El canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció en la COP 27, en Egipto, que “el presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido expandir aún más las NDC (siglas en inglés de las Contribuciones Nacionales Determinadas) de México para pasar de 22 a 35 por ciento la reducción de gases de efecto invernadero para acelerar la transición energética de América del Norte”, de acuerdo con información de la cancillería. Ebrard hizo este anuncio acompañado de John Kerry, enviado especial de Joe Biden para el clima.

Apenas en abril pasado se votó la reforma constitucional en materia de electricidad, que aunque no alcanzó los votos necesarios, expresa el núcleo fundamental de la política energética de este gobierno: soberanía energética, alto al robo descarado de las compañías eléctricas extranjeras, rectoría del Estado sobre el sector energético, eliminación de los organismos reguladores autónomos que han operado la privatización del sector energético, seguridad energética para los mexicanos, respeto a los contratos privados que no hayan violado la ley y castigo a esas compañías que han incurrido en fraude a la ley, como aquellas de Autoabastecimiento. 

Después de la votación en que no se aceptó dicha reforma, el gobierno de México aplicó una reforma a la Ley de la Industria eléctrica, que básicamente no ha tenido ningún efecto sobre los generadores privados que continúan extrayendo ganancias exorbitantes en tiempos en el que la crisis económica mundial y sus efectos inflacionarios azotan al pueblo trabajador y pobre de México.

¿Será que Washington ha logrado doblar al gobierno de México, que no ha logrado darse cuenta de que si no realizamos los mexicanos nuestra transición energética de manera soberana, sin intervención de potencias extranjeras, estaremos condenados a repetir un nuevo ciclo de colonialismo como lo hemos vivido los últimos 40 años de neoliberalismo? 

Esto quizá importe poco a un personaje como Ebrard, más interesado por convertirse en el próximo presidente de México, que por resolver los grandes problemas nacionales, que entre ellos está la dependencia  estratégica de Estados Unidos y otros países en cuanto a la energía y la tecnología y, sobre todo, del financiamiento.

Ebrard agregó que “con el apoyo de Estados Unidos, se estima que de 2022 a 2030 se requerirá una inversión de 48 mil millones de dólares… , y agregó que desde el sector público y privado se buscará duplicar la capacidad de generación de energía limpia en México  y reducir 52 millones de toneladas de carbono”. Ebrard ya se olvidó que el problema con la energía “limpia” es que requiere de tecnología que todavía está en desarrollo y de inversiones que las empresas privadas no están dispuestas a hacer (existen más de 2000 amparos a las reformas a diversas leyes que el gobierno de México ha impulsado para regular el sector eléctrico y garantizar la seguridad del suministro). Además, en el esquema actual, derivado de la reforma de Peña Nieto de 2013, los generadores privados obtienen ganancias que son ilegales en sus países de origen. Tanto así, que dicha reforma no tenía respaldo popular y los PRIANistas lo resolvieron con una votación fast-track donde hubo sobornos multimillonarios de por medio vía el señor Odebrecht y Emilio Lozoya (director de PEMEX en ese entonces), ambos presos por actos de corrupción. 

El mensaje de Ebrard es claro: los ideales y promesas de campaña pueden dejarse atrás cuando está de por medio el acceso al poder. 

Este pragmatismo se impone no sin consecuencias. Después de todo, la defensa de la industria eléctrica ha sido una lucha de generaciones para el pueblo de México. Todo político progresista tiene que tener en su programa la soberanía energética y la protección de las empresas estratégicas del Estado (PEMEX, CFE y Litio Mx). 

La integración energética con los EE.UU. no es viable ya que existe una asimetría enorme en cuanto al poder económico que tiene nuestro vecino del norte, cuyo PIB del 2021 es de 25 trillones de dólares, mientras que el de México es de 1.3 trillones de dólares. ¿Cómo se fijarían los precios de la energía? Sobre todo pensando en que Estados Unidos tiene varias compañías privadas que atienden varias regiones y México tiene a la CFE que es del Estado y que atiende a toda la población mexicana. El modelo del mercado eléctrico impuesto por la reforma energética de Peña Nieto es un intento de convertir al sistema eléctrico nacional en un mercado eléctrico como el de Estados Unidos. En los hechos, Ebrard está empujando a consolidar esa visión neoliberal  de transformar al SEN en un mercado eléctrico siga avanzando con todos los perjuicios que esto tiene para la economía mexicana.

Como ocurre en el caso del gas natural, son empresas extranjeras que se apoderaron de toda la cadena de valor de este hidrocarburo en México, desde el transporte por ducto y almacenamiento, hasta el consumo final en las plantas de ciclo combinado (que en México son en su mayoría privadas). La privatización eléctrica que propone Ebrard nos llevará a una situación similar a la que viven los países de la Unión Europea, con un sector eléctrico privatizado por completo y sin posibilidad de exigir un precio justo de la electricidad, viéndose obligados a pagar precios exorbitantes y dañinos a la economía de las familias europeas.

La soberanía energética, que lleva a la renacionalización de la industria eléctrica nacional, es un aspecto estratégico para que México pueda garantizar condiciones para el desarrollo económico autónomo y el bienestar del pueblo, la erradicación de la pobreza y para crear condiciones para una genuina democracia.