Genoveva Alemán
Ha transcurrido más de un mes del sismo del 19 de septiembre y un poco más del sismo del 7 de septiembre, ambos golpearon duramente la Ciudad de México y estados del país como Morelos, Puebla, Estado de México, Oaxaca y Chiapas, la emergencia en términos oficiales ha cesado, para dar paso a las labores de demolición y reconstrucción, pese a que aún hay familias enteras durmiendo en casas de campaña o bajo techos de hule, para ellos ha sido el tiempo de la tragedia.

Lo único que parece ser una constante en todo este tiempo ha sido la ausencia dolosa, el retraso en el apoyo del estado mexicano, tanto en la atención de la emergencia como en las posteriores actividades de censo y reconstrucción de viviendas, lo único que no ha tenido retraso ha sido la necesidad de los funcionarios de hacerse propaganda a cuesta de la tragedia del pueblo, para ellos ha sido el tiempo de la ambición, de políticos y funcionarios de gobierno preocupados más por su imagen pública y los tiempos electorales, que por atender a la brevedad las necesidades de los damnificados.

CONSTRUYEN SU HUIDA ANTES DE RECONSTRUIR AL PAÍS

A pocos días del sismo del 19 de septiembre la campaña del gobierno federal se enfocaba en insistir cínicamente, que México estaba de pie, una vez más se echaba a andar la maquinaria propagandística de un estado carente de legitimidad y que pretende con slogans y frases adornadas ocultar la gravedad de las afectaciones, pero sobretodo, de su responsabilidad en lo ocurrido.

La visión de los políticos está en cómo poder construir una salida silenciosa de sus obligaciones, que en construir albergues, viviendas emergentes y/o permanentes, así como escuelas para la población afectada, esperan el tiempo preciso para dejar sus puestos y huir impunemente de sus responsabilidades, ante ello la exigencia central es que no deben renunciar los funcionarios de gobierno, cuyas poblaciones fueron seriamente afectadas, para hacer válidas sus aspiraciones electorales, su obligación es atender a los damnificados y poner manos a la obra en la reconstrucción, en el castigo a responsables de construcciones deficientes en lugar de pensar en su siguiente puesto público.

CREAR LA IMAGEN DEL “TODO ESTA BIEN” PARA QUE TODO SE OLVIDE
La necesidad del gobierno federal por mostrar un “México de pie” no responde a ninguna campaña de aliciente para su población, por el contrario responde a la necesidad de imponer una “normalidad” que no permita a las personas percatarse de la ausencia dolosa del estado, que evite que el pueblo continúe siendo solidario y contribuya a organizarse para exigir que se cumplan sus obligaciones en el apoyo a damnificados, pero sobretodo en evitar que tome mayor fuerza la demanda de castigo a los responsables, principalmente a las constructoras y funcionarios que avalaron cientos de inmuebles que no cumplían con las normas obligatorias y que resultaron en derrumbes o daños severos o parciales, todo ello producto de la corrupción que impera en el mercado de la construcción inmobiliaria en México.

La propaganda oficial busca imponer la idea de que ante un “desastre natural” no podemos encontrar culpables, ese ha sido el discurso de la constructora Canada Building Group que envió un correo electrónico a quienes compraron un departamento en Residencial San José, ubicado en Eje 7 Sur Emiliano Zapata #56, Colonia Portales, que tuvo un grave derrumbe: “son eventos fortuitos” y “no se puede hacer nada”. Esa lógica ha tratado de imponerse, cuando queda claro que lo que se busca es negar toda responsabilidad en el derrumbe donde fueron asesinadas dos mujeres que trabajan en labores de limpieza de los departamentos.

La demanda de un familiar fue contundente en redes sociales, “que paguen los culpables del asesinato de mi madre y mi esposa” la responsabilidad de la constructora es total al ser un inmueble cuya construcción apenas supera 1 año, más aún cuando su discurso de venta era la seguridad del edificio con su “tecnología antisísmica” que ha quedado hecha pedazos ante la contundencia de las pruebas que demuestran una construcción deficiente, con materiales empobrecidos para maximizar las ganancias de la constructora y que no soportarían un sismo, también muestra la responsabilidad de los encargados de obra y de quienes dentro del gobierno de la Ciudad de México dieron el aval a dicha construcción.

