El pasado 1 de agosto en México se llevó a cabo la primer consulta popular a nivel nacional por el Juicio a los ex-presidentes, en la que se preguntó si estaban de acuerdo o no en emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. 

En la consulta hubo una votación de 6 millones 663 mil 208 personas, lo que representan sólo el 7.11% de la Lista Nominal de Electores que tiene un total de 98 millones. 

GANÓ EL SÍ

Pese a no alcanzar el 40% (37, 600, 000) para lograr que esta primer consulta popular a nivel nacional fuera vinculante, ganó el sí, el resultado de la consulta fue que el 98% de los votantes se pronunció a favor de emprender un proceso hacia los actores políticos. 

La consulta fue un proceso llevado a cabo por una gran participación de las bases de morena y de  organizaciones de izquierda de los diferentes estados del país, además se sumaron organizaciones de comunidades originarias, campesinas y el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), se puso en marcha una maquinaria importantísima del movimiento social, con mesas informativas, volanteos, mítines y protestas ante la pobre y vacía difusión del INE, ante la falta de claridad y saboteo del propio Obrador para no conflictuarse con el empresariado, vale decir muchos de ellos beneficiados con los crímenes que justamente se denunciaron, el caso más relevante es Carlos Slim pero la lista de políticos y empresarios que la 4T ha cobijado es larga.

Por lo que esos millones de votos fueron producto de haber impulsado esta campaña con un verdadero reclamo por enjuiciar a los expresidentes, también por exigir justicia y el castigo al conjunto del régimen neoliberal que ha sumido en la pobreza, la guerra, saqueo, privatizaciones, explotación y precariedad al pueblo trabajador; la campaña fue en este sentido, un éxito que sacó de la inmovilidad a un importante sector de la población y que la izquierda revolucionaria tiene que seguir alentando y movilizándose con una perspectiva de alcanzar lo más pronto posible un partido de la clase trabajadora, que ponga manos a la obra por la justicia y el castigo a los crímenes contra nuestra clase.

EL BOICOT

Previo a la consulta denunciamos al INE como uno de los principales saboteadores de la consulta al poner todos sus recursos para que a la gente le fuera difícil y en muchos casos imposible acudir a votar (No se instalaron casillas especiales, se colocó sólo un tercio de casillas, difusión mínima y confusa, etc.) sin embargo responsabilizar únicamente al INE sería lavarle la cara a todo un sistema político que se encargó, en su conjunto, de entorpecer este proceso, pues también  denunciamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó la pregunta quitando los nombres de los expresidentes de la misma, algo que la gente reclamaba en los volanteos, era ser escépticos del proceso hacia los expresidentes justo por este punto.

Es imposible no mencionar la política sucia de los mismos expresidentes, particularmente de Vicente Fox, de la derecha empresarial y los medios informativos que se encargaron de callar la consulta, mal informar a la población y deslegitimar el proceso colocándole como  exclusivo del nuevo gobierno, e incluso tratan de adjudicarse la justicia al decir que ellos sí van a aplicar la consulta. Lo anterior nos deja como balance que no sólo fue boicoteada por el INE sino por todo un sistema económico y político que no rompe con el neoliberalismo profundamente.

Así, el mismo Obrador ha desarrollado su propia campaña y discurso del punto final, el borrón y cuenta nueva con los neoliberales, su ausencia en la votación y el no movilizar a sus votantes y militantes para esta consulta. También está la parte menos obvia pero más fuerte, la deuda que tiene este propio gobierno con las víctimas, la carta que juega esta administración es la de que cualquier ciudadano puede realizar su denuncia ante la fiscalía, pero la gente no votó en el 2018 para escuchar eso, la gente busca resultados al votar por una “alternativa que promete el “cambio”, las personas, incluso las organizaciones no tienen los recursos para enfrentar a los amigos del poder judicial, a los que compran a jueces y consiguen amparos en horas, este gobierno tiene la obligación de impulsar esos procesos porque ya se votó en el 2018 para ello, de no hacerlo, la deuda seguirá pendiente con las víctimas del periodo neoliberal.

Por eso es que los casi 7 millones de votantes en esta consulta son un triunfo de las bases y organizaciones de izquierda movilizadas por el anhelo de justicia, convencidas de que es importante la movilización social y política para conquistar la justicia que las víctimas nunca han tenido en este país, estos votos no pueden significar el desaliento, deben reforzar un proceso para presionar a este gobierno e inclinar la balanza hacia el pueblo trabajador, ya basta de la Justicia exclusiva para los ricos.

¿QUÉ SIGUE LUEGO DE LA CONSULTA? 

El grupo promotor de la consulta junto al EZLN han recogido la consigna popular de una Comisión Autónoma de la Verdad, creemos que esta comisión debe integrarse en primer lugar por todas las organizaciones de familiares y víctimas de la represión, masacres, la guerra y negligencias, desde el Grupo de Acción Revolucionaria llamamos a quienes participaron de la campaña y quienes votaron este 1 de agosto al acompañamiento, a fortalecer y movilizarse junto a esta comisión como un ariete que presione a los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) para lograr el juicio y castigo a los culpables.

La Comisión de la verdad no puede diluirse en un tribunal popular sin un juicio real, no desechamos la vía de un tribunal de los pueblos pero en estos momentos hay condiciones que no existían anteriormente, tenemos que movilizarnos para que Obrador y las fiscalías emprendan un proceso judicial ya contra los neoliberales (incluyendo los que integran o se relacionan con su gobierno), es urgente democratizar el sistema judicial pues como hemos señalado, este poder es uno de los más corruptos e incluso está poniendo freno en pequeños avances que ha dado AMLO en materia energética. El Tribunal popular no debe terminar diluyendo el proceso actual y los esfuerzos que puede realizar la comisión.  

Insistimos en que la consulta era necesaria para generar un proceso de politización de la gente, por ello es importante seguir agitando que ganó el Sí a la aplicación de la justicia y que esos casi 7 millones no pueden ser desechados, somos una voz crítica y movilizada que tiene que ser escuchada y resueltas sus demandas.

Esta consulta popular le pertenece a las víctimas y al pueblo trabajador organizado que conquistó casi 7 millones de votos (algo que la derecha reunida apenas puede superar) pese al boicot anunciado, por lo que será fundamental continuar con la movilización popular que luche por la democratización del sistema judicial, por presionar al gobierno de Obrador para que emprenda un proceso de Juicio y Castigo a los representantes (políticos y empresarios) de los crímenes contra el pueblo trabajador. 

¡Ni perdón ni olvido, castigo a los culpables!

¡Justicia para las víctimas Ya!