El 28 de marzo del 2022 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) público el III informe del caso Ayotzinapa. El GIEI perteneciente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), surgió como una negociación entre los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, la CIDH y el Estado mexicano en noviembre del 2014 para esclarecer el caso. Durante el régimen del Pacto por México (2012-2018) el GIEI tuvo participación hasta abril del 2016, expulsados del país a petición de SEDENA. Durante el peñanietismo el trabajo del GIEI estuvo limitado a las investigaciones sobre el móvil “del basurero de Cocula”, versión construida por Murillo Karam al interior de la Procuraduría General de la República (PGR).

El III informe del GIEI muestra videos sobre como Murillo Karam, la PGR, la secretaría de Marina y de Defensa Nacional (SEMAR y SEDENA) construyeron la escena en el basurero de Cocula, llamada “la verdad histórica”: la mentira sobre el asesinato e incineración de los 43 normalistas desaparecidos en ese basurero. Inclusive el 15 de octubre del 2014 la SEDENA había informado que no existía ninguna pista o indicio del rastro de los 43 en Cocula. Los videos muestran como el 23 de octubre del 2014, seis horas antes que anunciaran “la verdad histórica”, aproximadamente a las 6AM las distintas agencias intervinieron en la supuesta escena del crimen, además la manipularon y la crearon.

La cuestión del basurero de Cocula no sólo es grave porque el gobierno de Peña Nieto, la PGR, SEMAR y SEDENA mintieron sobre lo ocurrido con los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino que mantuvieron el móvil del basurero como la única línea de investigación. La SEDENA ya tenía información del trayecto de los normalistas antes de la desaparición el 26 de septiembre del 2014, dado que controlaban el C4 (Centro de Coordinación Guerrero Seguro) y otros sistemas de inteligencia, como intercepción de llamadas entre los involucrados en la desaparición. Ocultaron información que podía ayudar en los trabajos de búsqueda de los 43 de Ayotzinapa en los primeros días de la desaparición.

Y los datos que ocultó SEDENA sobre la noche de Iguala, es información que venía recolectando el ejército como un trabajo de contrainsurgencia en la normal rural Isidro Burgos. El III informe indica que la contrainsurgencia contra la normal rural se realizaba desde 2010, infiltrando por lo menos dos elementos del ejército en la normal de Ayotzinapa. La vigilancia no fue únicamente contra los normalistas, también se tenía información del grupo delictivo Guerreros Unidos, sobre sus actividades, los camiones y rutas que utilizaban para transportar amapola. Y previo a la noche del 26 de septiembre, el ejército había dado dos órdenes de seguimiento a los normalistas, tuvieron información de cuándo llegaron a Iguala y cuándo los sacaron de ese municipio ya en calidad de desaparecidos.

Parte de la información se obtuvo por expedientes del CISEN y por un dron de la marina. En el caso del dron, la autorización para realizar grabaciones únicamente podía darla el secretario de Marina y Peña Nieto, por tal motivo no queda duda que toda la información expuesta en el III informe era de conocimiento del ex presidente priísta. Para obtener estos documentos se emitió un mandato presidencial de Obrador a las instituciones estatales de entregar toda la información relacionada a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. Pero en el caso de SEDENA se niegan a presentar información sobre la desaparición de los 43. Otro problema para continuar la investigación es la muerte de 22 testigos del caso, de los cuales únicamente dos fallecieron por causas naturales.

En el caso de los familiares de los 43 de Ayotzinapa existe un total enojo con el gobierno de Obrador, dado que en 3 años y medio del régimen de la Cuarta Transformación no existe un avance contundente o indicios que el caso pueda resolverse pronto. Pese a la buena voluntad de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, la realidad es que el mandato de Obrador no existe al interior de las estructuras de SEDENA y de otros funcionarios involucrados. El aparato burocrático y corrupto del Estado mexicano continua vigente pese al discurso obradorista, la mayor muestra es la incapacidad de Morena por esclarecer el caso Ayotzinapa en lo correspondiente a la responsabilidad estatal.

El III informe del CIEI expone la cuestión militar en México, aunque Obrador declare la Reconciliación Nacional entre el ejército y la sociedad, o levantando la falacia que “los soldados son pueblo uniformado”. El actual ejército es el mismo que reprimió durante la guerra sucia entre la década de los sesenta y ochenta, el que instauró una política contrainsurgente en la década de los noventa contra el EZLN y el mismo que mantiene un proceso de militarización bajo el pretexto de la guerra contra las drogas iniciada por Felipe Calderón.

El argumento de Obrador para decir que el régimen de la Cuarta Transformación no militariza a México es absurdo, dado que el gobierno morenista declaró que la guerra contra el narcotráfico terminó en 2018 y que el mantenimiento de los militares en las calles tiene por objetivo misiones de paz. Ésto es completamente falso, la cuestión de si el ejército ya no realiza tareas de guerra sino de paz es una discusión vacía, porque el hecho es que los militares continúan en las calles con acusaciones de violaciones a los derechos humanos por realizar tareas de seguridad pública. La discusión securitaria, es decir, elaborar políticas para combatir la inseguridad o fortalecer la seguridad, es simplemente una fachada que en ambos casos justifica la presencia y control de militares en instituciones civiles.

La propuesta de Obrador para retirar a los militares de las calles fue la creación de la Guardia Nacional (GN), sin embargo, en febrero del 2022 Rosa Icela Rodríguez, responsable de Seguridad y Protección Ciudadana, declaró en conjunto con el comandante de la GN una iniciativa de reforma constitucional para que la Guardia Nacional se incorpore a SEDENA. De pasar esta reforma la presencia de los militares en México será permanente, dado que Morena le entregaría en bandeja de plata al ejército la política de seguridad pública a nivel nacional. El gobierno nacionalista burgués de Morena mantuvo las tendencias de militarización de los ex gobiernos del PAN y el PRI, también se dio un paso adelante para darle mayor poder al ejército. Durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto el uso militar fue para tareas de seguridad pública y represión al movimiento social, pero López Obrador incorporó al ejército en su gobierno como una fuerza política para fortalecer su régimen, casos como la construcción del AIFA y los tramos 6 y 7 del tren Maya confirman este planteamiento.

La cuestión militar es el gran responsables del actual clima de violencia en México, iniciado por el gobierno pro imperialista de Acción Nacional, continuado por el Revolucionario Institucional y profundizado por Regeneración Nacional. Únicamente la clase trabajadora y campesina, reivindicando su programa político, sus consignas y defendiendo su independencia política de clase frente a los nacionalistas burgueses podemos tirar el proceso de militarización de México. Se deben formar Comisiones de la Verdad por crímenes de Estado del pasado y presente, así como abolir las corruptas instituciones de SEDENA y SEMAR.

¡APOYO TOTAL A LOS FAMILIARES DE LOS 43 DE AYOTZINAPA!

¡QUE SE INVESTIGUE AL EJÉRCITO, BASTA DE IMPUNIDAD!

Isaías González