Octavio Ugalde

A partir de la entrada del patrón de acumulación neoliberal capitalista en México, a mediados de los años ochenta, se impuso la flexibilización laboral, así como la reorganización de la fuerza de trabajo a partir de esquemas laborales que omitieron la garantía de los derechos laborales, estipulados en la Ley Federal de Trabajo, así como las consideraciones de la OIT. Esta apertura al mercado de la fuerza de trabajo, implicó para el imperialismo no solamente la explotación de la fuerza laboral, sino la evasión de millones en impuestos. Evidentemente, que esta desfiscalización y legalización de la explotación de la fuerza de trabajo provenía de grandes negocios entre la élite política de derecha neoliberal, la burguesía nacional y transnacional.
Actualmente, de acuerdo con las tabulaciones de la ENOE, en su último trimestre, la población mexicana asciende a 127 millones de personas, de las cuales alrededor de 59 millones se encuentran económicamente activas (PEA), es decir que se espera tengan un contrato formal, sin embargo, tomando en cuenta el 17% de subocupación persistente y el 44% de informalidad, aunado a la tasa de crecimiento anual del 9,6% que el INEGI reporta de subcontratación, tenemos que más del 50% de la población económicamente activa, se encuentra bajo esquemas de subcontratación y/o en el terreno informal. Es decir, imposibilitada de tener acceso a la salud pública, a salarios dignos y, por supuesto, sin posibilidades de ahorro.
Esta situación de crisis en terreno laboral para la clase trabajadora mexicana, necesariamente implica el tipo de desarrollo desigual y combinado que nos caracteriza como semicolonia de Estados Unidos. Para analizar la oscilación en los esquemas laborales pauperizados en los que nos encontramos implica tomar en cuenta tres factores: que el contrato formal no implica garantía a los derechos laborales; que la subocupación implica la oscilación entre la subcontratación y la ausencia de contrato, es decir la informalidad; y que la tasa de crecimiento del. 9.6%, de acuerdo al INEGI, respecto a la informalidad y la subcontratación, dependen por completo del tipo de esquema laboral capitalista neoliberal, para tercerizar responsabilidades patronales u omitirlas, a partir del respaldo en la ley y en el Estado para poder operar. En este sentido, tenemos diversos tipos de Outsourcing, sin embargo, todos tienen en común la no garantía de prestaciones básicas, la no estipulación de la relación laboral clara, la no acumulación de antigüedad y por supuesto la precarización laboral que implica la desvalorización del trabajo con salarios por debajo de lo equivalente al tiempo socialmente necesario que se empleó en la producción, aunado a jornadas laborales intensas, extensas y en condiciones, muchas veces insalubres, o que las y los trabajadores deben pagar por sus herramientas de trabajo. Esto se traduce en una cínica y descarada superexplotación laboral, en algunas ramas, amparada por el Estado.
A lo largo de 40 años hemos acumulado una inmensa mayoría de trabajadoras y trabajadores desocupados, otros más al servicio de empresas explotadoras, no nacionales sino en su mayorías transnacionales. Dentro de estas cifras, alrededor del 30% de personas económicamente activas son jóvenes y más de la mitad son mujeres. Es decir, tenemos una mayoría de mujeres jóvenes y una mayoría como fuerza de trabajo potencialmente joven también respecto al total de la población en México económicamente activas, el cual asciende a 59 millones de personas a nivel nacional.
De acuerdo a la encuesta por el día de la juventud 2019, las y los jóvenes de cada 10 al menos 8 no tienen garantizados sus derechos bajo los esquemas de subcontratación y menos aún en la informalidad. Y las mujeres, en los terrenos flexibilizados urbanos y rurales, perciben aún por debajo del salario de los hombres, sobre todo en las ramas como transporte, comercio, servicios, turismo, agricultura y ganadería.
De este 30% de jóvenes trabajadores, alrededor de 17 millones se encuentran laborando ya sea en el sector formal, subcontratado o informal. Alrededor de 10 millones, de acuerdo con cifras de la encuesta de la juventud, nos encontramos bajo esquemas de trabajo flexibilizados, con sueldos que no superan los dos salarios mínimos ni garantizan prestaciones básicas como ahorro, seguridad social o acceso a la vivienda, mucho menos antigüedad laboral.
