Odette Morales

En los últimos dos años, 2019 y 2018, en la UNAM predomina un ambiente de inseguridad y violencia,  y son los estudiantes quienes están más expuestos. Día con día se presentan nuevos casos de actos delictivos y violentos dentro de las instalaciones de la UNAM y quedan evidenciadas las deficiencias en las medidas y protocolos de seguridad con los que cuenta la Universidad; donde las y los estudiantes deberían de sentirse seguros y libres de riesgo, al contrario, asisten a clases con miedo de ser víctimas de la inseguridad que existe en los campus.

El 29 de abril del presente año, la alumna de CCH Oriente Aideé Mendoza fue asesinada en su salón de clases al recibir un impacto por arma de fuego. El origen de la bala que causó su muerte aún es desconocida y hasta el momento ninguna de las respuestas de la PGJ o las autoridades universitarias sobre la investigación del caso han sido claras ni concisas. Se tratan de versiones contradictorias que, en general, atribuyen la muerte de Aideé a una bala perdida. Pero sí coinciden  en que el tiempo que se tomó antes de la atención hacia la joven de 18 años fue excesivo y el cuerpo médico del plantel no tomó las medidas necesarias para atender una herida como la que presentaba. Además de que dejaron un espacio de dos horas entre el momento del impacto y el desalojo del plantel.

Tan sólo 10 días después de que se suscitara el caso de Aideé, hubo una detonación en la Facultad de Filosofía y Letras a causa de, según relatan los presentes en el lugar, una riña entre vendedores ambulantes de dicha Facultad. Las actividades en el plantel continuaron con normalidad, con una pobre respuesta por parte del cuerpo de seguridad, de la dirección y rectoría al respecto. Lo cual dio pie a muchas especulaciones sobre las causas de la riña y quiénes fueron los involucrados.

El caso más sonado en los últimos meses ha sido el que se dio el pasado 3 de septiembre, cuando estudiantes en su mayoría de CCH Azcapotzalco, acompañados por compañeros de otros planteles  se manifestaban pacíficamente en la explanada de rectoría y fueron atacados por grupos porriles con palos, explosivos y armas punzocortantes. A pesar de estar a unos cuantos pasos de la torre de rectoría, la respuesta de las autoridades universitarias y del cuerpo de Vigilancia fue prácticamente nula. Varios de los presentes resultaron heridos y un estudiante de la Preparatoria  6 y uno del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras fueron hospitalizados por heridas de gravedad. Esto desencadenó una serie de movilizaciones estudiantiles que exigían la expulsión de estos grupos porriles de la universidad. Además, la comunidad estudiantil exigía al rector una respuesta ante lo ocurrido, ya que este ataque dejó ver la indiferencia que tienen las autoridades universitarias hacia la seguridad e integridad de su comunidad estudiantil.

El cuerpo de Vigilancia UNAM tiene la tarea de proteger y salvaguardar la integridad física y moral de la comunidad universitaria y de sus bienes patrimoniales (1). Sin embargo, cuando se han dado sucesos que comprometen la integridad de las y los estudiantes, ha sido evidente que no existen protocolos de acción que se puedan seguir para cumplir con esta tarea. Ante la presencia regular de grupos de narcomenudeo en el campus de Ciudad Universitaria,se tomó la medida de instalar rejas y torniquetes en la zona de frontones con el fin de controlar el acceso a estas áreas que deberían ser de libre acceso. Esto lejos de resolver de alguna forma la problemática, la incrementó. En febrero de 2018, hubo una balacera a unos pasos del anexo de Ingeniería y de la Facultad de Contaduría y Administración. Ésta tuvo como resultado la muerte de dos hombres que supuestamente pertenecían a grupos de narcomenudistas que disputaban un lugar para operar en esta zona. Pero estos no fueron los primeros balazos en ser denunciados por la comunidad. Días antes, se dio aviso de una detonación en ese mismo lugar, lo cual no tuvo respuesta alguna por parte de las autoridades, el incidente no volvió a mencionarse y no fue hasta que se suscitó la segunda balacera que el rector Graue emitió una declaración al respecto. Hasta la fecha, las rejas y acceso controlado continúan en la zona de frontones. A pesar de que quedó claro que estas medidas de seguridad no sólo son deficientes, sino que ponen aún más en riesgo y exponen a las y los estudiantes que ya no pueden transitar libremente por las áreas comunes y de recreación del campus.

Todos estos sucesos se suman a la cotidianeidad de asaltos, desapariciones y agresiones hacia los universitarios que se viven tanto en Ciudad Universitaria como en el resto de los campus de la zona metropolitana. La Universidad sólo protege su prestigio, mantiene este tipo de actos violentos con la mayor discreción, buscando la salida más rápida para que no se vea afectada la imagen que se tiene de la institución

Ante ello, vemos la necesidad de una organización estudiantil articulada que luche por que sus intereses se vean resueltos en la toma de decisiones que conciernen a la integridad de la comunidad; para crear medidas que resuelvan y prevengan la violencia en la UNAM.

Desde la Juventud Revolucionaria llamamos a la comunidad universitaria a exigir espacios democráticos donde se puedan discutir estas medidas y otros intereses del sector estudiantil que las autoridades ignoran. Asimismo, es indispensable exigirle a estas autoridades que cumplan con la obligación que tienen de garantizar un ambiente seguro para toda su comunidad. No basta con lamentar o reprobar que existan actos violentos dentro de la universidad, es su responsabilidad evitar que sucedan.

La violencia de género y la organización de mujeres universitarias

Las mujeres en la Universidad viven día a día violencia de género, acoso laboral y sexual, conviven con sus agresores y son forzadas a compartir espacios de estudio y/o trabajo con ellos porque los procesos de denuncia e investigación pocas veces se consolidan ya que, en general, hay una ejecución lamentable del protocolo para la atención de casos de violencia de género. A principios del mes de abril, la UNAM presentó modificaciones dicho protocolo. La novedad que más resalta en esta versión es que se contemplarán actos que se hayan llevado a cabo incluso después de transcurridos 12 meses. Es decir,  ya no existe un tiempo límite en el que se puede denunciar un caso de violencia llevado a cabo por parte de algún miembro de la comunidad universitaria, ya sea dentro o fuera de las instalaciones de la institución. Pero desde la presentación de su primer versión en 2016, este protocolo sólo representa una serie de procesos burocráticos que exponen a las mujeres que buscan denunciar a una revictimización y cuestionamientos por parte de quienes atienden su caso.

Durante el mes de marzo, mujeres organizadas estudiantes y egresadas de Prepa 6 instalaron un tendedero en el que denunciaban públicamente a compañeros estudiantes, profesores, administrativos y trabajadores del plantel que ejercieron algún tipo de violencia de género hacia ellas. Esto derivado del caso particular del profesor Erick Vega, quien por décadas tuvo denuncias formales por acoso sexual a sus alumnas menores de edad y seguía impartiendo clases a pesar de ello. Esta movilización, además de visibilizar el ambiente misógino en el que viven las mujeres en ese plantel, tuvo como resultado que Vega fuera expulsado.  Sin embargo, aún hay profesores, administrativos y trabajadores con denuncias formales o informales que son encubiertos por las autoridades y no se tiene un procedimiento real con ellos; y no sólo en este plantel sino en toda la Universidad.

El 3 de mayo se cumplieron dos años de que Lesvy Osorio fuera encontrada muerta y atada a una cabina telefónica del Instituto de Ingeniería, tras haber sido víctima de feminicidio por parte de quien era su pareja.De inmediato se comenzó a revictimizar y exponer a Lesvy en redes sociales, de una forma que pretendía demostrar ella había sido la causante de su muerte. La PGJ declaró que se trató de un suicidio, ante lo cual la respuesta de familiares, amigos, colectivas feministas y de mujeres universitarias fue de rechazo total. Meses después, la autoridad rectificó este resolutivo y reconoció que la muerte de Lesvy fue un feminicidio. El pasado 2 de mayo la PGJ-CDMX ofreció a su familia una disculpa pública por las fallas cometidas durante la investigación.

La Universidad es, a fin de cuentas, un reflejo de la sociedad en la que se encuentra. Es cuna del narcotráfico; es violenta, insegura, feminicida y cómplice de abusadores y acosadores sexuales. Como el caso de Lesvy y de Aideé, hay muchas más desapariciones y feminicidios que, hasta el día de hoy, siguen sin ser esclarecidos. Casos de como los de Mariela Vanessa de la Facultad de Filosofía y Letras, Miranda Mendoza de CCH Oriente, Graciela y Sol Cifuentes de la Facultad de Arquitectura y Haydé Alvarado de la Facultad de Música. Además de los casos de acoso y abuso sexual que no son debidamente atendidos porque no existe un acompañamiento psicológico y legal que haga sentir a la víctima segura en su proceso de denuncia.

Las mujeres de la universidad se han organizado y continúan en la lucha para exigir esclarecimiento de todos los casos de feminicidios y violencia de género, para que las autoridades den respuesta a estos casos, que sean tratados con un protocolo adecuado y que se haga justicia para las familias de las víctimas.

¡No más feminicidios en la UNAM! ¡Fuera acosadores y violadores de la UNAM!

¡Por una Universidad segura y libre de violencia!

1.    STUNAM. 2017. Reglamento Interno del Personal de Vigilancia. http://www.stunam.org.mx/28reglamentos/2017/16personalvigilancia.pdf