Isaías González
El miércoles 10 de abril, Anayeli Noemí fue asesinada al interior de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la Unidad de Derecho. Aproximadamente a las 18:40 horas, Anayeli de 22 años, fue ejecutada con arma de fuego, impactada en múltiples ocasiones. Resulta indignante que Anayeli tenía dos policías estatales como escoltas, al estar protegida bajo un programa estatal, ya que había demandado a “un ex comandante de la Policía Ministerial” [1] por intento de secuestro. Sin embargo, al momento de ser asesinada ningún elemento de protección la acompañaba.
Minutos posteriores al asesinato, la zona universitaria que compone las Unidades de Derecho, Ingeniería y Estudios Nucleares, fue desalojada por la policía. Al realizarse las investigaciones periciales del asesinato contra Anayeli en la Unidad de Derecho de la UAZ, Marco García Benavides, de 30 años, quien se dedicaba a vender accesorios de teléfonos y reparar celulares, fue sometido, golpeado, asfixiado y asesinado por la policía de la FGJZ.
El director de la policía de investigación, Héctor Manuel Martínez, el día 17 de abril en conferencia de prensa, afirmó que Marco al acercarse a la zona acordonada en la Unidad de Derecho, sacó un arma blanca y la policía lo sometió para arrestarlo, pero una vez arrestado supuestamente presentó problemas respiratorios y finalmente falleció. En la misma conferencia de prensa, el director Héctor, respaldó el actuar de la policía y dijo que el arresto fue “de manera correcta”.
Víctor Manuel Guerrero García, director general de los Servicios Periciales de la FGJE, contradice lo expresado por el director de la policía de investigación. De acuerdo a la necropsia aplicada al cuerpo de Marco, su muerte fue provocada directamente por los golpes ocasionados por la policía.
Ericka García Benavidez, hermana de Marcos, denunció que la Policía Ministerial obstruyó la búsqueda de su familia para localizar a su hermano. Marco murió el miércoles 10 de abril, pero sus familiares supieron de su muerte hasta el domingo 14 de abril, pese a que Ericka ya había contactado a los agentes ministeriales días previos. Ninguna agencia del estado les notificó la muerte de Marco. Ericka encontró el cuerpo de su hermano al buscarlo en la SEMEFO. Además, la Policía Ministerial criminalizó a Marco, al cuestionar a Ericka el por qué su hermano estaba en la UAZ si él no estudiaba en la universidad. Finalmente, Ericka comenta que la supuesta arma que portaba Marco era una navaja que utilizaba en su trabajo, y que de ninguna manera media 15 o 20 centímetros, como dice la policía de investigación.
Para el jueves 11 de abril, el Frente de Estudiantes de Zacatecanos Unidos convocó a los universitarios para marchar. La manifestación inició en la Preparatoria no. 1, para llegar a la Unidad de Derecho, guardando un minuto de silencio cuando se arribó al sitio en donde fue asesinada Anayeli. Sin embargo, para los universitarios zacatecanos no es la primera vez que se marcha por el asesinato de una compañera o compañero.
Violencia contra estudiantes de Zacatecas
El 4 de agosto del 2014, Edith salió de su domicilio rumbo a una tienda, nunca regresó. Hasta el día de hoy sus familiares siguen buscándola. Edith Marimar fue víctima de desaparición forzada a los 18 años de edad, quien iba a ingresar a la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la especialidad de geografía.
Claribel “N” de 14 años fue asesinada el 5 de octubre del 2016. Claribel estudiaba en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Zacatecas (Cecytez). Claribel fue secuestrada el 29 de septiembre, días posteriores a su privación de la libertad, la policía estatal de Zacatecas realizó un operativo anti secuestro, en donde el fuego cruzado impactó a Claribel, quien fue hospitalizada durante una semana, hasta que finalmente falleció.
El 27 de septiembre del 2016 fue secuestrado Javier Eduardo Díaz González de 27 años, estudiante de economía de la UAZ. Los hechos ocurridos sucedieron a las afueras de su domicilio, en el municipio del Fresnillo, hasta el día de hoy sigue desaparecido.
El 8 de septiembre del 2017 asesinan a Luis Tovar de 28 años y a Luis Daniel Félix de 20 años, estudiantes de veterinaria de la UAZ. Los estudiantes iban a bordo del automóvil de Luis, cuando un grupo de asaltantes intentó despojarlos de su vehículo, entonces Luis y Daniel fueron impactados con armas de fuego y resultando asesinados. A partir de este caso se reporta la primera manifestación universitaria por parte de la UAZ.
Cynthia Nayeli, de 16 años, estudiante de la Preparatoria 1 de la UAZ, fue víctima de feminicidio. El 13 de octubre Cynthia fue desaparecida, cuando se trasladó de su casa hacia su preparatoria, tres días después su cuerpo fue hallado sin vida.
El 23 de septiembre del 2018 asesinan a Mario “N”, de 25 años de edad, quien era estudiante de medicina de la UAZ. Su asesinato se realizó cuando salió de su domicilio e intentó ingresar a su automóvil, cuando dos sujetos le dispararon con armas de fuego, quitándole la vida.
