Ante la crisis ambiental, las energías renovables se nos han presentado como la solución; un polo opuesto y alternativo a las energías “caras y “sucias”, sin embargo, se debe tomar en cuenta algo que se puede pasar por alto ¿el hecho de que sean renovables es sinónimo de “verdes” o “limpias”?.  La perspectiva del presente escrito está direccionada en otorgar una visión general sobre el tema energético, porque sin duda el tema es parte de un debate más amplio y debemos de tener herramientas para dar un posicionamiento antes caer en la falacia de apoyar una iniciativa por el simple hecho de autodenominarse amigable con el ambiente.

Los combustibles fósiles son recursos no renovables, su aprovechamiento tiene un límite y es un hecho que requerimos de opciones alternativas de energía, pero que esta premisa no sólo se base en la esfera ambiental ya que para transitar a un desarrollo sostenible se debe tener en claro que la energía es un factor clave en las dimensiones social, económica y ambiental. Ahora bien, considerando lo anterior, y definiendo a las energías verdes como aquellas que tienen un impacto ambiental cero o mínimo, es notable que el hecho de agregar “verde” como un adjetivo, es insuficiente para garantizar un desarrollo sostenible.

Hablemos del caso puntual de México. En nuestro país, desde hace 30 años, la dependencia energética que mantenemos con países extranjeros, ha sido la principal limitante a desarrollar estrategias que permitan en primer lugar un programa de transición energética y nos ha mantenido sólo como proveedor de materia prima e investigaciones trabajando para empresas privadas y extranjeras.

Empresas y organizaciones, como Green Peace, se han dado a la tarea de señalar que México no ha cumplido acuerdos internacionales y que se debe apostar por las energías renovables desde una perspectiva social y medioambiental. Estas palabras suenan convincentes, sin embargo, la cuestión energética de México requiere un análisis profundo que el que se toca en este artículo, sin embargo, da una primera pauta e invita a investigar, debatir e informarnos correctamente enfocándonos en la necesidad de estrategias que nos liberen de la dependencia energética. Por ello al enfocar nuestra atención a temas de importancia, debemos centrarnos en opiniones resolutivas y no únicamente señalizantes.

Siguiendo esta línea, hace unos días el juzgado segundo de distrito Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, otorgó a Greenpeace una suspensión provisional que impide la entrada en vigor del Acuerdo que establece la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), y que modifica la política gubernamental en materia de suministro eléctrico.

A la fecha no se conoce el contenido de dicho amparo, sin embargo, el reportaje de La Jornada señala que: 

“…prevé la suspensión de las pruebas preoperativas de las centrales eléctricas intermitentes eólicas y fotovoltaicas en proceso de operación comercial y la de las autorizaciones de dichas pruebas para las que no han iniciado aún”. (La Jornada, 27/05)

Hablando sobre el contexto social, tampoco se mencionan los problemas que han existido, principalmente en el estado de Oaxaca, la entidad con mayor número de muertes y ataques contra personas defensoras del ambiente, las cuales están relacionadas con la instauración de megaproyectos de energías “limpias” (principalmente parques eólicos). Estos amenazan con destruir la biodiversidad y el patrimonio de los habitantes. Se ha denunciado el robo de terrenos por parte de empresas extranjeras y contratos con irregularidades por lo que se puede concluir que “ni los combustibles fósiles ni la energía verde son una opción si están en manos de trasnacionales”. Es visible que ni el ambiente, ni la economía y mucho menos la sociedad de nuestro país se beneficia por la instauración de energías “limpias”, las únicas que salen ganando son las empresas extranjeras.

Por otra parte, no se puede dejar de lado el contexto económico, en donde otra premisa común es el beneficio para el bolsillo de los mexicanos, pero esto es totalmente falso, debido a que la energía eólica de los privados es 3.5 veces más cara que la eólica generada por CFE.

La aparición de las empresas verdes en el mundo y la prisa por responder al desafío mundial del cambio climático es un chantaje global para transferir dinero a las empresas privadas y financiar proyectos que no son suficientemente rentables a causa de los altísimos costos de inversión de tecnologías como la eólica y la fotovoltaica y estado temprano de desarrollo de estas tecnologías. Aunque han bajado sus costos, estas empresas siguen necesitando a los gobiernos para garantizar rentabilidad de los proyectos, misma que está inflada y no corresponde a la rentabilidad real de los mismos.

Así, tenemos que el avance aparentemente acelerado que estas tecnologías han tenido alrededor del mundo, hoy varios de estos avances se han parado. Tal es el caso de Alemania, cuna de la transformación energética, donde los altos costos de inversión y actualización de las plantas renovables se transfirió a los usuarios, habiendo transferido estos 250 mil millones de Euros al 2018, cifra que se prevé que llegará a los 520 mil millones en 2025. En Europa los costos de inversión en este tipo de plantas son de 1.5 a 2.5 veces más que una planta de gas convencional. Si hablamos desde el punto de vista de los porcentajes de capacidad, los costos de las plantas eólicas y fotovoltaicas son entre 15 y 50 veces mayores que los del gas.

