No Andrés Manuel, no son 54% de generación de CFE frente a 46% de empresas privadas. ¡Estamos mucho peor!

Este 27 de septiembre se conmemoraron 59 años de la nacionalización de la Industria Eléctrica. A casi 6 décadas de aquel 27 de septiembre de 1960, el escenario es bastante desolador para la Industria Eléctrica Nacional.

En 1937 México tenía 18.3 millones de habitantes, de los cuales únicamente siete millones contaban con electricidad, proporcionada con serias dificultades por tres empresas privadas. Estas empresas eran fueron la Mexican Light and Power, quien controlaba a la Compañía Mexicana de Electricidad, a la Compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica, y a la Compañía Exploradora de las Fuerzas Eléctricas de San Ildefonso; esto representaba el 50% del ramo eléctrico del país. La Mexican Light and Power fue la empresa transnacional de origen canadiense con mayor injerencia en el país en aquella época y cuyo dominio se prolongó por varias décadas. Fue la encargada del primer gran proyecto hidroeléctrico, la planta de Necaxa, Puebla instalada en 1903.

Para resolver esa situación que no permitía el desarrollo del país, el gobierno federal creó, el 14 de agosto de 1937, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que tendría por objeto organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales.

Hacia 1960 las cosas ya eran distintas pues la CFE aportaba ya el 54% de los 2,308 MW de capacidad instalada, la Mexican Light and Power el 25%, la American and Foreign el 12%, y el resto de las compañías 9%. El 27 de septiembre de 1960, Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica, a fin de aumentar el nivel de electrificación, conseguir tarifas más bajas y beneficios extendidos para toda la población, principalmente, el acceso a la energía eléctrica. Ya desde 1960 se había demostrado que ninguna empresa privada podría garantizar el suministro eléctrico, por considerarlo un servicio lucrativo

Previo a la Reforma Energética de 2013, la CFE había alcanzado el 98.8% de electrificación del territorio nacional. Esto pese a que derivado de las modificaciones de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica de 1992, la CFE cargó con la participación de empresas privadas a quien debía comprarle la electricidad, así como con los costos ridículos de transporte de las empresas privadas. Para finales de la Reforma Energética de Peña Nieto, y los anteriores episodios de la misma reforma apoyados por el PAN y el PRD, la Industria Eléctrica Nacional representada por la CFE, estaba casi en la ruina. Esto sumado al infame decreto de extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro que dejó a más de 44 mil trabajadores en la calle.

Hoy existen 1,324 permisos de generación otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la agencia de administración de permisos eléctricos creada por instrucciones de la Casa Blanca; la capacidad total autorizada por dicha agenda asciende a los 133,690 MW, de los cuales la CFE participa sólo de 45,646 MW, es decir, sólo del 34.14%. El resto es participación privada o, en un caso muy pequeño, participación de Pemex.

Lo anterior significa pasamos de generar el 100% de la energía eléctrica, a una condición de participación minoritaria; en este mismo sentido, el Estado fue transformado en un garante de utilidades para inversionistas privados y extranjeros, que se manifestó en altos precios y tarifas eléctricas para los usuarios finales, con la CFE cargando el desprestigio deliberado de las administraciones en turno.

CFE y PEMEX han padecido la aplicación de las llamadas Tesis de Fujimori, una campaña neoliberal de descrédito de empresas públicas, para generar en la opinión pública la necesidad de fragmentarlas y privatizarlas. Al cierre del 2018 la CFE y PEMEX cargaban con la cara pública de las acciones neoliberales hacia la población, generando en esta una animadversión importante que hasta la fecha se ha traducido en un total descrédito; además de ello, el nivel de endeudamiento de estas ha sido estratosférico.

Sin embargo, la condición objetiva que condujo a la nacionalización en 1960 se mantiene: ninguna empresa privada puede ser garante de la seguridad y soberanía energéticas, mucho menos del desarrollo nacional. Es por ello que pese a la gran apertura de 2013, ninguna empresa privada logró el desarrollo de la CFE en por lo menos 5 años, a pesar de contar con la legislación a favor y la operación directa de privatizadores en la Secretaría de Energía, en la Comisión Reguladora de Energía, en la Secretaría de Hacienda, en la CFE, en la Presidencia.

Y es que esta singularidad se debe a que los capitalistas que se apropiaron de las Empresas Públicas o que se encuentran desarrollando sus inversiones, necesitan del Estado para apalancar sus inversiones; de garantías que el Estado emite para fortalecerse y subsidiarse a partir de la actividad económica nacional. Sí, el Estado a través de la CFE ha subsidiado el desarrollo de los privados en la industria eléctrica, a costa de la capitalización de la misma Empresa Productiva.

Si el Estado es el que da las garantías para el desarrollo de las Empresas Privadas y extranjeras entonces ¿por qué se debe seguir permitiendo la participación de dichas empresas privadas y extranjeras en la industria eléctrica nacional? Además, esta reflexión se debe emparejar que pese a toda la destrucción, México cuenta con su propia empresa productiva en el ramo eléctrico que puede llevar adelante la explotación de sus recursos y el control eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. Por tanto, se vuelve irracional la participación de empresas privadas que generan más caro la energía y que su principal motivación es el lucro, más no el beneficio de las amplias mayorías.

El gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador se enfrenta a una CFE desmantelada, fragmentada y costosa; a procesos inerciales que buscan a toda costa que no recupere su condición de liderazgo, haciéndola más ineficiente y cargando el abuso del capital a cuestas.

Consideramos que las medidas llevadas adelante por la CFE para administrar sus activos, renegociar sus contratos y detener su desmantelamiento, son correctas. Sin embargo, las empresas privadas y extranjeras que casi llevan a la ruina a la empresa productiva y que han llevado al Sistema Eléctrico Nacional a tener apagones, a la falta de confiabilidad y suministro, siguen operando a sus anchas.

Por ello, los trabajadores de la industria eléctrica agrupados en el GAR, reclamamos que no será posible alcanzar la seguridad y soberanía energéticas mientras persistan las empresas privadas y extranjeras operando en México, de la misma forma que lo hacían en 1937. Que se debe renacionalizar el conjunto de la industria eléctrica y ponerse al servicio de las amplias mayorías. Que con altas tarifas hemos pagado el despojo y el saqueo de nuestros recursos, dejándonos en condiciones paupérrimas por pagar servicios básicos que necesitamos en la vida moderna,.

No Andrés Manuel, no son 54% de generación de CFE frente a 46% de empresas privadas; las empresas productivas del estado generan poco más del 37%, mientras que lo demás es aportado por privados y extranjeros. Todos ellos ya han amortizado sus inversiones y han disfrutado de la explotación de los recursos nacionales a costa del pueblo trabajador ¡deben de irse!

Desde el Grupo de Acción Revolucionaria llamamos a que en este 27 de septiembre, mantengamos viva la lucha por la renacionalización de la industria energética en su conjunto, a que avancemos en un programa que ataque directamente al capital y expulsemos a las empresas privadas y extranjeras que han encarecido la vida de nuestros territorios. Desde esta perspectiva, convocamos a las y los trabajadores de la energía a agruparnos para recuperar nuestros sindicatos y organizaciones para la lucha; a avanzar en un programa que ponga por delante al soberanía energética y la utilización de nuestras capacidades nacionales para reconstruir nuestra gran industria energética al servicio de las amplias mayorías empobrecidas por décadas de neoliberalismo.

Sector de Trabajadores del Grupo de Acción Revolucionaria