Genoveva Alemán

En el marco del primer aniversario de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 que golpearon fuertemente varios estados de la República Mexicana, aún pueden percibirse las afectaciones y daños en la población, que una vez más, resulta ser en su mayoría la clase trabajadora empobrecida y explotada.

La inercia de la vida cotidiana se impone y parece derrotar aquellos días inmediatos a la tragedia donde el pueblo se volcó a las calles en apoyo solidario a las víctimas, inercia que parece beneficiar al Estado ante su opacidad en la atención a los damnificados, que a un año de distancia continúan sin recibir los apoyos necesarios. Ante ello es necesario retomar la organización del pueblo.

LA SOLIDARIDAD DEL PUEBLO REBASA A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
A pocas horas de ocurridos los sismos del 7 y 19 de septiembre, el apoyo y solidaridad del pueblo de México tomó nuevamente el protagonismo, las cadenas humanas estaban compuestas por el pueblo organizándose de forma inmediata y las autoridades quedaron rebasadas, el pueblo salía a las calles desatendiendo las indicaciones de no salir de sus casas, tal y como ocurrió en 1985.

Las primeras manos en remover escombros fueron las de vecinos, amigos, familiares o personas que se encontraban circunstancialmente cerca de los lugares de derrumbes. El apoyo con víveres, medicamentos, ropa y herramientas rebasó por mucho a las autoridades quienes tomaron el control de los puestos de mando y de acopio varios días después de la emergencia inicial, y lo hicieron principalmente para controlar el flujo de civiles y sobretodo, de acciones organizativas de mayor nivel, ya que el pueblo fue quien presionó para que las labores de búsqueda de sobrevivientes o recuperación de cuerpos no cesaran.

Los centros de acopio independientes duplicaron a los oficiales y el traslado de los víveres se realizó en manos de organizaciones y personas independientes ante el total descrédito de las instituciones oficiales para dicha labor, la confianza de la población en sus gobiernos es nula o mínima, de ahí que la organización independiente tomó la fuerza del pueblo salvando al pueblo.

LOS JÓVENES LA MAYOR FUERZA DE LOS EQUIPOS DE VOLUNTARIOS
El papel de los jóvenes fue fundamental en la intervención organizativa de apoyo y solidaridad, mientras algunas voces buscaban imponer el regreso a la normalidad lo más pronto posible, los jóvenes y estudiantes comprendieron el papel histórico que les tocaba desempeñar y decidieron parar sus escuelas para poder insertarse en brigadas de apoyo que se dirigían a las comunidades más afectadas.

El estado minimizó una vez más el poder organizativo del pueblo de México y de los jóvenes que marcaron la pauta de organización y solidaridad, incluso, las autoridades de instituciones educativas como la UNAM pugnaban por el retorno inmediato de los jóvenes a la normalidad, a las aulas, pretendiendo encerrarlos en una realidad de cuatro paredes y que no intervinieran en la realidad de las calles.

LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO FRENTE A LOS SUCESOS

Tanto el sismo de 1985 como los de 2017 mostraron una respuesta ineficiente del Estado, la organización del pueblo rebasó las acciones oficiales y sobretodo puso al descubierto la corrupción que pesa en las empresas inmobiliarias, ya que la mayoría de las estructuras que colapsaron en la Ciudad de México presentaban serias irregularidades en su construcción.

Asimismo, el apoyo a los damnificados en estados como Oaxaca, Chiapas, Puebla y Morelos fue lento e insuficiente, las denuncias del desvío de los recursos de las donaciones nacionales e internacionales sigue siendo una constante en la población que pone en duda la transparencia de su uso, aunado a las denuncias de viviendas de reconstrucción de mala calidad que presentan daños en sus estructuras.

A un año de los sismos del 2017 aún persisten muchas familias que no han recuperado su hogar y continúan viviendo bajo casas de campaña; decenas de edificios con daños estructurales continúan de pie siendo un riesgo latente para la población. Los procesos de investigación y deslinde de responsabilidades por las estructuras colapsadas en la Ciudad de México son mínimos y no han avanzado, ningún funcionario ha sido sancionado o juzgado, es decir, la corrupción del gobierno y los intereses de particulares se imponen ante las necesidades del pueblo.

En los demás estados la situación no cambia mucho, aún existen damnificados que no han podido recuperar su patrimonio y su vida cotidiana se ha visto seriamente afectada, más aún cuando muchas comunidades padecían desde antes de los sismos condiciones de alta marginación y pobreza que complican más su situación.

RETOMEMOS LAS ENSEÑANZAS DE 1985 Y 2017
La experiencia organizativa ante los sismos debe retomarse para transformarse en espacios más organizados de lucha del pueblo, es decir, rebasar la inmediatez de la emergencia y canalizar de mejor forma demandas que aún siguen pendientes y son fundamentales en apego a la justicia social.

La elaboración de un censo que refleje la cifra real de damnificados que aún existen en el país no puede demorar más, se deben exigir apoyos para quienes perdieron su hogar y no han recibido ayuda, que exista el deslinde real de responsabilidades en construcciones deficientes tanto de las empresas inmobiliarias como de funcionarios de gobierno.

Es necesario estructurar planes de recuperación económica de quienes también perdieron su fuente de trabajo, pero sobretodo, la necesidad de campañas de prevención y políticas públicas encaminadas a proteger a la población ante posibles sismos o desastres que puedan ocurrir, todo esto como petición de buena voluntad al gobierno estará destinado al fracaso, la organización del pueblo en comités de lucha que permita exigir de forma más sistemática estas demandas es el único camino para lograr su resolución, la organización programática del pueblo debe ser nuestra máxima enseñanza y debemos retomarla.