Este 1 de Octubre el Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión la iniciativa para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la constitución en materia de energía. Esta reforma anunciada meses atrás y confirmada en el tercer informe de gobierno, busca el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad sin nacionalizar ni estatizar, además de regresar la propiedad a la nación de los hidrocarburos y el litio, mineral estratégico en la economía global. Desde el Grupo de Acción Revolucionaria reconocemos este avance pues en diferentes ocasiones denunciamos y nos movilizamos contra los privados (nacionales y extranjeros) y su alianza efectiva con el poder Judicial que detuvo, por medio de una lluvia de amparos, los pequeños avances de la administración federal en el sector eléctrico, primero con el acuerdo de confiabilidad para el Sector Eléctrico Nacional y después la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
La próxima reforma constitucional abre un espacio para que trabajadores de la Industria Eléctrica y el movimiento social se movilicen por recuperar completamente el sector energético nacional de las manos privadas y transnacionales, avanzar por echar abajo la Reforma Energética de Peña Nieto y conquistar la renacionalización de la industria energética bajo control obrero y popular.
UNA REFORMA NECESARIA PERO INSUFICIENTE
La reforma a la constitución en materia eléctrica que se anunció desde el mes de julio, por fin se cristaliza este 1 de octubre. La intención es alcanzar el 54% de generación eléctrica desde la CFE, que actualmente sólo produce el 38% teniendo una capacidad instalada superior, y dejaría en manos de los privados hasta el 46% restante.
Este avance busca mejorar el control del Estado en la distribución de electricidad, ahora como un derecho humano, que no existan apagones (como el del 28 de diciembre del 2020) y dar mantenimiento a la red nacional. Se ha invertido en la remodelación de las instalaciones, en específico, de turbinas para las hidroeléctricas, tras años de abandono, una industria nacional completamente viable fue abandonada y saqueada para transportar el beneficio económico hacia los bolsillos de los capitalistas.
Esa inversión puede no aprovecharse al máximo de no aprobarse estas modificaciones, por eso es necesario movilizarse y presionar a legisladores de los diferentes partidos, también por las demandas propias, por un servicio digno, sin cortes y tarifas que beneficien a los más pobres. MORENA y sus aliados no alcanzan la mayoría calificada en el congreso (334 votos) con sus 278 diputaciones, ni el partido ni el presidente le apuestan a la movilización sino a la “negociación” y de hecho la anunciada alianza con el PRI y sus 71 curules sería más que suficiente para aprobar la reforma en la cámara baja, y en la cámara de senadores necesitan 85 votos de los que MORENA con aliados sólo tienen 78.
¿EMPRESAS “ECOLÓGICAS”? CULPABLES DE APAGONES Y DESPOJO
Las diferentes empresas, asesoradas por la ONG “defensora del ambiente” Greenpeace, que interpusieron amparos, en un tiempo récord menor a cuatro horas que otorgaron los jueces de competencia económica de la SCJN, lograron frenar el acuerdo de confiabilidad del SEN y posteriormente la reforma a la LIE (así como la reforma a la ley de hidrocarburos).
Estas empresas “verdes” de generación eléctrica intermitente eólica y fotovoltaica, a partir del viento y sol respectivamente, son la mayoría que se interponen a los avances del ejecutivo por ordenar el caos que dejaron décadas de privatización furtiva y su estocada final en diciembre del 2013 con la Reforma Energética del pacto por México.
La CFE tiene la obligación de comprar energía eléctrica a los Productores Independientes de Energía (PIE) (entre ellos las empresas amparadas) y de autoabastecimiento, con la presente reforma estos contratos se invalidan y comenzaría una nueva negociación a partir de una planeación desde la Comisión Federal de Electricidad como organismo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, anulando la separación legal de las subsidiarias y filiales.
A pesar de que la CFE ya produce el 55% de la electricidad por medio de fuentes renovables, se impulsará el campo fotovoltaico más grande de México en el estado de Sonora, además se prepara la transición energética desde la planeación estratégica de la empresa pública y protegiendo la explotación del litio por el Estado.
Obrador se ha cuidado bastante de no trastocar la propiedad de los privados nacionales y extranjeros, no sólo anuncia como un triunfo que no se nacionalizará ni se estatizará, incluyendo en este discurso contradictorio a dos predecesores nacionalizadores (Cárdenas y López Mateos), así la presente reforma regresa la propiedad de los recursos del subsuelo a la nación, que la explotación será por medio de asignaciones o contratos con organismos del Estado y particulares.
VAMOS POR LA RENACIONALIZACIÓN
Esta reforma explica (en la mayoría del documento) las diferentes iniciativas para contrarrestar la nacionalización eléctrica, desde la apertura al capital privado con Salinas de Gortari hasta el marco legal para la desintegración total de la CFE con la Reforma Energética de Peña Nieto, así mismo explica el carácter degenerativo que tuvo la Comisión Federal de Electricidad después de esa reforma, en beneficio del capital, al grado no sólo de abandonar la propia generación por fuentes renovables como las hidroeléctricas, sino de verse obligada a pagar electricidad por encima del precio de mercado los privados.
Como una conclusión extraña no se recupera el carácter anterior a la RE del 2013 mucho menos al de la renacionalización del 60, sino que se tolera la participación privada aún después de lo desastroso que significó para la industria, para las y los mexicanos y la verdadera transición energética.
Renacionalizar la industria energética es una forma de realmente apalancar beneficios sociales, la mayoría de los proyectos privados que se financiaron después de la RE utilizaron recursos de afores y de uno o más bancos de desarrollo a tasas preferenciales, no estaríamos despojando ni atentando contra “su propiedad”, en realidad estaríamos recuperando lo que es nuestro, lo que se ha construido con dinero de las y los trabajadores.
Hacemos un llamado a las y los trabajadores de la industria energética, a organizaciones de usuarios en resistencia y al conjunto de la población a movilizarnos en el congreso y presionar a los diferentes partidos para aprobar la reciente reforma que representa un avance frente a la voracidad del capital, pero no detenernos ahí, es necesario presionar al ejecutivo y al congreso por dar un paso más allá que la reciente iniciativa, un paso hacia la renacionalización de la industria energética y ponerla bajo control obrero y popular, y así evitar que otro gobierno pueda generar un despojo de las magnitudes de la Reforma Energética.
Frente a la posible alianza sin principios de MORENA y el PRI en el congreso, llamamos a la movilización y organización social, desde la industria hasta el barrio, la verdadera soberanía energética no se puede compartir con los privados, son dos proyectos totalmente opuestos, de un lado está el lucro y del otro, el desarrollo y apalancamiento nacional, desde el GAR luchamos por éste último, te invitamos a organizarte y movilizarte bajo esta bandera.
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