Editorial
El gobierno nacionalista burgués de AMLO no puede escapar de la crisis capitalista que se vive a nivel mundial y que se agudiza con la pérdida de hegemonía por el imperialismo estadounidense frente al crecimiento de China como potencia. Cualquier medida que no rompa con el sistema, necesariamente lleva a cabalgar y no a superar la profunda crisis que está por estallar, y que promete ser aún más catastrófica que en el 2008.

La juventud de México paga esta crisis con una disminución en su derechos, en el acceso a educación y trabajo.
Mientras las fuerzas armadas reciben 199 mil millones de pesos para el 2022 (22% más que el año pasado), la educación superior en México recibió 96 mil 585.2 millones de pesos, apenas tuvo un aumento del 4.4%, que la inflación arrojó furiosamente por la borda, pues en junio de este año la tasa de inflación interanual ascendió a 7.99%, adiós al flamante apoyo a la educación superior.

Las promesa de desaparecer el examen de admisión por el ejecutivo federal durante su campaña del 2018 quedaron olvidadas, el tan necesario acceso irrestricto a la educación superior no sólo puede ser un derecho constitucional escrito con letra muerta, si éste derecho para la juventud y toda la población no se apoya con recursos y una política real de transformación.

Quién puede recordar los debates entre rectoría y presidencia sobre la “democratización” de la UNAM de principios de año, debate con tintes electorales para que los adeptos de la 4T ocupen un bastión perteneciente al PRI por décadas, acaso Obrador olvidó que él mismo mantuvo un apoyo al nuevo periodo del rector Graue, la democratización de ésta y cualquier universidad pública del país sólo puede venir de la propia comunidad, refundando los proyectos educativos por medio de un congreso, y librarse definitivamente de las burocracias universitarias parásitas.

Las condiciones laborales para la juventud no son más alentadoras, de acuerdo con el INEGI, en el primer trimestre de 2021 la población de 15 a 24 años fue el segundo grupo de edad más afectado laboralmente, representando el 31.4 % de la población desocupada, un aumento de 98 mil jóvenes desempleados.

En el país alrededor de un millón 700 mil jóvenes no trabajan y no estudian, 900 mil jóvenes buscan empleo. Esta situación afecta en mayor medida a las mujeres quienes se enfrentan al desempleo, la informalidad y la brecha salarial día con día.

Estamos ante una oleada que no puede ser parada con los cuatro dedos de la transformación de la actual administración.Necesitamos cambiar de forma definitiva las condiciones que sujetan a la juventud a un futuro de precariedad laboral, a una crisis económica y ambiental en crecimiento.

Desde la Jueventud Revolucionaria les llamamos a organizarse por democratizar la educación superior, sólo las y los estudiantes junto a las y los trabajadores de la educación podemos dar una lucha real por mayor presupuesto para la educación; recuperemos un modelo de universidad junto al pueblo que ponga en el centro las necesidades de la sociedad y no del capital, luchemos por una profesión comprometida con la sociedad; recuperemos el servicio social universitario y regresemos a las comunidades rurales, campesinas e indígenas que pagaron nuestra educación; ante la crisis luchemos por becas de emergencia para que ningún estudiante abandone la escuela, por comedores estudiantiles subsidiados, por un boleto estudiantil universal y acceso irrestricto a la educación, abajo los exámenes de admisión.

La juventud tiene que luchar por recuperar los derechos arrebatados por la voracidad del capital frente a décadas de conquistas de las y los trabajadores, por eso impulsamos la recuperación de los sindicatos para la lucha, creación y afiliación de los mismos donde no existan; nos movilizamos por una escala móvil de salarios y horas de trabajo para enfrentar la inflación y el desempleo; abajo el outsourcing, la precariedad laboral no se regula, se desaparece.