El 4 de octubre del 2018 Paloma Jacaranda de 20 años de edad, estudiante de derecho de la UAZ, fue víctima de feminicidio. El 27 de septiembre Paloma decidió salir a ejercitarse, pero fue secuestrada, días posteriores se encontró su cuerpo sin vida.
Zacatecas: el gobernador Tello es cómplice de la violencia
María de la Luz Domínguez, presidenta de Derechos Humanos del estado de Zacatecas, llamó enérgicamente al Estado para que las familias tengan procuración de justicia y derecho a información de los casos. También, indicó la gravedad de especulaciones realizadas en medios de comunicación y redes sociales, en “los cuales re victimizan, criminalizan y estigmatizan a las víctimas directas, y ponen en peligro la vida y la integridad física de otras personas” [2]. Aunque no sólo medios o redes sociales criminalizan, el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, afirmó que el asesino de Anayeli fue un sicario de los “Talibanes”, contratado por su ex pareja. Esta declaración se da cuando la investigación está en curso, dando información cuando únicamente había transcurrido un día del asesinato.
Increíblemente Alejandro Tello en distintas entrevistas restó importancia al asesinato de Anayeli y en general al ambiente de violencia en Zacatecas. Mencionó que su estado es el número 27 en índice de violencia a nivel nacional, criminalizando a la sociedad zacatecana, al exponer que las víctimas de violencia tienen relación con el narcotráfico, que si existe mayor percepción de violencia en Zacatecas se debe a la supuesta disputa de 5 cárteles por el territorio, aunque nunca explica en qué datos se respalda o qué investigaciones lo indican. Como lo menciona Oswaldo Zavala en su libro “Los cárteles no existen. Narcotráfico y cultura en México”, la guerra entre cárteles es un uso retórico del estado mexicano, sin que existan pruebas contundentes que la violencia es provocada por narcotraficantes.
La Colectiva 8M Zacatecas, en su posicionamiento “Ante la violencia en Zacatecas”, exponen que la situación de violencia en el estado es producto del nulo sistema de justicia, en donde la impunidad es regla y es inexistente la procuración de justicia. Particularmente en la violencia de género, el gobernador Tello, al solicitar a la federación una declaratoria de Alerta, fue únicamente propaganda de su gobierno, dado que no ha destinado recursos a las dependencias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia feminicida [3]. Podemos concluir, que el aumento de la violencia es responsabilidad del estado de Zacatecas al no procurar justicia ni reparación de daño, o inclusive por ejercer violencia contra la población, como en el caso de Marco, quien fue asesinado por la policía.
Detengamos propuestas de militarización en las universidades
Sobre las autoridades universitarias, resalta el incumplimiento del rector de llevar un diálogo con el gobernador de Zacatecas, además, al interior de la UAZ la injusticia también es norma, mostrando desinterés a la violencia de género. Por su parte, el rector de la UAZ, llamó a la sociedad zacatecana a que impere la calma, dando pie únicamente simulaciones y sin comprometerse a buscar nuevas soluciones ante la violencia.
La ANUIES [4] con motivo de la masacre contra Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, asesinados por el ejército mexicano el 19 de febrero del 2010 en el campus del Tec de Monterrey en Nuevo León, elaboró los documentos “Manual de seguridad para instituciones de educación superior: estrategias para la prevención y atención el 16 de abril del 2011”, y “La seguridad en instituciones de educación superior: estado actual y recomendaciones”, publicado el 8 de marzo del 2012. En los dos manuales elaboran una propuesta de militarización de las universidades. Con esto únicamente pretenden cuidar a los universitarios al interior de los campus, pero desligándose de responsabilidad fuera de las instituciones.
Cabe mencionar que la ANUIES jamás contribuyó o exigió a la federación el crimen de estado perpetrado contra Jorge y Javier, únicamente utilizaron sus muertes como pretexto para impulsar la militarización de las universidades a nivel nacional. Lo mismo ocurrió con el feminicidio de Lesvy Osorio Berlin en la UNAM. La rectoría no apoyó a los familiares para aclarar el caso, sin embargo a raíz del caso de Lesvy y del asesinato de dos personas el 29 de enero del 2018 en Ciudad Universitaria, implementaron el modelo de militarización de la ANUIES.
Exigimos a las autoridades universitarias y estatales que asuman su responsabilidad con la comunidad universitaria. Está más que demostrado que las acciones restrictivas no funcionan, por el contrario, se expone aún más a la comunidad. La seguridad no es sinónimo de control. Hacemos un llamado a la comunidad universitaria a nivel nacional para que estemos atentos y encontremos soluciones, para poner un fin a esta situación de riesgo y violencia que se vive al interior del campus universitario.
Los cuerpos represivos del estado, quienes por omisión u acción, son culpables del aumento de la violencia en nuestro país, no pueden ser los responsables de nuestra seguridad. No olvidemos el 26 de septiembre del 2014, cuando se demostró que el estado mexicano participa en la violencia contra la población. Exijamos que todos los casos de violencia tengan justicia, que familiares de víctimas tengan total derecho a información de los casos, y que si existen crímenes de estado, el estado responda ante sus acciones.
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