Walter J. Ángel
A 80 años de la expropiación petrolera donde Lázaro Cárdenas lleva a plano Constitucional la lucha de los trabajadores de la industria petrolera, hoy la industria energética se encuentra en su peor momento.
Las promesas con las cuales se comenzó la privatización de la industria energética en 2013, por supuesto no se iban a cumplir. El interés de Enrique Peña Nieto es y seguirá siendo, que las empresas privadas y extranjeras tengan participación en la producción nacional de hidrocarburos y electricidad, principalmente las estadounidenses; favoreciéndose de las inversiones del Estado realizadas por Pemex y la CFE al ser éstas despojadas de sus infraestructura e información estratégica, para otorgarla a precios ridículos a las empresas privadas y extranjeras; condenando la seguridad energética y nacional a los designios del vecino del norte.
En el caso de los hidrocarburos, las actuales “Rondas de Licitaciones” son la fabricación artificial de un mercado, innecesario, que Petróleos Mexicanos venía desarrollando sin ningún problema. Hoy no sólo la plataforma de producción ha caído, sino que se ha cedido áreas con importantes recursos petroleros a las corporaciones, mismas que controlan los recursos y el territorio de forma total; sin la capacidad de que puedan ser fiscalizadas. Además, estás mismas empresas comercializan su producción de hidrocarburos con otra empresa Privada de nombre Trafigura. De esta manera, la comercialización del total de los hidrocarburos de México, es realizada hoy por corporaciones privadas y extranjeras. Después del buen trato entre privados, estos decidirán cuánto pagan de contraprestación al Estado.
Los contratos entregados en estas rondas de licitación, son violatorios de la propia legislación aprobada por el PRI-PAN y posteriormente validada por el PRD en las Leyes Secundarias. La voracidad del negocio de hidrocarburos impide que puedan respetar la legislación que ellos mismos aprobaron. La opacidad detrás de los contratos y la asimetría frente a las asignaciones de Petróleos Mexicanos es evidente.
La competitividad promovida desde el Itam representa el debilitamiento de Pemex y de la CFE para que las empresas Privadas puedan “competir” y crear nuevos monopolios como el de BlackRock en la Ronda 1 o el de Shell en la Licitación 4 de la Ronda 2.
La realidad de la reforma en energética en la apropiación de los hidrocarburos por parte de empresas privadas y extranjeras, para acelerar la producción y exportación de crudo a cambio de contraprestaciones mínimas para el Estado, sin ningún plan ni proyecto superior a la de una república bananera; control territorial y de las reservas estratégicas en energéticos y debilitamiento hasta la quiebra de Petróleos Mexicanos.
En el caso de la petroquímica y la producción de petrolíferos sigue la misma tendencia. Se trata de aumentar las importaciones de combustibles, debilitar el parque de refinación y la capacidad de producción nacional de combustibles; favorecer el mercado de energéticos del vecino del norte (incluido el gas); dar negocio a importadores y expendedores de combustibles, quienes se apropian del diferencial del precio de referencia (Bahía de Houston) y de las variaciones del tipo de cambio peso/dólar, además de recibir estímulos fiscales por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); seguir el debilitamiento de los complejos petroquímicos y ceder la industria a empresas privadas y extranjeras como Mexichem; rematar los complejos y activos y generar a partir de las inversiones públicas nacionales, una fuerte industria privada.
Las consecuencias de esta política son claras: aumento en los precios de los combustibles y el costo de la vida; una inflación sostenida del 7%; aumento del déficit comercial con Estados Unidos; baja recaudación fiscal por parte de Hacienda en materia de combustibles y por tanto aumento de impuestos en otros rubros; debilitamiento de los ingresos del Estado y una crisis mayor en la economía nacional que está recargada en la exportación y venta de hidrocarburos y en los impuestos a combustibles. Esos son algunos resultados de la Reforma Energética.
Desde el Grupo de Acción Revolucionaria insistimos que la lucha por la renacionalización sin pago de la industria energética en su conjunto es crucial para el futuro energético nacional, para la soberanía energética y para la seguridad nacional; que debemos expulsar a las transnacionales que se benefician de las inversiones públicas y que comienzan a utilizar tecnologías que comprometen el futuro energético y ambiental de nuestro país. Que cualquier alternativa que no plantee atacar de forma directa al capital no debe estar en el interés de las masas empobrecidas por las reformas.
En ese sentido, llamamos a recuperar las banderas de la renacionalización de la industria y los recursos naturales estratégicos y a expulsar al imperialismo de nuestro país; utilizando a los recursos energéticos como palanca del desarrollo nacional que tenga por inicio la industrialización para romper la profunda dependencia a la que estamos sometidos.
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