En 1994 Carlos Salinas de Gortari firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos, llevando la economía y la política mexicana a los designios del capital industrial y financiero estadounidense. Esto generó un impacto negativo en el campo, promovió una migración masiva de pueblos y comunidades indígenas al norte, abrió una serie de privatizaciones de la industria nacional (desmantelando casi por completo el sector energético), amplificó el empleo informal y subordinó la política estatal a Washington. 26 años después, Andrés Manuel López Obrador decretó “el fin del neoliberalismo” anunciando una transformación del Estado y la economía fuera del domino exntranjero; sin embargo, dos años después firmó junto a Donald Trump el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) como una actualización del anterior, pero con mayor marco de beneficio para los vecinos del norte en materia laboral, industrial y agropecuario.
Este 1 de julio de 2026 se iniciaron las revisiones anuales de dicho “tratado” hasta el 2036 para valorar su actualización y posible ratificación alcanzando un nuevo periodo incluso hasta el 2042. La presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense Mark Carney insistieron en su ratificación pronta ya que “beneficia” a las tres naciones. Trump por su parte ha sostenido que no está interesado en ratificarlo, pese a que su equipo ha confirmado el interés en la realización de renegociaciones. En este contexto no preguntamos: ¿En qué ha beneficiado dicho tratado? ¿En quién reside la decisión para ratificar un tratado comercial que en los hechos ha generado una profunda dependencia y subordinación política y económica al imperialismo norteamericano? ¿Cuáles son las implicaciones de continuar con el TMEC para la clase trabajadora y en particular para las pueblos y comunidades indígenas?
Al respecto, el Dr. Alberto Montoya Martín del Campo, especialista en economía y políticas de Estado, en su reciente libro: Principio de Soberanía: Fundamentos del proyecto histórico de México en el siglo XXI, afirma que el TMEC ha convertido a México en una colonia maquiladora subordinada económica, jurídica y productivamente a Estados Unidos, lo que ha generado el desmantelamiento de la soberanía nacional y la planificación del Estado a beneficio del capital extranjero. En este sentido, expone que el crecimiento anual entre 1935 y 1982 (periodo en el que el Estado tenía un control fuerte sobre la planificación económica y productiva) fue del 6.1% anual, mientras que a partir de 1983 (periodo en el que comienzan a realizarse reformas de liberalización de la economía al capital extranjero) el crecimiento cayó a 2.8% anual y desde el 2018 este apenas alcanza el 1% pese a las promesas de desarrollo para México.
Dicho lo anterior, el desarrollo ha sido únicamente a beneficio de un grupo reducido de corporaciones extranjeras que acaparan el 75% de las exportaciones nacionales, por lo que el TMEC brinda crecimiento y desarrollo únicamente a grandes firmas vinculadas al capital industrial maquilador, automotriz, financiero y agroexportador. Además, la inversión extranjera que acumula utilidades en territorio nacional lejos de reinvertirse en México sale del país, lo que promueve la transferencia de valor hacia los centros imperialistas, generando la imposibilidad de un desarrollo industrial nacional y promoviendo condiciones de dependencia generalizadas a la acumulación capitalista estadounidense.
La presión económica y guerra comercial, en este sentido, se vuelven un factor relevante de reconfiguración económica ante la decadencia imperialista que sufre Estados Unidos obligando a países a realizar reformas económicas, energéticas e industriales que abran el mercado al capital extranjero. Son fracciones específicas del capital trasnacional las que empujan esta cruzada imperialista. En este contexto, en México la presión vía aplicación arancelaria responde a esta necesidad de administrar la crisis de hegemonía estadounidense en el que las exportaciones de mercancías producidas y ensambladas en el país respeten los “acuerdos” de origen que establece el TMEC, es decir, que no salgan del control comercial del vecino del norte y que pongan un freno a la influencia China.
De esta manera, la prioridad productiva del país no es la amplificación del mercado interno, sino la satisfacción del extranjero. Dicho lo anterior, de acuerdo con la Secretaría de Economía, el 85% de los productos exportados a Estados Unidos estarán exentos de aranceles, lo que beneficia al mercado de dicho país y reducirá los costos de producción a las empresas principalmente del sector industrial automotriz, de maquinaria y electrónico relocalizadas en México, esto a cambio de una homologación de derechos laborales entre los tres países, supeditando las normativas laborales y sindicales al control de los organismos revisores del TMEC (lo que pone en entredicho la democracia sindical). Esto implica que menos de una cuarta parte de la fuerza de trabajo en México se vería beneficiada mientras el resto estaría al margen de dichos “beneficios”. Por otro lado, frente a los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas e indígenas, hay afectaciones ya que el TMEC permite el reconocimiento de estos derechos mientras nos interfieran con las reglas del comercio, los servicios y las inversiones, lo que pone en entredicho derechos constitucionales, así como recursos naturales y los subordina a un “tratado” comercial que se pone incluso por encima de la Carta Magna y del Estado.
Al respecto diversas organizaciones sociales, políticas, indígenas, campesinas y sindicales entre ellas la Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social (ANICS) y el Grupo de Acción Revolucionaria (GAR) han puesto en marcha foros y asambleas informativas a nivel nacional, así como una campaña de recolección de firmas para convocar a una consulta popular rumbo al 2027 que ponga freno al TMEC por la vía legal a la tentativa del gobierno mexicano de ratificar este tratado que en los hechos ha traído despojo de pueblos y comunidades, precarización laboral, entrega de recursos naturales, subordinación económica y productiva, y el desmantelamiento de la soberanía y capacidad de planificación del Estado. El fundamento recae en la constitución, ya que de acuerdo con el artículo 39 la soberanía nacional; el artículo 35 plantea que la ciudadanía y el pueblo en general pueden demandar consultas populares sobre asuntos de carácter nacional en el que se inserta la inviabilidad del TMEC.
Desde nuestra perspectiva no puede haber soberanía nacional ni se le puede poner fin al neoliberalismo ni a las pretensiones privatizadoras de la ultraderecha únicamente mediante el discurso si se continua bajo la subordinación económica y política al extranjero. En un momento de encrucijada internacional marcada por la guerra y el genocidio, por las amenazas de invasión y el bloqueo arancelario, resulta indispensable romper la ilusión de que el desarrollo es equiparable al modelo capitalista estadounidense y a la continuidad de un tratado que equipara “el derecho al libre comercio” al derecho humano al agua, a la alimentación digna y la soberanía nacional. Es momento de romper con el TMEC y establecer alianzas con otros países de América Latina, generando bloques de contrapeso que permitan salir de la dependencia, poniendo en el centro de la agenda la recuperación de la industria y la planificación de la economía nacional, en el que los derechos de los trabajadores, de las mujeres, diversidades, de la juventud y de los pueblos y comunidades afromexicanas e indígenas, así como los recursos naturales no se vulneren por los intereses del capital trasnacional ni nacional. La unidad en defensa de la soberanía nacional en este sentido debe ser con el pueblo trabajador y campesino y es el pueblo el que en última instancia debe decidir si quiere seguir siendo una semicolonia o transformar las condiciones económicas de fondo.
Para más información de la campaña informativa para romper el TMEC visita la página:
https://consultapopulartmec.org/carta-ciudadana
