Odette Morales

En el marco de la emergencia sanitaria en la que se encuentra el país a causa de la pandemia por el virus COVID-19 se han visto evidenciadas las estructuras violentas con las que opera el actual régimen nacionalista burgués. La desigualdad social y la explotación laboral han expuesto y comprometido la salud de la clase trabajadora que no vive en condiciones de parar ante un virus; además, la pandemia dejó sin ingresos a una gran parte de la población que no cuenta con ningún tipo de seguridad laboral y  dejó a estudiantes de todos los niveles educativos sin clases ni alternativas pedagógicas reales. 

Sumado a todo esto, en los últimos días de mayo, se dio a conocer el asesinato de Giovanni López en manos de elementos policiales que lo detuvieron por no usar cubre bocas. Debido a que el gobierno de Jalisco a cargo de Enrique Alfaro implementó medidas sanitarias restrictivas y punitivas que permiten el uso de la fuerza pública, el resultado ha sido este y muchos otros casos de abuso y brutalidad policial. Con esto se evidencia que la vida de la clase obrera es la que más está en riesgo, no sólo en esta pandemia, sino en la cotidianidad del sistema capitalista y neoliberal

El asesinato de Giovanni López sucedió a principios de mayo, sin embargo, se hizo mediático durante la primera semana de junio, cuando fueron convocadas movilizaciones en varios estados del país. Éstas sucedieron a la par de las movilizaciones en solidaridad con el movimiento Black Lives Matter que explotaron en Estados Unidos a partir del asesinato de George Floyd en manos de cuatro policías en el ciudad de Mineápolis el 25 de mayo. Las protestas exigían castigo a los responsables y justicia para estos y muchos otros asesinatos por parte de cuerpos policiacos; las movilizaciones también visibilizan la violencia sistemática que se ejerce hacia las poblaciones marginadas, como la comunidad afrodescendiente y latina en Estados Unidos.

Las movilizaciones exhibiendo y denunciando a los grupos represivos como el verdadero riesgo al que está expuesto el pueblo, fueron criminalizadas en los medios, y de ellas surgieron más actos de represión y violencia en diferentes estados. En Jalisco, donde ocurrió el asesinato de Giovanni López, hubo detenciones arbitrarias a jóvenes que se encontraban cerca de los puntos de reunión y se dirigían a la marcha. Seis de ellos fueron trasladados a una prisión de máxima seguridad acusados de cargos como pandillerismo, ataque peligroso, delitos cometidos contra representantes de la autoridad y daño al patrimonio urbano; no fueron liberados hasta varios días después, tras la presión generada en manifestaciones y redes sociales, exigiendo libertad para estos presos políticos. Aún al ser liberados, y después de haber pasado días en condiciones paupérrimas y de tortura, el gobernador del Estado insistió en criminalizarlos a ellos y a todas y todos los que se movilizan de forma legítima ante un Estado violento y asesino. 

En la Ciudad de México, las movilizaciones se llevaron a cabo en la Representación del Gobierno del Estado de Jalisco en la Ciudad de México y en la Embajada de Estados Unidos; durante las protestas ambos edificios estuvieron protegidos y grupos grandes de policías se encontraban a los alrededores, hostigando a las y los manifestantes. Además, se presentaron enfrentamientos directos, en los cuales una una estudiante de bachillerato de 16 años resultó gravemente herida tras ser encapsulada y pateada en la cara por al menos tres policías.

Los hechos sucedidos durante la contingencia sanitaria, y específicamente estos hechos de violencia por parte de cuerpos represivos a la clase obrera y estudiantil, dejan muy claro que los policías no están para cuidar al pueblo, al contrario, lo violentan y lo reprimen. Los cuerpos represivos responden a los intereses de una clase burguesa dominante, se encargan de cuidar su propiedad, su economía y sus intereses políticos, todo a costa de la vida de quienes con su fuerza de trabajo generan sus riquezas; ante ello, desde la Juventud Revolucionaria exigimos la disolución de estas y todas las fuerzas armadas que nos violan, nos desaparecen, nos asesinan y atentan contra nuestros derechos humanos.  

Es el Estado, sin importar a cargo de quien esté, el que históricamente ha violentado a la sociedad civil con el fin de mantener un sistema de opresión sobre la clase obrera. La lucha contra el narco, que comenzó en el sexenio de Calderón y que dejó una ola de violencia enorme en el país, ha sido perpetuada por los gobiernos de ultraderecha del PAN y el PRI. Ahora, el gobierno de AMLO mantiene fuerzas militares en las calles y en las fronteras del país con la presencia de la Guardia Nacional.  Nosotras y nosotros repudiamos y denunciamos la militarización del país, con el nombre o la cara con la que se presente.

La clase obrera, el movimiento feminista y la lucha estudiantil por la democratización de la universidad pública se mantienen en resistencia con o sin pandemia, porque si no nos mata el virus, nos mata la policía. El Estado usó a su conveniencia la contingencia sanitaria para invisibilizar estas luchas y, cuando volvimos a las calles, usó a sus cuerpos represivos para la criminalización y persecución de las bases organizadas. Desde la Juventud Revolucionaria llamamos a la organización y articulación de los sectores en resistencia, ya que será ésta la que nos permitirá mantenernos visibles aún ante un Estado que nos quiere silenciar y desaparecer.  

¡Alto a la militarización y despliegue de la Guardia Nacional en el país que atenta contra la población y defiende los intereses de la burguesía trasnacional!

¡Desaparición de los cuerpos represivos del Estado que atenta contra las movilizaciones sociales de la clase trabajadora!

¡Fuera la ultraderecha represiva del PAN y el PRI de México!