Octavio Ugalde

La actual emergencia de salud pública internacional a consecuencia de la
pandemia por el COVID-19 ha visibilizado una de las caras más contundentes de la decadencia capitalista: la explotación laboral y la precarización de la vida.

A nivel internacional se ha desatado una crisis de salud pública para enfrentar la pandemia; pero también se ha puesto en evidencia la crisis del capitalismo imperialista estadounidense que lucha para no perder su hegemonía en los mercados financieros, comerciales y energéticos a nivel mundial. La pandemia ha dejado ver que los intereses económicos y políticos del imperialismo norteamericano en pugna con los de China, Rusia, medio oriente y Europa, utilizan la salud pública como mecanismo de ataque hacia otras economías importándoles nada la salud de la clase trabajadora.

El sistema capitalista necesita generar crisis de todo tipo: guerras, golpes de Estado, terrorismo y pandemias, para intervenir y desregular las políticas económicas de los países que estratégicamente tienen los recursos que necesita para continuar su hegemonía económica, política e ideológica mundial. Las crisis que genera el capitalismo son cíclicas y ahora tienen un matiz químico y biológico.
Evidentemente, la clase trabajadora es la que está de por medio en esta pugna bacteriológica y geopolítica internacional. Y es la solidaridad internacional obrera la que debe hacer que nos identifiquemos con la explotación que se vive en México y otros países, que se ha recrudecido a partir de la emergencia por el COVID-19.

El virus de la explotación y precarización laboral

Tras la entrada del patrón de acumulación neoliberal, en los años 80. La privatización de la industria y mercado laboral mexicano, trajo consigo mecanismos de flexibilización de la contratación y la organización laboral. Esto generó un aumento paulatino de la tasa de desempleo, de informalidad y de precarización laboral. Es así, que podemos identificar dentro de la heterogeneidad del mercado laboral capitalista, tres escenarios dentro de la división del trabajo. Estos escenarios asalariados diferenciados son: el empleo formal, el empleo precarizado y el empleo informal.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2020, el 56.2% de la población económicamente activa (PEA) se encuentra dentro del sector informal. Y un 43.8% dentro del sector formal. Sin embargo, dentro de este 43.8% hay una inmensa población que trabaja precarizada, es decir, con contratos y condiciones que no garantizan sus derechos laborales y con salarios por debajo de lo que deberían ganar para vivir dignamente.

Es necesario identificar que México, por ser un país dependiente al imperialismo norteamericano, es decir, a su economía y política internacional, coaccionado a través de tratados comerciales como el TMEC, hace que las garantías y condiciones laborales, ya sea en el empleo formal o informal sean siempre precarias. Solo una pequeña parte de la población tiene condiciones formales y justas de trabajo y estas personas siempre están adheridas a las clases sociales dominantes y ricas.

Ahora bien, cuando decimos empleo formal nos referimos a aquellas personas que cuentan con un contrato que estipula los derechos y obligaciones entre el patrón y el empleado, sin embargo, muchos de estos empleos, aunque tengan contratos, son temporales y muchas veces se violan los derechos del trabajador pagándoles aún por debajo del valor de lo que producen.

Por otro lado, el empleo precarizado es aquel que aun contando con un contrato laboral, el patrón utiliza mecanismos de omisión de los derechos laborales (subcontrato) generando procesos de incertidumbre económica, falta de seguridad social y una constante violación a las garantías en las condiciones laborales.
Ejemplos de este tipo de empleos precarizados son aquellos que ofrecen empresas multinacionales como Grupo Alsea, dueños de grandes marcas de restaurantes de comida rápida distribuidos a nivel nacional como: Star bucks, Dominos Pizza, Vips, Burguer King, Chilli ́s, entre otras.

Otra modalidad de empleo precarizado es aquel que ofrecen empresas de servicios de taxi y reparto de comida a domicilio que operan mediante aplicaciones de celular como UBER, DIDI, BEAT, Taxify, Sin Delantal, Rappi, y otros, empleando a cientos de miles de jóvenes excluidos de la posibilidad de acceder a la educación pública y gratuita y arrojados a la inseguridad social, sin los derechos correspondientes a la Ley Federal del trabajo.

Esta modalidad de trabajo por subcontratación se hace muchas veces a partir de outsorcing, es decir, mediante la “tercerización” de recursos y responsabilidades de las empresas empleadoras a otras que median el proceso de contratación.

Este proceso de subcontratación es el que actualmente opera en México y funciona para que cientos de grandes empresas evadan impuestos fiscales, establezcan formas de contratación ilegal e incrementen sus ganancias a costa de la explotación y de la necesidad de la población para sobrevivir.

Finalmente, el sector que agrupa a casi la mitad de la población explotada, es el sector informal. Cuando decimos trabajo informal nos referimos a aquel que no cuenta con contrato legal y por ende carece de condiciones de seguridad social y derechos laborales estipulados en la ley, ejemplos de este tipo de trabajos son los comerciantes instalados en cientos de mercados populares, tianguis y calles. Y también a las trabajadoras domésticas, quienes día con día realizan trabajos de limpieza y mantenimiento en condiciones ínfimas.

Este sector está integrado por quienes no pueden acceder a trabajos con contratos formales dignos para vivir. Y tienen que autoemplearse arrojados a la incertidumbre económica y al día a día.
La población que no puede encontrar seguridad laboral en empresas explotadoras, termina autoempleandose para sobrevivir y depende de la circulación diaria de los productos o servicios que ofrezca, muchas veces desvalorizados y pagados por debajo del costo del producto, debido a la aplastante competencia y presión que ejercen las grandes empresas como los centros comerciales.

