Acceso a la salud en México: Mirada histórica a la Privatización y descentralización del sistema de salud

Alfredo Herrera

El COVID-19 ha dejado  al descubierto grandes deficiencias de las estructuras médicas mundiales de los países más industrializados o mal llamados “países de primer mundo”. 

En México se evidenciaron las grandes consecuencias de la paulatina privatización del sistema de salud. Es necesario comprender que el despojo a la salud comienza desde la perspectiva ideológica; en el periodo de 1980 a 2020, se utilizó como una herramienta para ejercer poder de la clase gobernante sobre el resto de la población, siguiendo una política de salud de despojo, inaccesible y mercantil, esto último es porque  su acción se limita a intervenir en la reparación del daño a nivel individual, y a normar sus prácticas bajo los postulados de una concepción mecanicista (Quesada, 1984; 43)  sin tomar en cuenta el factor social del individuo, como en  otras perspectivas, por ejemplo, la propuesta biopsicosocial  postulada por Clifford Geertz, la cual asume que lo biológico, lo psicológico, lo social y lo cultural coexisten en el ser humano.  Dicho esto se comprende  el porqué debe analizarse la precariedad de salud en México desde su  sistema público y su privatización con una mirada histórica y política. 

En el periodo comprendido de 1940-1980 el capitalismo mundial trata de enmendar las consecuencias ocasionadas en el terreno de la segunda guerra mundial, en Latinoamérica los gobiernos -algunos con regímenes populistas-  tomaban algunas medidas como la estimulación del crecimiento industrial, responsabilización del estado de los servicios públicos o aseguración del mercado interno ( Belmartino y Bloch, 1984)  para tratar de hacer un  pacto social y permitir un estado benefactor, que incorpora en su proyecto la elevación del consumo de las clases subalternas, garantiza cierto nivel de empleo, invierte en obras de bienestar social (López Arellano, 1993). 

Por el contrario la década de los 80 está marcada por una política de reajuste debido  a la crisis ocasionada por la caída de la tasa de ganancia , el aumento de la tasa de interés, así como la caída de los precios del petróleo, dando como resultado el inicio de la crisis económica que da entrada al “libre mercado” en Latinoamérica. Organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ejercieron presión para adoptar sus recomendaciones políticas y económicas para  dar paso a la configuración de una nueva política de clase de corte neoliberal, caracterizado por la  incorporación de empresas extranjeras y la adquisición de deuda. (López Arellano, 1993; ). Ante la agudización de la crisis uno de los argumentos era el afirmar que el estado generaba “gastos sociales “improductivos”  (Farfán, 1988; 45) que representa una reducción de plusvalor para el capital privado”. 

Ante estas medidas de reestructuración del sistema capitalista, la salud en México no escapó de su paulatina privatización, anteriormente la salud era considerado un bien público manejado por el Estado, en México es considerado como un derecho en el artículo cuarto constitucional, sin embargo, ha sufrido de modificaciones para la implementación de ajustes estructurales, como  por ejemplo la descentralización del Sistema Nacional de Salud en 1983 ( Ssa, 1983;11-21).  Conforme el capitalismo se desarrolla y el Estado de bienestar  entra en crisis, se unen dos tendencias: por un lado la necesidad de reducir el gasto público del gobierno y la otra, la necesidad del capital privado de entrar a las diferentes ramas de la vida. 

Una de las vertientes argumentativas por los gobernadores era la deficiencia de infraestructura la cual no bastaba  para la demanda generada por el aumento poblacional, esto iba preparando un clima ideológico para la paulatina privatización de los servicios médicos (López Arellano, 1993; 62) . Vale la pena cuestionar el concepto de “modernización” utilizado por el Estado Mexicano, ya que su discurso oficialista  se plantea como eficacia y modernidad  aquellas formas de producción de servicios que suponen una mayor rentabilidad económica (ibid).  Los ejes para seguir esta política se refleja en la disminución del financiamiento federal a las instituciones de seguridad social, el crecimiento de los seguros médicos privados como plataforma financiera para la expansión de las instituciones privadas (Eibenschutz y López,1990).

Las posturas políticas que ha tomado el gobierno mexicano desde 1980 ante la salud, son de desmantelamiento, como ya profundizaremos más adelante, pero es importante visibilizar la  decisión política de “sanear” la economía, haciendo rentables los servicios públicos aunque esto implique mantener y profundizar la desigualdad. (López Arellano, 1993; 65) . 

El fin de este apartado es mostrar el origen de la falta de acceso en la salud de los sectores campesinos de la población, profundizando en las siguientes vertientes: La privatización y la descentralización. 

Privatización del sistema de Salud Mexicano. 

