La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aprobó este 3 de febrero la Controversia Constitucional interpuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) contra el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional impulsada por el actual gobierno en un intento por revertir las atrocidades provocadas por la Reforma Energética impuesta a los mexicanos en 2013.

Si bien, es real que la Política de Confiabilidad aún era insuficiente para garantizar el suministro eléctrico como un derecho humano, así como tarifas accesibles y que el conjunto de los explotados y oprimidos seamos los principales beneficiarios de la explotación racional del conjunto de los recursos naturales ubicados en nuestro territorio, pese a ello, este acuerdo contribuía como un esfuerzo importante en el camino de la recuperación soberana del sector energético.

La resolución de la SCJN, más allá de las implicaciones meramente jurídicas, significa en la vía de los hechos un golpe frontal a la política energética que busca impulsar el actual gobierno en un terreno minado por los intereses de las empresas privadas que, bajo discurso de cuidar el medio ambiente, priorizan sus ganancias y negocios por encima de la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, es decir, se preserva el interés de unas pocas empresas por encima del beneficio de la nación.

Más aún, es un golpe frontal al pueblo de México, a quienes por décadas hemos luchado por la defensa y soberanía de los recursos naturales y de los sectores estratégicos para un país, como lo es el energético. Pero esta afrenta no es reciente, la SCJN continúa en la tendencia de los gobiernos anteriores donde se pactó la Reforma Energética, y da continuidad así al despojo a la nación organizado por los grandes capitales, principalmente los trasnacionales, que han encontrado en la derecha mexicana y los medios de comunicación a sus mejores aliados.

En la vía de los hechos la SCJN consolida una vez más una traición a la nación y a toda la clase trabajadora de nuestro país, al convalidar el despojo y saqueo de los recursos naturales, así como avalar los privilegios para las empresas privadas de generación de energía eléctrica con fuentes renovables, ya que disponen de subsidios que son pagados por el pueblo de México, aunado a que gozan del uso de la infraestructura perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sin pagar ni un solo centavo.

LA REFORMA ENERGÉTICA BLINDADA

La llamada Reforma Energética que consolidó el gobierno de Enrique Peña Nieto en el 2013, después de varios años de negociaciones y de una estructura prácticamente redactada en Washington, quedó blindada por múltiples frentes, desde los tratados y convenios internacionales como el T-MEC, pasando por los organismos reguladores cuya finalidad se centra en beneficiar a las empresas privadas, hasta los términos administrativos y legales, donde éste o cualquier otro gobierno no pudieran echar atrás las modificaciones al sector energético, salvo por la vía de las reformas constitucionales, conociendo de antemano la complejidad que éstas implican, principalmente de corte político.

Las diversas decisiones y actuaciones que han realizado los organismos de gobierno del sector energético en meses recientes y que resumen las demandas de las y los trabajadores energéticos, buscaban avanzar en recuperar la rectoría del estado sobre la política energética en nuestro país, algo que durante muchos años se ha peleado en las calles para detener el desmantelamiento sistemático de uno de los sectores más estratégicos en el desarrollo de México, de ahí que la exigencia de renacionalización de toda la industria energética no es algo fuera de la realidad.

Durante años vimos como los sucesivos gobiernos de corte neoliberal entregaban en bandeja de plata todos los recursos e infraestructura que pertenecían a la nación como resultado de las históricas luchas de los trabajadores energéticos y, que habían visto su realización con la expropiación petrolera de 1938 y la nacionalización de la industria eléctrica de 1960. Con la imposición del modelo neoliberal el desmantelamiento de los sectores energéticos se dio a espaldas de la clase trabajadora, en negociaciones de alto nivel que pactaron una reforma a modo de los intereses trasnacionales y de las necesidades energéticas de Estados Unidos, donde, por cierto, muy poco se hablaba del cuidado del ambiente.

De este modo, la clase política, los partidos del régimen, los grandes capitales nacionales e internacionales consolidaron el mayor despojo a la nación, al tener el control del poder político, económico y judicial lograron imponer una reforma repudiada por amplios sectores en las calles que exigían no sólo detenerla, sino recuperar la soberanía energética e impulsar procesos de renacionalización en todo su conjunto, demandas que siguen vigentes en el movimiento social y que como Grupo de Acción Revolucionaria hemos sostenido por años.

EL PODER JUDICIAL TRAICIONA A LA NACIÓN

Algunos de los argumentos del Ministro Manuel Aguilar Morales, quien elaboró el proyecto de respuesta a la Controversia Constitucional interpuesta por la COFECE contra la Política de Confiabilidad, versan en su mayoría en la defensa de la competitividad y los derechos de las empresas privadas para ser parte del mercado eléctrico, para el Sr. Ministro no importa que exista en nuestro país una capacidad excedente de energía eléctrica y cuya generación a cargo de las empresas renovables obliga al estado mexicano a darles entrada al Sistema Eléctrico Nacional, aun cuando éstas se consideran intermitentes y cuya capacidad de respaldo recae en la misma CFE, dado que las empresas no han querido invertir en ese rubro.

Bajo esta idea, cuatro de los cinco ministros de la Segunda Sala de la SCJN aceptan los argumentos expuestos por Aguilar Morales y dan validez al abuso que representan las energías renovables para el Sistema Eléctrico en México. Argumentan al mismo tiempo que los beneficios que se otorgan a CFE en su política de fortalecimiento son ilegales ya que consolidan un monopolio, olvidando que la Comisión es una empresa al servicio de la nación y no del lucro de los privados, no hay punto de comparación entre una empresa estatal en beneficio de una nación a una empresa bajo fines de lucro y cuyos capitales responden a intereses en su mayoría extranjeros, es decir, que la Suprema Corte convalida la pérdida de nuestra Soberanía defendiendo la sacrosanta “competitividad”.

Asimismo, optan por dar la razón a la COFECE, organismo creado en 1992 en pleno auge neoliberal y de negociaciones ad doc del entonces TLCAN; dotado de autonomía en 2013 durante el gobierno de Peña Nieto quien se encargó de consolidar los pendientes de la agenda neoliberal en México, y cuyo objetivo se centra en proteger la competencia de los mercados, no en el beneficio de los intereses de la nación.

De este modo queda claro que el Poder Judicial se ajusta a las necesidades de las empresas y no de la política que legítimamente ejerce un país en defensa de su soberanía y de sus sectores estratégicos, la resolución pone un alto a la Política de Confiabilidad pero también golpea otras iniciativas que pretenden recuperar la soberanía de nuestros recursos y decisiones políticas, pese a que se ha lanzado la propuesta de una iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, es necesario que todos aquellos que por años hemos defendido el sector energético en nuestro país, salgamos a las calles a luchar no sólo por el fortalecimiento de PEMEX y CFE, sino por su recuperación total, luchemos no sólo por una reforma a la LIE, sino por la renacionalización de la industria energética bajo control de la clase trabajadora en México.

¡Renacionalización de la Industria Energética, bajo control obrero!

¡Luchar, Vencer!

Sector Trabajadores

Grupo de Acción Revolucionaria-GAR