LA SEQUÍA Y LA NECESIDAD DE UNA NUEVA LEY GENERAL DE AGUAS EN MÉXICO

“Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad.”
MONTESQUIEU


El estudio de la sequía ha sido explicado desde diferentes perspectivas y disciplinas, esto de acuerdo con el momento político del país, en casi todas las explicaciones se hace énfasis de los efectos que produce en la economía y en la población. Aunque hay que reconocerlo se ha pasado de explicarse con factores divinos o culturales a una respuesta más científica y técnica. Buscando medidas gubernamentales reactivas a la propuesta de programas estructurados y con base en esta información técnica y científica, generar ya no sólo datos de probabilidad y estadística, sino escenarios de solución, pero estos programas están limitados a la actual Ley de Aguas Nacionales que no contiene un apartado de artículos que reconozcan el Derecho Humano al Agua acordes con la reforma al artículo cuarto constitucional de 2012.

En general las sequías no presentan un patrón de comportamiento definido, pudiendo afectar cualquier parte del país, pero en los últimos 20 años se han concentrado en el norte y centro del territorio nacional, aunque hay otras causas y factores que se intentan endosar al cambio climático, sin embargo son acciones humanas las que aumentan los riesgos y efectos de las sequías, como la ambición desmedida de los dueños de empresas que comercializan y explotan el agua para enriquecerse. El agua pasa por ser un recurso muy importante en todas las industrias, no hay industria que no utilice el agua como insumo principal o como agente de limpieza.

Es cierto que los efectos de las sequías son diferentes de acuerdo con las condiciones geográficas y climáticas naturales, o por la constitución de la población y estructura económico-productiva del territorio, estado o región. Por ejemplo, en el siglo XIX se ha estudiado que los efectos inmediatos de la sequía impactaron de manera distinta en la condición de vida del campesino indígena y en la de los empresarios agricultores. En todo caso, la severidad de una sequía depende de su duración o extensión geográfica, así como de las demandas del recurso hídrico, para la permanencia de los sistemas naturales y para el desarrollo de las actividades humanas.

Cierto es también que la sequía se ha acelerado por el saqueo indiscriminado que la agricultura, la agroindustria y las diversas empresas hacen del agua en los principales mantos freáticos, sean superficiales o subterráneos.

De acuerdo con datos del INEGI del año 2019 el uso del agua potable en México es el siguiente:

Debido a este uso intensivo del agua es que la sequía ha sido acumulativa en estos últimos 20 años, avanzando la desertificación de tierras y bosques a una velocidad promedio de 2 km por año, aunado a lo anterior se mantiene en el país el promedio de personas sin acceso al agua potable. Cerca de 10 por ciento de la población mexicana no tiene acceso al agua potable; son entre 12.5 y 15 millones de habitantes, sobre todo del área rural, así como de zonas marginadas en las grandes ciudades, rezagos que se buscan solucionar con una nueva Ley General de Aguas.

Para este efecto la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas (ICLGA), ha sido entregada al congreso legislativo en las dos cámaras, respaldada por 198,129 firmas de ciudadanos de todo el país, el acto protocolario de esta entrega se realizó en la cámara de diputados el día 04 de febrero del 2020. En este acto los ciudadanos fueron representados por el investigador Dr. Oscar Monroy, de larga trayectoria propositiva en bien de la colectividad.

Desde que en 2012 se incluyó en la Constitución el derecho humano al agua en su artículo cuarto, párrafo sexto, la nueva ley reglamentaria no ha sido trabajada en el poder legislativo y mucho menos aprobada.

El sexenio pasado (2012-2018) estuvo a punto de salir una ley privatizadora, llamada ley Korenfeld, y que entre otros aspectos contenía un plan privatizador de los servicios que tienen que ver con el agua potable de uso doméstico y que promovía los trasvases del líquido que fueron rechazados por organizaciones y legisladores de la oposición.

Los investigadores y especialistas de “Agua Para Todos, Agua para la Vida” han hecho estudios de concentración y acaparamiento de este importante recurso por más de siete años, el resultado nos dice que sólo 2 por ciento de los titulares de concesiones de agua concentran 70 por ciento del volumen que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) puede otorgar para uso agrícola, industrial o urbano. A su vez, 25 millones de mexicanos sólo acceden al vital líquido unos cuantos días a la semana, y otros 17 millones lo obtienen en condiciones muy difíciles.

En la exposición de motivos de la ICLGA se menciona que la mayor parte del abasto de agua potable para la población depende de las 114 cuencas y 115 acuíferos que han sido sobreconcesionados, mientras 60 por ciento de los cuerpos de agua superficiales sufren contaminación. Ante este panorama el gobierno federal debe cambiar este deplorable estado de cosas y el Legislativo debe emitir la respectiva ley que cambie esta situación.

Desde la “Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua Para la Vida” se elaboró una iniciativa propia con la que se busca establecer las bases para la democratización del uso del agua buscando en todo momento la participación ciudadana, de pueblos y de los distintos niveles de gobierno para mejorar los diferentes servicios que presta este vital líquido, así como el de las cuencas, de una manera que permita cumplir con el derecho humano y de los pueblos garantizando nuestra soberanía.

El centro de la iniciativa no es sólo un rediseño institucional, los fundamental de esta iniciativa ciudadana es dar cumplimiento cabal del artículo cuarto constitucional y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos de los que México es parte firmante, para lo cual propone que la Conagua cuente con organismos ejecutores a nivel nacional, regional y local que se responsabilicen de ejecutar los planes y recomendaciones de su respectivo Consejo de Aguas y Cuencas. Además que exista una vigilancia ciudadana por medio de las contralorías ciudadanas para denunciar y sancionar los malos manejos del agua y sus recursos económicos. La ICLGA, también es parte de los consensos que ciudadanos y organizaciones sociales tomaron en los siguientes ejes denominados “12 Consensos por el Agua” y prácticamente son la matriz de la iniciativa.

  1. Respetar la Naturaleza
  2. Respetar las aguas de los pueblos, ejidos y comunidades
  3. Coadministrar el agua en el territorio
  4. Reconocer el derecho ciudadano a vetar proyectos dañinos
  5. Prohibir agua para minería tóxica y fracking
  6. Acabar con acaparamiento, contaminación e impunidad por grandes usuarios
  7. Cerrar puerta a la privatización
  8. Democratizar los servicios del agua
  9. Priorizar el agua para la soberanía alimentaria
  10. Garantizar acceso pleno a la información
  11. Asegurar recursos públicos suficientes
  12. Erradicar la corrupción y la impunidad

Es prioritario el quehacer de una nueva Ley General de Aguas para evitar catástrofes ambientales y sociales, como la deforestación, la sequía, inundaciones, saqueo, sobreexplotación, acumulación y acaparamiento, privatización. Es urgente que la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua y Saneamiento de la cámara de diputados, de esta 65 legislatura, se ponga a trabajar ya en una nueva Ley General de Aguas, misma que ha sido ordenada desde la publicación de la reforma al artículo cuarto constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2012, y en cuyo artículo tercero transitorio, le da un plazo al legislativo de 360 días, para emitir una Ley General de Aguas, sí contabilizamos el tiempo, la Ley General de Aguas debió de elaborarse y aprobarse el 3 de febrero de 2013, son ya más de 9 años de omisión legislativa en que han incurrido tres legislaturas, y que ha favorecido el crecimiento de la privatización y acaparamiento de agua en México, causando graves daños socio-ambientales por su negligencia y marcado desdén a la mayoría de la población, poniéndose del lado y al servicio de los voraces empresarios que lucran con el agua. Es tiempo de legislar para el pueblo ¡NUEVA LEY GENERAL DE AGUAS YA!


Eduardo Hernández Hdez.


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