En este contexto, la precarización, la exclusión social, el arrojo al desempleo y la informalidad laboral, son los mecanismos que las clases dominantes nacionales e imperialistas (dueñas de industrias, emporios comerciales, financieros y agrícolas como Telmex, Coca cola y Waltmart, por mencionar algunas) utilizan para explotar y a las y los trabajadores en México, con el fin de evadir impuestos y aumentar sus ganancias arropados por los regímenes de gobierno en turno y los partidos
políticos de derecha.

La lucha y la organización obrera: la cura contra la explotación

A principios de Abril, al entrar en vigor la fase 2 del protocolo de salud a nivel nacional, se hizo un llamado a que toda la población se quedara en casa y evitara realizar actividades en vías públicas para evitar contagios comunitarios masivos de COVID-19.

Este llamado nacional afectó principalmente al sector informal, ya que es el grueso de la población que no cuenta con las condiciones de seguridad social y económica ante la ley. En un segundo lado, afectó al grueso de la población precarizada, es decir, quienes trabajan en empresas de comida rápida, de comercio y de servicios, y que están contratadas por outsorcing.

Sin embargo, a quienes no afectó, evidentemente, es a las grandes empresas capitalistas quienes cuentan con tasas de ganancia enormes en comparación con los comerciantes informales.

Ante esta situación, Grupo Alsea, envío de forma ilegal a casa a sus trabajadores sin goce de sueldo, justificándose en que no había recursos para pagarles y violando lo estipulado en el artículo 429 fracción IV de la Ley Federal del Trabajo que dice “el patrón estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión”. Al igual que Ricardo Salinas Pliego (dueño de Grupo Salinas, que conglomera a diversas empresas dedicadas a las telecomunicaciones, medios de comunicación y entretenimiento, transporte, servicios financieros y comercio especializado, como Grupo Elektra. Banco Azteca y TV Azteca) salió a decir en conferencia que no había necesidad de dejar de trabajar, ya que “el COVID-19 no nos va a matar, pero el hambre sí”, y les dijo a sus directivas que no detuviesen la producción ni comercio, ya que la “crisis económica que se avecina es la que debe preocuparnos” dejando en un segundo plano la salud.

Con miles de infectados y casi un millar de muertes por COVID-19 en México, es imposible no ver que es la clase trabajadora quien está más expuesta. ¿Ricardo Salinas Pliego, y las directivas de Grupo Alsea y los empresarios adheridos a la COPARMEX, realmente son quienes día con día sufren la precarización y la explotación laboral?, no, es la clase trabajadora.
Es crucial que distingamos que ningún capitalista va a renunciar a sus privilegios si no es arrebatándoselos, ejerciendo presión mediante la organización y la lucha por nuestros derechos.

La independencia política que se pueda conquistar es inminente, para diferenciarse de partidos políticos de derecha como el PAN, el PRI, el PES, PRD y PVEM que solo buscan incidir oportunistamente para dar su golpe, cuando esos mismos partidos son quienes han vendido los recursos energéticos del país y han precarizado los sistemas de salud pública en sus sexenios neoliberales.

Por ello, la independencia política es crucial para los trabajadores y trabajadoras organizadas, para que sus intereses sean los que se defiendan y realicen.
Desde la izquierda independiente y revolucionaria creemos que la emergencia de salud pública no solo ha dejado ver de manera más cruda las desigualdades sociales, políticas y económicas en México. Y ha demostrado que si existe crisis económica, no es porqué la clase trabajadora no este laborando en algunos sectores, sino porqué las tasas de ganancia multimillonarias de las grandes empresas capitalistas no están creciendo como ellos quisieran y eso represente crisis para ellos, crisis que la clase trabajadora tiene que pagar, según ellos.
Nosotros y nosotras les decimos, si hay crisis ¡Que la paguen los capitalistas!

Por ello, desde el Grupo de Acción Revolucionaria creemos que es necesario elevar el siguiente programa de lucha la clase trabajadora explotada concentrada en las grandes ciudades, con el fin de articular una serie de demandas que hagan que podamos conquistar nuestros derechos democráticos como trabajadores y trabajadoras en medio de esta emergencia de salud pública que solo ha visibilizado los mecanismos más viles de explotación que sufrimos día con día:

1. Garantizar seguridad laboral y licencia con goce de sueldo a toda la población. En especial a jóvenes, personas mayores, en situación de riesgo, mujeres embarazadas, solteras y que no tengan quien cuide a sus hijos e hijas.
2. Sanción económica a empresas que despidan a trabajadoras y trabajadores o que los manden a casa de manera ilegal sin goce de sueldo, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 429, fracción IV de la Ley Federal del Trabajo.
3. Medidas económicas de emergencia para mujeres y personas de sectores vulnerables.
4. Medidas económicas de emergencia para pequeños negocios que se verán afectados.
5. Eliminación de contrato por outsorcing o subcontratación.
6. Exigir la contratación mediante contratos legales que hagan efectivos los derechos y garantías laborales estipuladas en la Ley Federal del Trabajo a trabajadores de empresas de servicios, comercio, transporte y salud como las que componen la COPARMEX, UBER, DIDI, BEAT, RAPPI, GRUPO ALSEA, Grupo Salinas, Grupo Carso y demás que operen bajo el régimen de subcontratación.

¡Por la conquista de los derechos democráticos de las y los trabajadores!

¡Alto al outsorcing y al trabajo precarizado!

¡Que la crisis la paguen los capitalistas!

GRUPO DE ACCIÓN REVOLUCIONARIA

¡LUCHAR, VENCER!