La política de reapertura escolar presencial a nivel nacional, ha generado una serie de discusiones y polémicas entre el magisterio, el sector privado, el pueblo mexicano y el Estado, a pesar de las implicaciones para la salud, a nivel económico y social, se prevé que el 30 de agosto alrededor de 33 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como docentes, regresen a clases presenciales. 

LOS EFECTOS DEL COVID EN LA POLÍTICA EDUCATIVA 

De acuerdo con el INEGI, durante el ciclo escolar 2020-2021, alrededor de 5.2 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes desertaron de la educación, debido a la falta de condiciones tecnológicas como falta de internet o computadora. Aunado a esto, la Secretaria de Salud estima que durante el 2020 aumentó un 12% el suicidio en infantes, adolescentes y jóvenes, ocasionado por el estrés, la ansiedad y la depresión que trajo la pandemia. Por último, la violencia a menores y jóvenes en el hogar también aumentó 24% durante el primer trimestre del 2021, en dónde el 93% de los casos de violencia, en sus diversas formas, fueron causados dentro del hogar por los mismos familiares.  

Por otro lado, diversos organismos internacionales en materia de salud y educación como la UNESCO, la UNICEF y la ONU, se han pronunciado en favor de la reapertura escolar, tomando en cuenta que los salones de clase no representan espacios de propagación del virus, esto apoyándose de las experiencias de países que desde enero del 2021 regresaron a clases, atendiendo a un regreso en condiciones de salud, infraestructura y presupuesto adecuados para el acompañamiento logístico y preventivo de los riesgos sanitarios de infantes, adolescentes y jóvenes. 

También, el sector empresarial en telecomunicaciones a nivel mundial se ha mostrado “preocupado” por las condiciones sanitarias adversas en las que se impone el regreso a clases presenciales, atendiendo, evidentemente a los intereses de tercerización y concesión del acceso a la educación. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe, 32 países, a excepción de Nicaragua, desde marzo del 2020, implementaron la educación a distancia mediante la concesión de acceso a aulas virtuales y redes a empresas de telecomunicación como Google, Zoom, Pearson y empresas de internet, para dar cobertura educativa -aunque limitada por las desigualdad social- a millones de infantes, adolescentes y jóvenes. No fue casualidad que estas empresas transnacionales hayan sido las más favorecidas durante la pandemia, pues su financiamiento salió principalmente del gasto público y de las políticas de carencia de infraestructura y desarrollo tecnológico de los países de la región, derivado a su vez de las políticas privatizadoras de los últimos 30 años de gobiernos abiertamente neoliberales. 

LOS COSTOS POLÍTICOS, EDUCATIVOS Y DE SALUD EN EL REGRESO A CLASES PRESENCIALES

El 20 de agosto, la SEP, encabezada por Delfina Gómez, emitió 9 lineamientos para la reapertura escolar presencial, los cuales dejan en completa incertidumbre económica, sanitaria y logística a las escuelas, docentes y familias frente al riesgo que implica retornar a clases presenciales en las mismas condiciones previas a la pandemia. 

Es importante que identifiquemos que el Estado mexicano ha logrado articular un discurso político “lógico” de reapertura, amparándose en el SNTE, el Episcopado de México y en el sector privado como el Movimiento Abre mi Escuela -dirigido principalmente por familias y escuelas privadas- así como en las disposiciones de la UNESCO, la UNICEF y la ONU, para legitimar el regreso a clases, pero sin contemplar las condiciones necesarias que obligan al Estado para proporcionar seguridad sanitaria, apoyo logístico, infraestructura y presupuesto a las escuelas del país. 

En este sentido, el gobierno de AMLO, ha cuidado de manera muy cautelosa su discurso y medido sus alianzas, para evitar costos políticos que puedan influir en una mala percepción de su política educativa, la cual no toma en cuenta a sectores como el rural o el magisterio combativo, y qué decir de la población en general, el gobierno de “las consultas” no ha consultado a los sectores que integran la educación en sus diferentes niveles.

CONDICIONES NECESARIAS PARA EL REGRESO A CLASES 

De acuerdo con el INEGI durante el ciclo escolar 2019-2020 alrededor de 41 mil 423 escuelas no tuvieron agua potable y 47 mil 566 carecieron de infraestructura. Aunado a que el 40% de la población en México no cuenta con acceso a internet o a dispositivos tecnológicos para las clases en línea, lo que derivó en la deserción de más de 5 millones de infantes, adolescentes y jóvenes, así como despidos de docentes. 

Frente a las condiciones adversas y precarizadas del sistema educativo, el regreso a clases únicamente con los 9 lineamientos sanitarios de la SEP resulta inoperante, pues las desigualdades sociales a nivel nacional evidencian la necesaria reformulación de los mecanismos de imbricación entre los diversos niveles de gobierno y el sector educativo para mejorar la infraestructura educativa y propiciar las condiciones tecnológicas, sanitarias, de logística y formación docente necesarias para un regreso a clases seguro. 

Para esto y en contrapartida, la CNTE lanzó una encuesta nacional a padres de familia sobre el regreso a clases. Los resultados que arrojó dicha encuesta fueron contundentes de cara a la política pragmática y sin estrategia educativa del gobierno de AMLO, pues de las más de 60 mil familias encuestadas el 81% no están de acuerdo en regresar a clases presenciales sin condiciones sanitarias, de infraestructura, económicas y educativas dignas, igualmente el 93% teme llevar a sus infantes a la escuela sin haber recibido aún su vacuna. 

Por otro lado, se evidenció en la encuesta que el 51% de las escuelas carece de infraestructura como agua, espacio suficiente para el distanciamiento físico o el esparcimiento, además de que se carece de personal y material especializado para sanitizar las aulas. También, el 84% no está de acuerdo en la política de “regreso a clases voluntario” ya que quienes no asistan deberán firmar una carta de corresponsabilidad en la que se le quita la responsabilidad al Estado de no propiciar las condiciones necesarias para regresar a clases presenciales, recayendo el peso y responsabilidad en las familias, frente a una política educativa sin estrategía inclusiva ni cobertura. Es así que, en 4 estados: CDMX, Oaxaca, Guerrero y Chiapas en más de 70 mil escuelas no habrá clases presenciales este 30 de agosto, pero sí virtuales. 

Es por ello, que hacemos un llamado a la sociedad mexicana, principalmente a las familias trabajadoras y campesinas, así como al magisterio y la juventud a movilizarnos con independencia política de clase, del gobierno y de la derecha, para exigir condiciones educativas, sanitarias y de trabajo dignas para un regreso a clases seguro, sin muertes, despidos ni contagios, frente a la SEP en cada instancia gubernamental local por estado.

Exijamos el aumento presupuestal a la educación pública que se destine en infraestructura sanitaria, tecnológica (internet y computadoras) así como a mejorar las aulas y espacios de estudio. Exijamos que en el centro de la agenda de la política educativa esté la clase trabajadora y no el sector privado. El presupuesto a la educación es indispensable, mismo que el pueblo trabajador deberá controlar para una educación pública, sin concesiones a privados y con estrategía inclusiva, con cobertura y al servicio de las necesidades de la población trabajadora. 

Octavio Ugalde R. 

¡No es un acto de desobediencia no acudir a clases presenciales, es un acto de responsabilidad!

¡Aumento presupuestal a la educación pública, ya!

¡Condiciones de estudio, sanitarias y trabajo para las clases presenciales!

¡Internet gratuito y dispositivos tecnológicos para llevar a cabo las clases virtuales!

¡Alto a la política empresarial dentro de la agenda educativa!