Leonardo López Pérez y Alejandro Romero

Han pasado 5 años desde aquel fatídico día en el que se ejecuto uno de los más atroces atentados contra la comunidad estudiantil, un hecho que ha permanecido en la memoria colectiva y hasta la fecha no existe resolución ni culpable, las investigaciones han sido insatisfactorias. La desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, es un recordatorio de la enorme injusticia que existe en nuestro país, de la cual el principal actor intelectual es el Estado.

Lamentablemente, este suceso no es el primero de naturaleza represiva en contra del estudiantado. Recordamos el sentimiento de impotencia en un acontecimiento más reciente, el ataque porril al grupo de estudiantes pertenecientes a CCH Azcapotzalco, quienes exigían de forma pacífica contra la directora de su plantel por los actos violentos hacia la memoria histórica de la comunidad, además de ejercer su puesto sin transparencia y no dando importancia a las reuniones con la asamblea estudiantil.

 Es sofocante saber que situaciones como estas sigan pasando y se encuentren impunes; la represión ante los estudiantes organizados tiene una larga historia,  es por la naturaleza violenta del estado que no debemos olvidar los escenarios de represión contra los estudiantes, ni conceder perdón sin obtener justicia. Ejemplo de esta afirmación es la continua movilización contra el que posiblemente sea es el acto más violento hacia un grupo estudiantil, la matanza de Tlatelolco. Aun pasados 51 años, este terrible hecho sigue incrustado profundamente en la historia de nuestro país. Nos recuerda la cruda realidad en la que vivimos. De este modo, la comunidad estudiantil se siente amenazada ante la incesante violencia histórica con los que ocuparon algún día su misma ocupación, la de ser estudiantes.  

El caso de desaparición forzada contra los 43 estudiantes de Ayotzinapa son sucesos que conmocionan a un país, nos recuerda el carácter violento e inhumano que tiene el estado, y que generan lazos de empatía en cada hogar de los diferentes sectores oprimidos del pueblo mexicano. Nuestro sentimiento de estudiantes se observó con particular intensidad en Instituciones educativas como UNAM, UPN; UAM e IPN, cuya comunidad se solidarizó con la causa, el sentimiento de repudio contra el estado y el deseo de justicia se materializo en diferentes formas de protesta, como los paros laborales. Conforme pasó el tiempo, ante la apatía por parte del gobierno federal, el movimiento estudiantil comenzó a fortalecerse a tal punto en el que las manifestaciones contaban con más de 500,000 individuos dispuestos a no permitir que se cerrara el caso sin  recibir antes una respuesta satisfactoria. Sin embargo, el gobierno no mostró interés, en su lugar mostró sus verdaderos genes autoritarios y comenzó una oleada de ataques injustificados en contra de los manifestantes por parte de la policía, resultando en detenciones aleatorias y arbitrarias.

            La serie de violentos escenarios donde se reprimía a los estudiantes que protestaban solo significaría una cosa, la incapacidad gubernamental ante uno de los conflictos más grandes desde lo ocurrido el 2 de octubre de 1968. Esta apatía e incapacidad se hizo aún más notable cuando a pesar de que los medios de comunicación se saturaban de esta noticia, el tema estaba en boca de todos, y sin embargo el caso empezó a ser abandonado por las autoridades pertinentes, esto reflejaba el enorme rechazo al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

            El pueblo exigía una respuesta y la penosa excusa que se presentó a la luz pública fue que los normalistas fueron asesinados y posteriormente incinerados en el municipio de Cocula, así sin más, sin exhibir concisamente a los responsables. Aunque resulte imposible, esta fue la “respuesta” que ofreció la PGR a la masacre ocurrida en 2014. Era evidente que la inconformidad social crecería ante este insultante hecho, más aún después de que un organismo internacional especialistas en la materia, desmentiría tal explicación, comprobando que no existía evidencia física que comprobara los hechos. La evidente evasiva de parte del gobierno se convertiría en un acto aun más cobarde cuando la organización independiente que había intervenido declarara públicamente que el caso se vio truncado por numerosas amenazas que evitarían una satisfactoria conclusión para el caso, todo esto orquestado por los medios y el gobierno.

            A pesar de los esfuerzos para que no se conociera la verdad, la investigación llevada a cabo ofrecía respuestas que se harían saber. Se encontró evidencia en contra del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, autoridad local que fue cómplice de estos terribles actos. Aquel 26 de septiembre de 2014 un grupo de estudiantes normalistas marchaban con intención de recordar los hechos ocurridos en Tlatelolco hace 51 años. Por su parte el presidente municipal enviaría la detención de este grupo estudiantil teniendo en mente que estos últimos querrían poner en evidencia las inconsistencias del informe de gobierno. Se revelaría también que entidades militares, estatales y federales estuvieron involucrados en el asesinato de este grupo estudiantil.

            Después de la desaparición forzada se buscaría que el público se mantuviera desinformado, pero un suceso así no puede pasar desapercibido, es un insulto a la inteligencia de la sociedad mexicana querer ocultar una respuesta que todos exigían.

            Actualmente Ayotzinapa es un caso vigente donde la impunidad persiste incluso en la 4T donde AMLO no tiene la voluntad de llevar hacia el estrado a los responsables y personas involucrados de este suceso, claro ejemplo de su falta de voluntad se vio en la liberación de 24 presuntos implicados en la desaparición de los 43 estudiantes. Esto demuestra y deja en la mesa las contradicciones que se han venido dando en el actual gobierno donde después de estar firmando un decreto para conformar una comisión que atienda el caso procedes a liberar personas implicadas lo cual solo se tradujo en volver al inicio de las indagatorias otra vez. Esto es la política que está ejerciendo la 4T, que gana tiempo a costa del desgate emocional de los familiares que han estado en pie de lucha desde hace 5 años, una política contradictoria, sin voluntad, pero sobre todo con impunidad como constante.

Desde la juventud revolucionaria hacemos un llamado a organizarnos y luchar para transformar la realidad mexicana. Hacemos un llamado por una juventud mexicana que permanezca crítica ante la contradicción e impunidad por parte de la 4T a casos de violencia contra la organización estudiantil. Es momento de seguir en pie de lucha por la verdad y justicia, que en el gobierno de la 4 transformación no sean simulaciones, no descansaremos hasta saber de nuestros compañeros.

¡A 5 años Ayotzinapa vive, la lucha sigue!

¡Sin justicia no existirá reconciliación!

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/asi-informo-el-universal-la-desaparicion-de-los-normalistas-de-ayotzinapa