En México la incorporación de los generadores privados con proyectos de este tipo, fruto de la reforma energética de 2013, causó un aumento de la deuda de CFE del 43% en el periodo de 2014-2019, llegando a 356 mil millones de dólares. Sólo en 2016, la CFE perdió 1,031 millones de pesos por comprar energía renovable más cara a los privados. Mientras que la CFE produjo en ese año con su única planta eólica a 386 pesos el MWh, CFE les compró a los privados a 1,440 pesos el MWh, ¡3.6 veces más cara! La citada reforma prometió que la incorporación del mercado eléctrico y la competencia entre generadores traería mejores tarifas a los usuarios del servicio eléctrico. Lo cierto es que la tarifa aumentó un 17% a partir de 2017, siendo la tarifa de servicios públicos la más afectada con un aumento del 68%, causando el endeudamiento de los municipios y comprobando la vieja máxima del neoliberalismo: “socializar las pérdidas y privatizar las ganancias”. Toma aún más vigencia si recordamos que parte de todos estos proyectos fueron financiados con recursos públicos (Banxico y Banobras), así como con el ahorro de los trabajadores mexicanos, así que realmente no están asumiendo riesgos, las empresas verdes van a lo seguro y el riesgo lo absorbe el Estado y los trabajadores.

LAS ENERGÍAS LIMPIAS NO LO SON

Desde el punto de vista de sus emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero a la atmósfera, la energía solar y eólica son cero emisiones al momento de producir electricidad. Sin embargo, la fabricación de paneles solares tiene un gran impacto ambiental ya que requieren una gran cantidad de materiales provenientes de la minería como: silicatos, litio, grafito, plata, cobalto, manganeso, molibdeno, neodimio y tierras raras. La minería es una de las actividades que peores impactos ambientales tiene, sobre todo la minería realizada a cielo abierto y los procesos de refinación y ganancia del mineral al aire libre, que causan la esterilidad de los suelos y contaminación de mantos freáticos, ríos, lagos y los océanos. Los paneles solares requieren una gran cantidad de reactivos químicos como el ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico y gases como el cloruro de fosforilo que es tóxico y corrosivo. La contaminación que provoca la industria de fabricación de paneles solares es principalmente al suelo y a los cuerpos de agua.  No hay actualmente ninguna planta solar o eólica que pueda producir energía conectada a la red eléctrica que no necesite una planta de respaldo, para cuando no haya viento o cuando se oculte el sol. La electricidad no se puede almacenar aun en grandes cantidades, así que se produce lo que se consume de forma continua. Las plantas de respaldo tienen que producir energía de forma constante, así que primordialmente se utilizan plantas termoeléctricas que trabajan con combustóleo, carbón, diésel o gas natural. Este último es considerado un combustible limpio, ya que produce 35% menos emisiones que los otros hidrocarburos. Sin embargo, en el caso de México, el 51% de la electricidad se produce usando gas natural y se importa el 68% de este combustible, mayoritariamente de Estados Unidos, país que explota sus yacimientos mediante fracturamiento hidráulico (fracking por su nombre en inglés), que es la actividad más contaminante del planeta. (Proceso, 2020)

La gran mayoría de las empresas que hoy se quejan por el Acuerdo para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, están financiadas por la banca de desarrollo de México (Baxico y Banobras), así como con los fondos de pensiones de los trabajadores mexicanos. Otra parte de la inversión está financiada por los grandes bancos y fondos de inversión extranjeros: Black Rock, Goldman Sacks, Santander, Citygroup, etc. Una muy buena apuesta para ellos, ya que el riesgo lo reparten entre los trabajadores mexicanos y la banca nacional. Los mexicanos no hemos visto el beneficio de esa inversión, sólo alza de tarifas y un sistema eléctrico con problemas de confiabilidad por la congestión de las líneas de transmisión a causa de la incorporación desmedida de proyectos privados, eólicos y solares. (Banco Nacional de Obras y Servicos Públicos, 2020)

A la luz del análisis se puede ver con claridad que las empresas verdes y el capitalismo supuestamente responsable con el ambiente es una forma que inventaron para dar nuevo impulso a un modelo que viene de una historia de crisis cada vez más recurrentes y que busca la manera de aumentar la tasa de acumulación de capital no incrementando su productividad (que de por sí es aumentar la explotación del trabajo asalariado y del trabajo informal), sino extrayendo el capital acumulado por los trabajadores a través de su esfuerzo de generaciones, es decir de las instituciones como PEMEX, CFE, el IMSS y el ISSSTE, así como de la Banca de Desarrollo y otros fondos públicos. Tampoco se puede llamar limpia si atenta contra la justicia social de los pueblos.

La Transición Energética también es una oportunidad para cambiar el paradigma energético de dependencia y subordinación de países extranjeros bajo el cual ha estado nuestro país en los últimos 30 años, e impulsar inversión en ciencia y en tecnología para que de la mano de los centros de investigación públicos y universidades en nuestro país, se generen las tecnologías necesarias para la Transición Energética de México, sin depender de la tecnología de otros países.