EL CASO DE PAOLA BAÑUELOS, EL TORTUOSO Y RE VICTIMIZANTE ACCESO A LA JUSTICIA QUE BRINDA EL PODER JUDICIAL MEXICANO

Dulce Mireles y MT

La naturalización de la violencia en México se hace cada vez más evidente para las mismas mujeres y para la población en general, pero sobre todo para las familias víctimas de feminicidio al enfrentarse al desgastante proceso de acceso a la justicia. Frente a los casos de violencia feminicida, las desapariciones de mujeres se vuelven comunes y recurrentes, y las omisiones por parte de las instituciones encargadas en dar respuesta a las denuncias y actuar de manera inmediata en la búsqueda con vida de las mujeres se vuelve re victimizante y desolador. 

Cada día vemos un anuncio de mujeres y niñas desaparecidas al punto de inquietarnos a las mismas mujeres y al mismo tiempo pasar desapercibidas en un sistema donde somos un número más de casos de violencia. Tan recurrentes son los casos de violencia feminicida que a nivel social parece normal ver otra mujer más asesinada. Parece que olvidamos que esas mujeres vivieron en un círculo de violencia constante y que incluso, muchas de ellas ya tenían denuncias contra sus violentadores que fueron omitidas por las instituciones de (in)justicia. Sobre todo, se olvida que las mujeres tienen historias y vivencias, personas que las amaron y recuerdan por quienes fueron, los sueños que tenían, quienes eran, lo que les gustaba, sus metas cumplidas o por cumplir, sus recuerdos y memorias. 

Muchos de los medios de comunicación han asumido un papel re victimizante al sacar de manera pública los casos, contando detalles que solo causan dolor a las familias y dañan el debido proceso, culpabilizando a las mismas mujeres, poniendo en duda lo que sus cuerpos hablan que vivieron a partir de la violencia, cuestionando si eran horas de salida o como iban vestidas, pero jamás señalando a quiénes las asesinan, exigiendo verdad y cuestionando la impunidad de los casos, definitivamente no han sido tribuna para hacer escuchar nuestras voces ante tal violencia, las mujeres hemos tenido que tomar medidas para recordar quienes son esas mujeres y exigir justicia. 

Para el estado mexicano, no es relevante la violencia alarmante hacia las mujeres, jamás se cuestionan lo injusto que es vivir bajo violencia a tal punto que aún muertas no obtenemos ni tantito de lo que históricamente les deben a nuestras vidas que han tenido que soportar en silencios la violencia sistemática, aún ya muertas se sigue ejerciendo violencia por el nulo acceso a la justicia, por lo burocrático, desgastante y lento de los procesos para las familias que apenas logran arrebatar memoria, verdad y justicia para las mujeres, para sus hijas, madres, abuelas, amigas, compañeras asesinadas. Y que aún arrancando un cachito de justicia como lo logramos en el caso de nuestra compañera Yessi, no es suficiente porque nada nos devuelve la vida de las mujeres. 

El proceso Poder Judicial favorece a los agresores dejándoles el derecho de presunción de inocencia, justificandolos y encubriendolos, desde no atender las denuncias de manera inmediata, como dejandolos libres, en las calles atentando contra nuestra seguridad y libertad. Cuestionando si es verdad lo que las familias o víctimas de violencia dicen, cómo lo dicen, si lloramos cuando lo decimos o simplemente no lo hacemos, sus razones subjetivas pasan por encima de nuestras vivencias y voz. 

Así ha sido en los recientes casos de las mujeres víctimas de violencia feminicida, uno de ellos ha sido el caso de Paola Bañuelos de 23 años, como tantos otros. A quien desaparecieron el 08 de julio del presente año (2024), quién tomó un taxi de aplicación de la empresa Didi para regresar a casa. Nuestra seguridad debería estar garantizada, volver a casa es un derecho así como la dispersión y esparcimiento, salir a divertirse y bailar no debería implicar correr el riesgo de no regresar vivas a nuestras casa. Sergio N fue el conductor de Didi que llevó a Paola en el automóvil, hasta el momento es el presunto feminicida de Paola, está bajo custodia, y se ha sabido que niega cometer estos actos, pero cuántos no lo hacen, aún con las pruebas como nuestros cuerpos inmóviles, la injusticia se hace presente dándoles la razón y dejándolos libres. 

Seguramente Paola tenía muchos sueños, metas, ganas de seguir construyendo su vida, creciendo, aprendiendo y enseñando. A su alrededor existen personas que la aman y que la seguirán recordando por quién fue, por lo que hizo y por su existencia en este mundo que fue valiosa y quiénes seguro exigirán justicia y verdad. 

Los procesos de audiencias para encontrar justicia para las familias de las víctimas son largos, muchas veces silenciosos y en soledad. Las organizaciones de mujeres han sido en muchos casos fundamentales para presionar a los procesos y acompañar este camino de lucha, hemos sido las mujeres quienes realizamos un constante trabajo de presión política desde las calles para que los casos de feminicidios no queden impunes, han sido sobre todo las familias quienes toman papeles activos de búsqueda, de recopilación de pruebas, de esclarecer los hechos que las instituciones no hacen y que sin embargo es su trabajo. 

En este país, a quienes más le debe el poder judicial es a las mujeres. Paola, como todas, tenía el derecho de poder salir de casa y regresar sin miedo, pero para muchas como para ella no ha sido posible. Muchos de los casos llegan a ser extenuantes, dura años poder dictar una sentencia, dar sanción y cerrar los casos, aunque la realidad es que solo serán realmente cerrados cuando nuestras vidas sean garantizadas día y noche, cuando las denuncias de violencia sean atendidas de manera inmediata, donde no surja menor duda sobre nuestra verdad. 

Muchos de los casos, solo pueden tener mediatez cuando son difundidos con alcance en redes para la movilización de la sociedad, sin embargo, para diversos casos no es así, pues para las mujeres acceder a la justicia, darle credibilidad a su voz y brindar de herramientas e información para sus casos no es posible, sobre todo para campesinas o trabajadoras que no hablan español o tienen alguna discapacidad, empobrecidas y que son ya de por sí violentadas y vulneradas de otras formas social, económica, cultural y políticamente. 

El no poder acceder a justicia para las víctimas de violencia y feminicidios, al hacer caso omiso a los casos que llegan a las instituciones alarmando la violencia psicológica, física, económica, patrimonial, vicaría, entre muchas otras, al minimizar las denuncias de las mujeres  por medio de  cuestionamientos, al no garantizar un procedimiento con perspectiva feminista o de género, el pensar que ni nuestros cuerpos son garantía de prueba para saber qué nos asesinan. 

El podrido poder judicial en México se encarga de disfrazar los casos de feminicidio como suicidios o de decir “apareció muerta” para indicarnos que denunciar no sirve de nada, pues no es garantía de justicia y que por lo tanto no estarán nunca de nuestro lado, es mandarnos un mensaje diciendo que nuestras vidas no valen. 

Sólo desde la organización en las calles, la presión constante social y política, y la transformación de las instituciones, es por ello que insistimos en que el Poder Judicial tiene que limpiarse, es que seguiremos ejerciendo nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia. El acceso a la justicia debe ser garantía para todas las mujeres y sobre todo para aquellas donde “justicia” es apenas una palabra lejana como las instituciones. 

¡Justicia para Paola y para todas las mujeres!
¡Por un poder judicial al servicio de las mujeres! 

¡No desaparecemos, nos desaparecen! 

¡Ni una menos! ¡Ni una más! 

¡Vivas nos queremos! 


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