Luego de la entrada a pandemia en marzo del 2020, México evidenció la explotación laboral en la que se encuentra su fuerza de trabajo. Así, como una falta de garantías laborales que respalden a las y los trabajadores frente a monopolios empresariales en tiempos de crisis, gracias a la tercerización laboral.
Finalizamos el año con alrededor de 6 millones de personas desempleadas. Aunado a las condiciones críticas de la pandemia, su calidad de vida bajó por completo. La inmensa mayoría de estos desempleados y desempleadas pertenecen a esquemas de subcontratación o outsourcing.
Basándonos en la ENOE en su último trimestre del 2020, dentro de la fuerza laboral económicamente activa, si sumamos el 44% de informalidad, el 17% de subcontratación, los 6 millones de desempleados y los 2,5 millones de desocupados que ya persistían en México, tenemos cifras alarmantes, que hace que la clase trabajadora termine arrojándose a la explotación laboral en los terrenos del comercio, reparto de comida, ocuparse como jornalero y servicios en que las empresas imperan, en el peor caso la juventud es orillada a migrar a Estados Unidos.
¿Cuál es la salida que tiene la clase trabajadora para defender sus derechos desde una posición de independencia política de clase? Eso tenemos que preguntarnos la izquierda revolucionaria.
Ante esta encrucijada, se han presentado iniciativas de ley en el Congreso. Estas iniciativas proponen la regulación del outsourcing, unas frenándolo, como las del PT y Morena y otras sólo dándole una mejor cara como la del PES y el PAN, sin embargo, ninguna se propone abolirlo y dar una salida para beneficiar a la clase trabajadora.
Cualquier reforma, por precisa que sea para la regulación de la subcontratación no implica un avance si no se garantizan por completo los derechos laborales y si no se elimina por completo el esquema de subcontratación. Sin presión social de la clase trabajadora para abolir el outsorcing y conquistar una reforma a la Ley Federal del Trabajo que implique garantizar los derechos laborales de manera tajante, no sólo frente al outsorcing sino en cualquier terreno, la lucha mínima por mejores condiciones se quedará a la cola de la regulación que propone el gobierno de la 4T, pues siguen conciliando con los empresarios. La salida de abolir el outsorcing y nacionalizar ramas de la industria para emplear a millones de personas con contratos claros y dignos, evidentemente es imposible para el nacionalismo burgués y mucho menos para la derecha, pues implica un impase para los cálculos fiscales y presupuestales en México, así como por el PIB, de acuerdo a los cálculos de incremento de tasa de ganancia, es decir que si se amenaza la propiedad privada y la ganancia capitalista, el congreso dirá que es inviable. Ante esto, hay que ganar el debate y proporcionar una alternativa para la clase trabajadora.
Por otro lado, es importante rastrear el hilo detrás la superexplotación laboral en México, el cual es producto de una dependencia al imperialismo, pues se fundamenta en los tratados internacionales, es decir en el TMEC. Tenemos una Ley Federal del Trabajo a modo del TMEC. Eso evidencia nuestra coerción y dependencia al imperialismo Yankee. Es por ello que la lucha por la garantía de los derechos laborales es una lucha en dos niveles, frente al Estado (bajo cualquier forma, ya sea nacionalista burgués o plenamente neoliberal) y frente al imperialismo estadounidense.
Por otro lado, la iniciativa de ley, por cuestiones electorales está detenida en el congreso, sin embargo, pasará a discutirse en septiembre próximo, mes en el que las comisiones aprueban la iniciativa para subirlas al congreso y posteriormente votarlas.
Desde la izquierda revolucionaria llamamos a las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y obreras a analizar la iniciativa y evidenciar sus tintes reformistas y desnudar los tintes neoliberales persistentes en Morena y el PT, para poder presentar una iniciativa que implique también levantarla junto con la clase trabajadora por la conquista de nuestros derechos sociales.
Es necesario, a la par de discutir una salida para la clase trabajadora, movilizarnos frente al Congreso Federal y parar la regulación del outsourcing, conquistar una reforma laboral para las y los trabajadores, poniendo en la agenda del Estado primero nuestros derechos sobre las ganancias del empresario.