Como mencionamos al principio de este artículo, la década de los 80´s fue un parteaguas para la implementación de políticas económicas que respondieron al momento histórico que estaba viviendo el capitalismo, era la entrada del llamado “Neoliberalismo” en México. Estas políticas de “ajuste”  pretendían una modernización y consigo la eliminación de las brechas de desigualdad -según el discurso oficial-, en materia de salud la “modernización” significaba todo menos modernización e igualdad, el modelo de salud mexicano se inscribía gradualmente en la lógica mercantil fortaleciendo los discursos tecnocráticos, descalificando la politicidad inherente al campo sanitario y privilegiado las  propuestas que diluyen la responsabilidad del Estado, como sujeto obligado de garantizar los derechos humanos fundamentales -entre ellos el derecho a la salud-, trasladando a los individuos y las familias la tarea de gestionar/administrar sus riesgos para mejorar su salud (López O, Blanco , 2017), partiendo del desmantelamiento y una inadecuada preparación para enfrentar los entornos sanitarios del país, dejándolo al “libre” juego del mercado  (dominado por los oligopolios), aun cuando este modelo agrava  la concentración de ingresos y polariza el acceso a servicios de salud de calidad (López Arellano, 1993; ) .

Los voceros del sector privado aprovecharon el “adelgazamiento del estado” para  lanzar  una batalla ideológica teniendo argumento la desacreditación del sector público, y los gobiernos en turno ayudaron teniendo un papel de alta complicidad, reduciendo su participación del IMSS e ISSSTE, datos encontrados en nuestras fuentes, nos indican que en 1980 el porcentaje correspondiente a la salud pública era por arriba del 10 ciento , y en 1988 se reduce a un 7.6 por ciento, y en el caso del ISSSTE pasa de un 37.5 por ciento en 1981 a cero  por ciento en el periodo de 1984-1988 (Soria y Farfán, 1990), y para 1990 el gasto destinado a seguridad social era de 81.7 por ciento del total del gasto público y para 2011 disminuye al 55. 7 por ciento (Ponce, 2015) teniendo como consecuencias negativas la reducción de equipamiento e infraestructura sanitaria, que impacta en los indicadores de servicio, que son para el 2017 son menores que cuando inició la “modernización” del sistema de salud.  (López O, Blanco , 2017). 

Ante la reducción de ingresos para los principales  prestadores de salud pública – IMSS, ISSSTE-  se crea un ambiente que  desacredita los servicios públicos por su falta de capacidad de respuesta, facilitando la subrogación de servicios público- privados en la prestación de servicios (Herrera,2010) como el caso de los sistemas de retiros, conocidos como AFORES, vinculados  con la banca privada (Mussot, 1999)

Otras de las medidas fue el aseguramiento individual, que se  instauró desde el 2003, con una reforma a la Ley General de Salud (Diario Oficial de la Federación, 2014)  creando el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS).  Este sistema promueve un seguro voluntario subsidiado, conocido como Seguro Popular, financiado con recursos públicos (cuota social del Estado, aportaciones de los gobiernos federal y estatal) y cuotas de los beneficiarios (diferenciadas por condición socioeconómica), la intención era garantizar un paquete básico de servicios, contenido en el Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud (CAUSES) (SSA,2016) , y un Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) (SSA,2003) . 

Para 2012 se propone  el  “Paquete universal de Servicios de Salud”, el cual buscaba resanar la falta de acceso a la salud que generaba el Segura Popular, siendo el caso de las pequeñas comunidades las cuales invierten  mayor tiempo de de traslado para ser atendidas (CNEPS , 2015 ). Dicho paquete pretendía la inclusión de la iniciativa privada, las preocupaciones rondaban en la compra de servicios, la estandarización y costeo de intervenciones, mecanismos de pago e intercambio de servicios. Reduciendo todo a un seguro médico para los que carecen de seguridad social laboral, financiado con fondos públicos, para garantizar una capita individual que permita la compra de un paquete básico de servicios en una red de proveedores (Juan M. 2013) .  

Lo vertido hasta aquí, denota el debilitamiento de las estructuras públicas, así como el carácter mercantil de la salud, eliminando su carácter integral y universal, buscando la atención curativa e individual, que resulta más rentable,teniendo estos antecedentes podemos indagar en una de las políticas más importantes para la privatización del sector salud: la descentralización. 

La descentralización del Sistema de Salud 

La descentralización era uno de los ejes importantes en la reestructuración del sistema de salud, las declaraciones oficiales insistían en que esta medida era la forma de democratizar la vida social, lograr una mayor eficacia en la prestación de servicios de salud (Soberón, 1988; 103)  y así revertir la gran desigualdad regional, ampliar la cobertura sanitaria, su calidad, y mejorar los derechos de los trabajadores (López Arellano, 1993).  Sin embargo la realidad es que  la descentralización permitiría al gobierno federal  pasar la carga financiera de los servicios sociales a otras subdivisiones administrativas, ya fuesen estados, regiones, provincias o municipios (Homedes,2011). 

