expansión de la manufactura e industria de ensamblaje en el país está orientada a la exportación y dependencia al gas importado. Esta situación impide la aplicación de una política energética soberana, ya que la tutela energética no se encuentra en el Estado, sino en las empresas energéticas trasnacionales, maquiladoras y en última instancia en el capital financiero, que reorganizan la cadena de valor fósil dentro del territorio mexicano. En 2023 el 60.9% de productos energéticos refinados consumidos en México procedían de EEUU, aunado a la crítica situación de dependencia de más del 75% de importaciones en gas natural para sostener la industria y la generación de electricidad, el país padece de un proceso de subordinación crítica de su política económica.
De esta manera, la política de implementación de una modalidad de Fracking “sustentable”, lejos de beneficiar al “rescate de la soberanía” significa la supeditación del país a las necesidades productivas y de exportación de EEUU, además de asumir los costos ambientales y sociales que implica la transformación de ecosistemas y comunidades en plataformas de extracción, licuefacción y exportación de gas natural a beneficio de una producción que es controlada por las empresas extranjeras.
El Plan México impulsado recientemente por la 4T ejemplifica perfectamente esta modalidad de transformación ambiental y social del territorio en beneficio del gran capital, en la cual el Estado invierte en infraestructura para atraer la inversión extranjera directa (IED) que permita captar recursos fiscales y redirigirlos a sectores estratégicos denominados “polos de desarrollo” en una especie de reindustrialización regulada por el Estado atrayendo inversión maquiladora, automotriz, electrónica y farmacéutica, con el fin de aumentar el 15% de contenido nacional en estos mismos sectores ampliando el espectro de integración de empresas mexicanas como proveedoras; no obstante, esta iniciativa a pesar de que puede favorecer en alguna medida la recaudación fiscal y el impulso de empresas de carácter nacional, el TMEC mediante mecanismos arancelarios y producción con reglas de origen, impide que México pueda impulsar un modelo de sustitución de importaciones y creación de tecnología propia, para depender de la importación de semiconductores, componentes electrónicos, acero, aluminio y maquinaria de EEUU para el ensamblaje de productos con mano de obra barata únicamente.
Otro ejemplo son los megaproyectos como el Corredor Interoceánico o el gasoducto Puerta al Sureste en Veracruz, proyectos dedicados a transformar áreas útiles a la inversión, libres de impuestos y aranceles, supervisados por grandes corporaciones extranjeras y enramadas con la cadena de exportación de gas natural de EEUU proveniente de Texas y Luisiana, particularmente para la explotación de gas de lutitas (gas shale) lo que convierte a México en una plataforma de exportación de gas y de importación para el consumo y la industria, favoreciendo la cadena de dependencia energética al imperialismo. Por último, el denominado Plan Sonora también forma parte de la materialización de la agenda imperialista energética en México, a partir del cual se ha proyectado construir plantas de licuefacción de gas natural a lo largo del pacífico y el Golfo de México dirigidas a la exportación hacia países en Asia como Japón y Corea del Sur, evitando los costes que implica transportar el gas por el Canal de Panamá para las empresas trasnacionales.
Estas inversiones e integración de México a la cadena de valor de gas natural de EEUU responden a los mecanismos de presión que desde el TMEC se ejercen a partir de la reforma energética implementada por Enrique Peña Nieto en 2013. En dicho periodo, se extendieron contratos a empresas energéticas trasnacionales las cuales exigen que el Estado mexicano les otorgue garantías para invertir en exploración y explotación de gas shale, de negarse el Estado tendría que pagar multas millonarias por violar el TMEC; por otro lado, se incorporó a México como el principal consumidor de gas proveniente de Texas a partir del boom de fracking que experimentaron a inicios del siglo XXI con el fin de transformar al país en una plataforma dependiente de importación de gas estadounidense.
La actual presidenta Claudia Sheinbaum pese a declarar el “no Fracking” como promesa de campaña, planteó la apuesta por un “Fracking sustentable” como medida que permita extraer el hidrocarburo sin violar principios ambientales y sin tocar el agua dulce de las comunidades. Para ello el Comité de Científicos y Especialistas plantearon la posibilidad de exploración y estudios de viabilidad en la cuenca de Burgos en Tamaulipas, extendiéndose por Nuevo León y Coahuila, así como la cuenca Sabinas-Burro localizada en Coahuila y Nuevo León; por otro lado, prohibieron la extracción de gas en la cuenca de Tampico-Misantla en Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla por su inviabilidad social y ambiental, pese a existir contratos heredados desde el 2013 a empresas trasnacionales en esa zona.
Desde nuestra perspectiva, la inversión del Estado en este tipo de infraestructura extractiva responde a una política neodesarrollista que encuentra su contradicción con la cadena de valor energética controlada por el imperialismo occidental, comandado por el capital financiero y las empresas energéticas de EEUU y amarrado por las condiciones restrictivas del TMEC. En este sentido, la política energética de Estado se incrusta en un modelo de industria basado en la recuperación de la soberanía nacional a costo de la transferencia de costos de extracción de hidrocarburos al país. En este sentido, el rescate de la soberanía nacional no podrá realizarse sino se propone la ruptura principalmente del TMEC que quite los candados arancelarios y productivos en materia energética, lo que implica abrir el campo de innovación tecnología propia y de reforzamiento de la industria de capital nacional y social, por otro lado, es indispensable revertir la reforma energética neoliberal peñista que ponga en manos del Estado el control de la industria energética nacional quitando las manos de los privados en territorio mexicano.
La reorientación de la política energética nacional pasa por la necesaria ruptura de los “tratados” que impongan mecanismos de subordinación de la economía nacional a empresas trasnacionales y nacionales, siendo el Estado el que planifique y dirija la producción. La industria energética nacional no podrá realizar ninguna transición energética soberana si antes no se rompe con el imperialismo y con su agenda extractiva en territorio mexicano. El “Fracking sustentable” no solo contrae contradicciones sociales y ambientales, sino que se incrusta en un momento histórico en el que EEUU hará a toda costa revivir su hegemonía frente a China con base en la acumulación de capital basado en energías fósiles, haciendo de toda apuesta por la reindustrialización un factor de integración útil a la cadena de valor trasnacional.
Todo esfuerzo soberanista que se plantee dentro de los marcos restrictivos de la cadena de valor energética de EEUU y que no se proponga la progresiva estatización de la industria energética en su totalidad bajo control obrero y popular, estará acotado a administrar la crisis de hegemonía de EEUU y a supeditarse a los intereses de las corporaciones extranjeras, lo que limita a México a un papel de proveedor de mano de obra, recursos naturales e insumos orientados a la exportación de capital.