La mayor parte de los derrumbes en la Ciudad de México pasan por una situación similar, múltiples inmuebles afectados severamente que corresponden a tan sólo un puñado de constructoras, edificios que fueron modificados en su estructura para ampliar sus espacios de renta, sacrificaron la seguridad para aumentar sus ganancias y los resultados fueron fatales. En días pasados se anuncia en periódicos la detención de uno de los responsables de obra de Residencial San José, pero ni una sola autoridad ha sido señalada, mucho menos castigada.

Claudia Sheinbaum evade su responsabilidad al decir que la remodelación del Colegio Rébsamen no fue en su administración, es real, los permisos se otorgaron en anteriores administraciones, pero es en su mandato que se dio el dictamen de finalización de obra. Al día de hoy se marca la solitaria responsabilidad de la dueña del Colegio, que es clara su culpabilidad pero no es la única, una vez más se busca sacrificar a la pieza más débil, se construye la impunidad de las grandes empresas de la construcción y se protege en la arbitrariedad a los funcionarios de gobierno responsables.

No puede negarse la responsabilidad de las grandes empresas de la construcción, se debe investigar quiénes son para que sean revisados otros inmuebles construidos por ellas para evitar así en un futuro otras tragedias. Se deben deslindar responsabilidades por las personas asesinadas, tanto en el sector privado como en los funcionarios que bajo actos de corrupción aprueban permisos de construcción y terminación de obra de edificios sin cumplir con las normas mínimas de seguridad.

LOS RECURSOS DEL FONDEN SUJETOS A LAS ELECCIONES Y EL PRESUPUESTO ANUAL
La estrategia a seguir para la asignación de recursos del Fondo Nacional de Desastres no ha sido clara, se han repartido ya en algunos estados las primeras tarjetas con recursos líquidos para que las personas individualmente inicien las labores de reconstrucción de sus viviendas. Se habla de que días después vendrá un segundo apoyo que complemente el primero, en estos casos hay varias modalidades pero en ninguno de ellos el monto supera los $120 mil pesos. Otra estrategia es el otorgamiento de créditos, pero se ha denunciado que vienen cargados de intereses extremos, también hay denuncias de tarjetas sin fondos, que hay comunidades en Puebla donde se han otorgado las tarjetas pero sin un censo previo de damnificados, es decir no hay una clara estrategia del gobierno en la reconstrucción de las zonas afectadas, la única claridad que se muestra constante son los tiempos electorales del 2018.

Todo el discurso se encamina a que la asignación de recursos económicos será marcada por los tiempos de campañas políticas y que permitirán el uso de esos recursos para las mismas. Tan sólo hay que observar las actuales discusiones en el Congreso para fijar el presupuesto de ingresos para el próximo año, pero principalmente la discusión se centra en el presupuesto de egresos, donde se reducen nuevamente los recursos a sectores vitales para el pueblo y todo se justifica bajo el tema: recursos para la reconstrucción, politizando electorálmente la asignación de recursos, donde el presupuesto del 2018, el FONDEN y las donaciones internacionales se pierden en las ambiciones electorales.

Si después del temblor de 1985 hay familias que siguen esperando recursos para la construcción de sus viviendas, qué puede esperarse en este 2017 de tiempos pre-electorales, de asignaciones de fidecomisos para la construcción de viviendas que priorizan las ganancias para las empresas en detrimento de la calidad de la construcción y otorgando las labores de reconstrucción a las mismas empresas cuyos inmuebles se derrumbaron o presentaron severos daños, si eso ocurre en el centro del país, cuál será el destino de las comunidades rurales de Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas que fueron severamente golpeadas por los sismos y donde la presencia del Estado es mínima o nula, el estado pretende construir una negligencia como en el 85, pero la organización del pueblo debe tomar la experiencia pasada para no permitir la repetición del mismo esquema.

La impunidad, corrupción y negligencia son el marco de los tiempos de ambición de la burguesía y las clases gobernantes; la clase trabajadora organizada no debe permitirlo y debe mostrar una claridad analítica de lo ocurrido y revelar la importancia de la organización para la lucha, para evitar que se impongan los tiempos de la burguesía y las ambiciones de la clase política, deben ser los tiempos de luchar y vencer.