El proceso tuvo dos etapas debido a la resistencia por parte de algunos estados a este proceso, la primera tuvo un un costo de 142 millones de dólares, y logrando solo la aceptación de catorce estados de treinta y uno,  (Kumate), un argumento intuitivo  que sostenían los gobernadores que insistieron en permanecer en el sistema centralizado es que se transferían más responsabilidades sanitarias que recursos y poder decisorio (Homedes,2011). Es importante recalcar el problema de la responsabilidad  y problemas de la Federación a los estados sin la transferencia de la capacidad resolutiva, técnica y financiera, ya que trajo como consecuencia fallas serias en la operación de los servicios y programas produciendo un desmantelamiento de estos ( Blanco y López, 1990); un estudio realizado por Leiva en los años 88-89 demostró que la descentralización consiguió un mejor acceso a los servicios de salud de los grupos de población urbana y desfavorece a los grupos rurales (Leiva,1997), lo cual se ve reflejado en el financiamiento en los estados más paupérrimos, ya que tuvieron que  diversificar el ingreso del presupuesto con  medidas “novedosas” como impuestos estatales y municipales, formas de prepago de servicio, inversión privada y cuotas de recuperación (López Arellano, 1993; 46). 

Sin embargo las cifras emitidas en algunos estudios nos indican que hubo una sustancial mejoría en lo servicios, según Ornelas entre 1983 y 1995  la cobertura, calidad y eficiencia de unidades médicas y de consultas mejoraron y se redujo el desnivel de estos indicadores entre la población derechohabiente y la abierta. Esto se reflejó en los datos de 1988, donde la relación médico/personas entre la población asegurada era 2.2 veces mayor que en la población abierta, mientras que en 1995 esta relación era solamente de 1.6 (Ornelas, 1997). 

La descentralización paro en 1988 acusa de la resistencia  por parte de los estados no descentralizados  que denunciaban la ineficacia de la nueva política  en cuestiones de problemas financieros, laborales,  – la oposición se dio a partir de la Federación Sindicato de Trabajadores al Servicio del estado (FSTSE)-  y de recursos materiales (López Arellano, 1993; 48). Aun con esto en la segunda mitad de la década de los 90,s se retoma y concluye el proceso de descentralización del SS, estableciendo normas para mejorar su funcionamiento a nivel estatal, a destacar la regulación de transferencia de los recursos federales a los estados, y que estos se hagan cargo del control de los recursos (Menéndez, 2005).

Aun con las mejoras que se establecieron en este periodo, la desigualdad entre los estados seguía creciendo, según datos del SSA  (Secretaria de Salud)  en 1992 el riesgo de muerte en un menor de 5 años era de 20% mayor en una zona rural,  para 1999 el riesgo es del 55%, mismo caso en las mujeres, el índice de mortalidad aumentó un 5% en las áreas rurales y bajó un 12% en los medios urbanos. Con estos datos se evidenciaba que la esperanza de vida en ese periodo creció en 2.7 años en la zona urbana y solo un 0.2 en las áreas rurales ( Secretaría de salud, 2001)

Finalmente en el periodo del 2000-2006 se empezó la estructura del  Sistema de Protección Social en Salud, conocido como Seguro Popular (SP),  fuertemente impulsado por el entonces secretario de salud Julio Frenk, destinado a la población no cubierta por la seguridad social. El SP fue diseñado y es financiado por la federación; lo implementan los estados y fue prioritario para esa administración y la siguiente (2006-2012) (Homedes,2011). 

Una evaluación a 20 años de iniciado el proceso de descentralización se centraba en el combate a la desigualdad en materia de salud, ya que, según los argumentos de la “modernización” del aparato de salud, iba a reducir considerablemente la brecha entre los estados, sin embargo las desigualdades continuaron o se profundizaron. Para el 2004 los estados con marginación alta y muy alta, y que alojan el mayor porcentaje de población abierta, son los que reciben la menor proporción per capita de los recursos de la federación (Lavielle;2004). A 30 años los datos muestran que las políticas de “modernización” están lejos de cumplirse,  en 2011 estados como Guerrero mostraron un índice de mortalidad materna al doble de la tasa en Nuevo León ( con valor de 19.3 y 9.7) respectivamente (Rolando 2012), y a nivel nacional según el Coneval el 33.2% de la población carece de acceso a los servicios de salud, lo que implica 37 millones de personas. Esto se agudiza en algunas entidades federativas como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz (Coneval,2011). 

