Cinthya López 

A casi tres meses de cuarentena a nivel nacional, es posible ver con más claridad el impacto que está teniendo en la sociedad mexicana la pandemia de COVID-19 a nivel económico, psicológico y social. Uno de los sectores más golpeados es el sistema educativo, donde estudiantes y docentes son quienes terminan pagando las consecuencias de la crisis.

Es claro que para el estado mexicano con un carácter nacionalista burgués, la educación superior no es una prioridad a menos que sea vista como un negocio, y frente a la pandemia, tal postura no ha cambiado, sino todo lo contrario, se ha agudizado a partir de políticas que; en primer lugar, buscan la privatización educativa con los recientes recortes presupuestales a las universidades públicas estatales, con la retención de presupuestos extraordinarios por parte de la SEP a sus instituciones educativas que llevan a una crisis financiera a 11 universidades públicas a lo largo de la República mexicana y el recorte del 75% al INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) que tiene bajo su administración a 3 planteles de educación superior: ENAH (Escuela Nacional de Antropología e Historia), ENAH Chihuahua, y ENCRyM (Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía) donde la reducción planeada es de 750 millones de pesos, el cual podría evitarse reduciendo gastos superfluos de la administración pública. Por ejemplo, en el primer trimestre del año se gastaron 630 millones de pesos en vuelos y pasajes terrestres, 163 millones de pesos en arrendamiento de vehículos y 442 millones en servicios de comedor, todo para los jefes de la burocracia mexicana heredada, incluyendo los funcionarios del INAH en distintos niveles. 

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Argumentando la necesidad de estos recortes presupuestales ante las dificultades económicas a causa de la pandemia, afectan las funciones educativas, de docencia y de investigación al grado de hablar de su disminución, desaparición o necesidad de subsidios privados, además de llevar a un nivel aún más precario al personal académico y a cientos de trabajadores que desempeñan labores esenciales para el Instituto.

Un segundo problema lo representa la virtualización del sistema universitario, que pasa por alto la problemática realidad en la que nos encontramos actualmente, con un nulo interés en los contextos de la comunidad universitaria se ha empeñado en mantener las clases en línea, aún cuando miles de estudiantes no cuenten con las herramientas tecnológicas o la conectividad necesaria para asistir a las clases y acceder a los contenidos, la alta deserción y los posibles problemas de salud, económicos y emocionales que estén atravesando.

Así como la agudización de la precariedad laboral que los profesores, en su mayoría sin contratos de tiempo completo, pasan al no recibir remuneración por no dar horas presenciales de clases, además de sufrir la presión de evaluar el semestre a tiempo y forma, donde el aplazar un par de meses las evaluaciones, han servido de poco.

Tanto la problemática del recorte presupuestal al sector educativo, como el mal manejo de las clases virtuales, son reflejo de los procedimientos burocráticos y antidemocráticos que por decenas de años han atravesado la educación pública en México, no sólo en las universidades, sino en todos los niveles educativos, las decisiones se toman de forma arbitraria, acríticas y sesgadas desde el privilegio de los altos funcionarios institucionales. 

Para el Estado neoliberal mexicano la educación no es un derecho, y dista mucho de su carácter público y colectivo con el que nació, sino que la ha convertido en un negocio y en transmisora de las ideologías dominantes, que en el caso de la sociedad capitalista contemporánea, son individualistas y sujetas al mercado. 

Ante este panorama, se hace necesario construir organización e iniciativas desde estudiantes, docentes y trabajadores, que lleven a una discusión amplia sobre las situaciones que atraviesa la comunidad universitaria frente al contexto de la pandemia, para crear propuestas que se lleven a cabo a partir de la democratización de la toma de decisiones dentro de las instituciones educativas. Necesitamos incidir en el futuro de la educación pública, tanto ideológica como materialmente, porque las medidas tomadas en este contexto, afectarán también fuera de él. Le democratización es la única vía.

Es claro que la imposición a la  “Nueva Normalidad” en el rubro educativo, no toma en cuenta el contexto por el que atraviesan decenas de universidades públicas en el país, al Estado no le interesa la educación de miles de estudiantes, ni tampoco el bienestar económico de las y los docentes, y el de cientos de trabajadores esenciales que laboran en las universidades públicas; por el contrario, existe un motivo más para desmantelarlas con recortes presupuestales que ponen en peligro la existencia y el carácter público de las mismas.

Es necesario demandar un ¡ALTO A LOS RECORTES PRESUPUESTALES A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS! y por el contrario un aumento del 20% a su presupuesto, así como la reducción de salario a altos funcionarios para su redistribución con las y los docentes.  

¡DEFENDAMOS LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA PÚBLICA, GRATUITA Y DE CALIDAD!