Podemos confirmar que el interés de la salud en la población ha sido lo último en las reformas estructurales  neoliberales, su verdadera intención  está en la adquisición de ganancia en la salud, lo que agudiza las brechas sociales, aunado a esto  los datos de evaluación se limitan en muchas ocasiones a los indicadores de servicios prestados, dejado de lado los aspectos fundamentales como su permanencia de programas de control de enfermedad y su impacto sobre la salud en las poblaciones, ese es  el caso de las comunidades de la región de la Montaña de Guerrero, donde los centros de salud se encuentran en abandono, los servicios de salud no son accesibles para la población de esta región y los programas se  han vuelto ineficaces para las comunidades.

La actual crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 lamentablemente sigue evidenciando las consecuencias de la política de privatización en México, desde la nula cultura de prevención y fomento a la salud – hay que dejarlo claro, esto no es culpa de las personas, sino de la visión imperante de la salud, la cual responde a miras mecanicistas y mercantiles- , hasta la nula atención que tienen las comunidades rurales en el país, las cifras siguen siendo alarmantes -cuando las hay-, las estadísticas en las comunidades indígenas, por ejemplo, muestran un 70% de probabilidad de mortalidad por Covid que el resto de la población urbana (Forbes,2020) , lo que ha hecho evidente el abandono en materia de salud para estas comunidades, no solo en el rubro de atención médica, sino de información. Además cabe mencionar que existen decesos que no son contabilizados por la escasez de espacios sanitarios donde recibir la atención médica pertinente. 

Finalizamos este artículo con las siguientes reflexiones dirigida  para las y los lectores:

¿La descentralización ha logrado sus objetivos?

¿La privatización fue la solución para mejorar el sistema de salud?

¿Quiénes realmente tienen el acceso a una salud de calidad? 

Bibliografía:

  1. Belmartino, Susana y Carlos Bloch (1984): “ Las políticas de salud y bienestar social en Argentina: un intento de interpretación global”. El colegio de México.
  2. Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Secretaría de Salud. Catálogo Universal de Servicios de Salud – CAUSES, 2016. México DF: Secretaría de Salud; 2016
  3. Eibenschutz, Catalina y O. López Arellano (1990): “ Política sanitaria mexicana”, Rev Argumentos, Núm 10-11, UAM-X. México 
  4. Farfán, Guillermo (1988): “Capital, trabajo y Estado de Bienestar en el capitalismo avanzado”.
  5. .https://www.forbes.com.mx/actualidad-las-comunidades-indigenas-presentan-mayor-letalidad-por-covid-19-en-mexico/
  6. Herrera J, Laurell AC. Proyectos de prestación de servicios: una nueva forma de privatización. In: Peña F, Parra B, coordinadores. La medicina social en México II. 
  7. Juan M. Intervención de la Secretaría de Sa – lud, durante la conmemoración del Día Mun – dial de la Salud 2013. Comunicación Social 2013; 02 abr.
  8. López O, Blanco J. Políticas de salud en México: la reestructuración neoliberal. In: Jarillo E, Ginsberg E, coordinadores. Temas y desafíos en salud colectiva. Buenos Aires: Lugar Editorial; 2007.
  9. Kumate J.(1989)  Descentralización de los servicios de salud a población abierta. México DF: Secretaría de Salud.  
  10. Mussot ML. Hacia una alternativa de reforma al seguro de enfermedad y maternidad del IM – SS. In: Ramírez BP, coordinador. La seguridad social, reformas y retos. México DF: Institu – to de Investigaciones Económicas, Universi – dad Nacional Autónoma de México; 1999. p. 101-23
  11. Secretaría de Salud (1983) : “ Las reformas Jurídicas para el SNS”, Cuadernos de la Ssa. 
  12. Soria, Víctor y Guillermo Farfán (1990): “ El deterioro del bienestar social y de la salud en México”. Testimonios de la crisis. México
  13. Ponce Meléndez CR. Gasto público en salud: el caso de México. http://www.oiapss.org/wpcontent/uploads/2014/12/GPS.ARTICULO_ mexico.pdf (accedido el 12/Jun/2015). 
  14. Ornelas C. La descentralización de los servicios de educación y salud en México En Di Gropello E, Cominetti, R. La descentralización de la educación y la salud: un análisis comparativo de la experiencia latinoamericana. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); 1998. p. 187-207.
  15. Ortiz Quesada. Federico (1984):  Salud en la pobreza. El proceso salud.enfermedad en el Tercer Mundo. Centro de estudios económicos y sociales del tercer mundo.


Posted

in

by

Comments

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *