Por Eduardo Hernández Hdez.

SAQUEO:

Cuando se habla de saqueo del agua en México no son palabras al azar, quienes tocan el tema saben de lo que están hablando porque se han informado y han visto en la práctica ese saqueo,

“No es sequía, ¡es saqueo!”, no es un grito vacío ni una bandera política momentánea, es un llamado a organizarse, a prepararse para una batalla inminente que ya se está dando en diversos lugares de México; que comunidades enteras afectadas por la escasez de agua en varios estados del país están llevando a cabo y junto a organizaciones sociales que enarbolan esta lucha contra el saqueo, es justamente para señalar a los gobernantes que la principal causa es el acaparamiento y sobreexplotación del recurso por parte de empresas nacionales y transnacionales.

Decir saqueo es decir, que existe un número muy elevado de grandes cuencas de México en las que el recurso hídrico está sobreexplotado, saqueo es revisar y mirar lagos que desaparecieron, lagunas próximas a la extinción, es ver páramos sin vegetación o socavones con agua de dudosa calidad, es ver una gran extensión de terreno donde alguna vez hubo agua, eso es ver el saqueo, es un problema con un solo factor y muchos resultados de graves consecuencias, saqueo es ver ríos, arroyos, y riachuelos contaminados, ríos y arroyos del país que constituyen una red hidrográfica de 6.33×105 km, en la que destacan 51 ríos principales por los que fluye el 87% del escurrimiento anual de agua y cuyas cuencas ocupan el 65% del territorio nacional.

Por su gran extensión destacan las cuencas de los ríos Bravo y Balsas y por su longitud los ríos Bravo y Usumacinta. Para el año 2015 el 32.4% de las aguas superficiales fueron clasificadas como contaminadas (26.2%) o fuertemente contaminadas (5.8%) para el indicador de demanda química de oxígeno (DQO, CONAGUA, 2016). La importación de volúmenes de agua en la frontera sur rebasa los 3.4×104 hm3/año y en la frontera norte los 5900 hm3/año. Cabe señalar que, dadas las condiciones de aridez en el norte de México, es vital la importación del agua vía el tratado binacional con los Estados Unidos, es crucial y estratégico para toda la franja fronteriza en los aspectos sociales, ambientales y económicos.

Pero el saqueo del agua mexicana no está sólo en la superficie; en el subsuelo es todavía más recurrente, el agua subterránea en México presenta una recarga media anual de 91788 hm3 de los cuales se suministra el 39.2% (34 839 hm³ por año) procede de agua subterránea, (Fuente: estadísticas del Agua 2018, CONAGUA).

Y la mayor cantidad de agua extraída del subsuelo se utiliza en la agricultura tecnificada del noroeste y norte del país de los 34 839 hm³/año utilizados para consumo, un tercio de esta agua se va a la agricultura es decir de esos 34 millones 839 m³ de agua consumidos o extraídos de pozos someros o profundos, 11 millones 613 mil m³ se destinan para el riego de diversos productos que produce el campo, pero se estima que un 60% de poco más de once millones y medio de metros cúbicos de esa agua no se aprovecha adecuadamente, porque se evapora o infiltra nuevamente al subsuelo por el deterioro o nulo mantenimiento a la infraestructura hidroagrícola del país en manos de la iniciativa privada o terratenientes modernos, mal llamados empresarios agrícolas

Según la estimación del balance hídrico nacional, la Comisión Nacional del Agua identifica bajo la connotación negativa de “acuíferos sobreexplotados” aquéllos donde la explotación excede la recarga anual promedio, y la continuación a largo plazo de esta condición, produce efectos negativos reflejados como impactos ambientales. Este tipo de impactos ambientales pueden ser: desecación de humedales; desaparición de manantiales; reducción del flujo de base en ríos; hundimiento de suelos y deterioro de la calidad del agua subterránea, además de un incremento significativo en consumo energético para su aprovechamiento por pozos de bombeo, pudiéndose presentar estas consecuencias aisladas o de forma simultánea.

Debido a este saqueo han surgido problemas sociales y económicos por la extracción intensiva de agua, término que parece ser más adecuado para la connotación de “acuífero sobreexplotado”. El territorio mexicano cuenta con 653 acuíferos y el número de acuíferos sobreexplotados ha aumentado. Es a partir del proceso de identificación, delimitación, estudio y cálculo de la disponibilidad, comenzando en 2001 en que se ha identificado el número de acuíferos sobreexplotados, que oscila anualmente entre 100 y 115. Al 31 de diciembre de 2018 se reportan 115 acuíferos sobreexplotados (figura 2.7).

(De acuerdo con los resultados de cálculos y estudios recientes, se define si los acuíferos se convierten en sobreexplotados o dejan de serlo, en función de la relación extracción/recarga).

*Gráfica y tabla tomadas de las Estadísticas Públicas del Agua año 2019

Conagua 2019.

En este saqueo participan los modernos terratenientes agrícolas hasta empresas embotelladoras de agua, refresqueras, cerveceras, mineras, empresas de la industria de la transformación (acereras y fundidoras de hierro), empresas papeleras, químicas, de servicios, organismos operadores de agua principalmente de empresas privadas, todas guiadas por el afán de lucro y la ganancia fácil sin inversión.

Sólo para comparar como se da el saqueo del agua en el país tomaremos de ejemplo al industrializado estado de Nuevo León donde hay 15 empresas que acaparan en la entidad 44 millones 490 mil 222 metros cúbicos de agua, contra un millón 33 mil 950 que es destinado al uso doméstico, es decir sólo 2.27 por ciento del total. (Fuente. La Jornada 28 de abril de 2022)

Según datos actualizados al 2021, del Frente Nuevo León (www.frentenuevoleon.org), la lista de la sobreexplotación del agua en Nuevo León, la encabeza la acerera ítalo-argentina Ternium México, con un consumo anual de 14 millones 654 mil 772 metros cúbicos.

Le sigue la holandesa Heineken, socia de Cervecería Cuauhtémoc- Moctezuma, con 6 millones 980 mil. En tercer lugar está Industria del Álcali, con 4 millones 474 mil 600 metros cúbicos anuales.

Alfa Subsidiaria utiliza 3 millones 137 mil 888 metros cúbicos; Bebidas Mundiales (Coca-Cola), 2 millones 725 mil 271; Parque Fundidora, 2 millones 245 mil 360; San Juan Compañía de Bienes Raíces, un millón 958 mil 680; Grupo Embotellador Noreste (Coca-Cola), un millón 400 mil metros cúbicos.

Después están Ucar Carbón Mexicana, con un millón 255 mil 306 metros cúbicos; Compañía Topo Chico, un millón 210 mil; Operadora de Inmuebles de Oriente, un millón 173 mil 679; Vidrio Plano de México, un millón 95 mil 720; Proteínas Naturales, 848 mil 382 metros cúbicos; Comercializadora de Productos Básicos, 801 mil 563 y Grupo Terralquimia, 729 mil metros cúbicos. (Jornada: 28 de abril de 2022).

La seguridad hídrica del país no está garantizada con este modelo de extracción, entendiéndose por seguridad hídrica como aquellas gestiones, programas y acciones que garantizan agua suficiente en calidad y cantidad para los diversos usos, a precios asequibles y en equidad, así como la protección de las personas y sus bienes ante fenómenos hidrometeorológicos extremos, enfrentando grandes retos en el futuro inmediato, que se manifiestan en fenómenos de escasez, contaminación de los cuerpos de agua, conflictos por el recurso y deterioro ambiental. Las principales fuerzas impulsoras de este proceso son la sobreexplotación del agua con fines de lucro, el cambio climático y la deficiente gestión del agua.

Este saqueo atenta contra la seguridad hídrica del país, no puede haber seguridad hídrica cuando es el libre mercado quien gestiona para sí, el mayor número de concesiones, con una ley neoliberal del agua que facilita negocios privados por encima del interés público con el fin de acaparar el agua, para garantizar sus negocios particulares.

SEQUÍA:

Con base en datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en el indicador de sequía severa del reporte del mes de abril de 2022, se encuentran tres estados norteños del país: en primer lugar Baja California calificado como sequía extrema, y en la sequía moderada están en la lista Aguascalientes y Baja California Sur. Y solo cuatro estados de la República: Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán están libres de esta condición de sequía.

Según el informe, a escala nacional la superficie con sequía de moderada a excepcional es de 53.25 por ciento, y ha aumentado en un porcentaje de 7.24% en tan sólo un mes en este mismo año, de marzo a abril.

La sequía extrema y excepcional ha llegado a estados del norte y noreste del país, como Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, según el más reciente reporte del Monitor de Sequía del Servicio Meteorológico Nacional, al cierre del 30 de abril de 2022.

El cambio climático y la sobreexplotación agravan la carencia del agua, y ésto aumenta año con año sobre todo en la época de estiaje, debido al intenso calor y a la ausencia de lluvias, hay presas casi secas, sin embargo la sobreexplotación de acuíferos no para, la falta de infraestructura y los grandes volúmenes del líquido vital que se fugan de la red de distribución por falta de mantenimiento, se suman a la sequía severa que se vive en el norte y centro del país. La Conagua reporta que de las 210 presas que controla hay 26, cuyos niveles están por abajo de 20 por ciento de su capacidad, y la mayoría se ubican en el noroeste del país.

⁽¹⁾La sequía se palpa en Nuevo León donde cinco personajes políticos sedientos de agua gastan más de 2 millones de metros cúbicos del recurso al año; mientras tanto, el grueso de la población sólo gasta en promedio unos 240 metros cúbicos anuales por familia

Estos empresarios-políticos que concentran grandes volúmenes de agua, son los ex gobernadores priístas Jorge Treviño Martínez (1985-1991), Sócrates Rizzo García (1991-1996) y Benjamín Clariond Reyes-Retana (1996-1997), el ex mandatario estatal panista Fernando Canales Clariond (1997-2003), así como el dirigente ganadero Arturo Bonifacio de la Garza.

Estos cinco depredadores del agua aprovechan su cercanía con el poder político para seguir enriqueciéndose.

El 5 abril de 2022 en pláticas con el presidente de la república, algunos empresarios de Nuevo León se dijeron dispuestos a ceder 20 millones de metros cúbicos anuales para incorporarlos a la red de distribución de la capital y la zona metropolitana, sin embargo esto no fue suficiente para paliar la escasez del agua ni la sequía, se sacrificó al pueblo y del tandeo se pasó al goteo. A estos empresarios desde la presidencia se les pidió que apoyaran durante tres meses con agua de los pozos que tienen concesionados, ya no se supo si aceptaron esta petición.

La solución que proponen diversos activistas neoloneses con la cual concordamos y que desde la Coordinadora de Trabajadores en Defensa del Carácter Público del Agua (CTDCPA) hemos promovido desde hace muchos años: es que se auditen todos los pozos concesionados a particulares en el estado, que los grandes consumidores se incorporen a la redes distribuidoras públicas para tener un control sobre ellos y se paguen adecuadamente los consumos de la industria, ¡ No más concesiones al capital! tal y como lo solicitaron a la Conagua 21 organizaciones no gubernamentales el pasado 4 de abril. Así del resultado de la presión social el 19 de abril, la Conagua dio a conocer que cancelará 2 mil 689 concesiones, de un total de 12 mil existentes en Nuevo León, que son utilizadas para uso industrial, agropecuario y doméstico en exclusivas zonas residenciales.

⁽²⁾Raúl Rubio Cano uno de los promotores de las auditorías a los pozos concesionados a los empresarios de Nuevo León, advirtió además que el alcalde de Santiago, el priísta David de la Peña Marroquín en plena sequía, impulsa un desarrollo turístico deportivo y comercial en las inmediaciones de la presa La Boca, con la participación del propio ayuntamiento, el gobierno de la entidad, además de Parques y Vida Silvestre, Flora y Fauna, un organismo público descentralizado de la administración estatal. Se trata de un proyecto que privilegia intereses particulares e implicaría la necesidad de mantener el embalse a 50 por ciento de su capacidad (de 39.5 millones de metros cúbicos) para permitir la operación de diversos servicios, incluido un parque acuático Six Flags.

⁽³⁾La sequía por otros estados del norte de México se agrava por el uso indiscriminado del agua, para satisfacer la siembra de árboles de nogales productores de nueces, como ocurre en Chihuahua, frutos y semillas que están destinados para la exportación donde se usan hasta 100 litros de agua para cultivar una nuez.

Chihuahua tiene 8.5 por ciento de su territorio en sequía extrema, según el más reciente reporte de la Conagua. En esta condición y en sequía severa se encuentran 35 de los 67 municipios de la entidad, todos corresponden a la región agrícola de la cuenca baja del río Conchos, afluente del Bravo.

Víctor Ortiz, integrante de la Fundación para la Conservación del río, explicó que la siembra desmesurada de nogales por parte de empresarios en Jiménez y Camargo ha ocasionado que esas zonas ya no tengan aguas superficiales y ahora se pretende acabar con las que se encuentran en el subsuelo.

Arturo Rentería, integrante del Movimiento Cívico Jimenense, manifestó que para cosechar una sola nuez se necesitan de 60 a 100 litros de agua, lo que representa “un volumen estratosférico que alcanza magnitudes casi inconmensurables tomando en cuenta la producción anual”, que es 25 mil toneladas en aproximadamente 14 mil 500 hectáreas.

En Coahuila, el último mes la sequía se intensificó; con base en cifras oficiales, la entidad pasó de 86.8 por ciento de municipios afectados a 92.1 por ciento. Actualmente tiene 29.7 por ciento de su territorio en situación extrema y 1.7 en excepcional. Félix Carranza Jaramillo, vecino del ejido San Juan de la Vaquería, en el municipio de General Cepeda, siempre ha vivido en el campo y ahora, a los 80 años de edad, sufre al ver la tierra seca, las vacas flacas y el cielo despejado, que no augura lluvias. “Está bien dura la sequía, estamos batallando bastante. Con decirle que el año pasado ni los elotes probamos. Así como ve la tierra ahí, así quedó”.

En medio de la desesperación, debió vender la mitad de sus animales, pues no tenía agua ni alimentos suficientes para mantenerlos. “Este año que comenzó teníamos unas 12 vacas; me quedan tres y tres becerros. Las otras las vendí, baratas de a tiro porque no las pagan”.

Tamaulipas tiene 42 por ciento de su territorio en sequía moderada, en 2.4 es severa, en 4.2 extrema y en 1.6 por ciento excepcional.

La región más perjudicada es la citrícola, que está en el centro del estado, donde se localizan Güémez, Padilla, Hidalgo y Ciudad Victoria. En la capital de esta entidad el desabasto de agua es constante desde hace más de 10 años y el suministro se realiza por tandeo. Según especialistas ésto no se debe sólo a la ausencia de lluvias.

Lo que sucedió, explicaron, es que Ciudad Victoria tenía garantizado el abasto hasta 2014 con el acueducto que proviene de la presa Vicente Guerrero, pero desde entonces se advirtió que era necesaria una segunda línea que debió haberse construido en 2018.

El proyecto había sido considerado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el mandato del ex presidente priísta Enrique Peña Nieto (2012-2018), ya que el gobierno estatal de Egidio Torre Cantú (2011-2016), del mismo partido, entregó el plan ejecutivo al gobierno federal; no obstante, la administración panista actual, encabezada por Francisco García Cabeza de Vaca, lo canceló. ^{(1) (2) (3) con información del diario la Jornada 28 DE ABRIL DE 2022.}

PRIVATIZACIÓN:

No se privatizará el agua en México, está descartado: AMLO _{(Forbes Staff noviembre 13 de 2019 7:48 am)}

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que evitar el cobro por el uso del agua fue un logro cuando era parte de un partido de oposición.

Andrés Manuel López Obrador descartó que se vaya a privatizar el agua en el país e, incluso, llamó a las legislaciones estatales a revisar el tema para impedir ese acto. “Lo que ahora está muy remota esa posibilidad, o mejor dicho, no existe ninguna posibilidad de que se privatice el agua“-dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina del día 13 de noviembre de 2019-.

No bastó ese llamado, incluso tal pareciera que fue un llamado a la privatización porque en Querétaro el congreso local aprobó con mayoría de diputados panistas, privatizar el servicio de agua potable a través de operadores que se encargarán de otorgar y cobrar a los ciudadanos la distribución, drenaje y obra hidráulica en los 18 municipios de la entidad. Utilizando todas las mañas, maniobras y artimañas políticas a su alcance, los diputados panistas impusieron una ley de 215 artículos denominada “Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro”.

Esta nueva ley de aguas no garantiza el acceso como derecho humano ni su manejo integral, por el contrario privilegia el interés económico para beneficiar solo a la iniciativa privada.

En el capítulo 2 de la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro, se estipula que el sector privado o particulares podrán participar en la prestación de los servicios públicos de forma total o parcial a través de una concesión, contrato de obra pública, contrato para la prestación de servicios para proyecto, construcción o rehabilitación del sistema del agua, contrato de asociación público-privada o “cualquier otro que se derive de la normativa aplicable”.

Serán los municipios o la Comisión Estatal de Aguas los que otorguen las concesiones a través de una licitación pública, invitación o adjudicación directa, y entre los derechos que tendrán los concesionarios está la de realizar el cobro a los usuarios del “suministro de los servicios públicos principales y accesorios” desde agua potable hasta reutilización del líquido.

También tendrán la facultad de autorizar proyectos hidráulicos, expedir certificados de conexión y otorgar factibilidades y precios por uso de infraestructura a los desarrolladores para el establecimiento de centros de población.

En marzo pasado, dos diputados priístas y la bancada del blanquiazul, junto con los tres legisladores del PQI, presentaron las iniciativas de Ley de Aguas, para derogar diversas disposiciones del Código Urbano del estado, todos coincidieron en ceder al sector privado la prestación del servicio del agua, al concesionar durante 20 años y renovar por un periodo igual esa obligación gubernamental.

Activistas, ambientalistas y académicos advirtieron que dicha normatividad carecía de una armonización legislativa con pactos internacionales y estándares nacionales, así como de un diagnóstico sustentado en el equilibrio de los acuíferos y la restauración de cuencas hidrológicas. Y se han movilizado con mítines y marchas en las puertas del congreso local repudiando la ley panista del agua. Como ocurrió el día 27 de mayo de este 2022.

Desde su aprobación el 19 de mayo y su rápida publicación en la Sombra de Arteaga el 21 del mismo mes, la recién aprobada ley de aguas ha causado indignación entre los queretanos y en el resto del país.

Pese a un ambiente adverso donde los principales actores políticos del congreso están coludidos, la resistencia contra la privatización del agua va, y va en serio, los compañeros de Bajo Tierra Museo del Agua, el Observatorio Ciudadano para la Protección Ambiental, El concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán, La Unidad Civica Felipe Carrillo Puerto, La Izquierda Diario Querétaro, Colectiva Juntas, Pizarnikas, Grupo Interdisciplinario por la Equidad, han comenzado a dar la pelea en las calles, sin dejar de lado la lucha en el plano político y jurídico, es una gota de inconformidad que poco a poco será un torrente de fortaleza y capacidad para detener esta agresiva Ley privatizadora del agua, y no sólo serán fortaleza, serán propositivos, ellos y muchos más tendrán en sus manos la creación de una ley justa del agua, una ley para todos y no sólo para el enriquecimiento de unos cuantos.

En un reciente reporte de riesgos globales del Foro Económico Mundial (World Economic Forum, 2017), la crisis del agua aparece como el tercer riesgo global de mayor impacto, y se ubica también entre los riesgos con mayores probabilidades de materializarse. La crisis del agua, además, está asociada con dos riesgos globales mayores: la ocurrencia de eventos climáticos extremos y la falla en la mitigación y adaptación al cambio climático. Estos riesgos, todos ellos de gran impacto y probabilidad de ocurrencia, se retroalimentan entre sí, de manera que la probabilidad o presencia de alguno de ellos aumenta la de los restantes.

En muchos países no se ha alcanzado la seguridad hídrica y, de hecho, ésta se encuentra cada vez más amenazada. El crecimiento poblacional, el desarrollo económico, la urbanización, la variabilidad climática resultado del cambio climático global y el propio deterioro ambiental continúan aumentando la presión sobre los recursos hídricos, de tal manera que se registran ya condiciones de escasez, permanente o recurrente, en algunas regiones. La inadecuada gestión del agua, con frecuencia, agrava esta problemática.

Existe una gran presión mundial por privatizar que desde los organismos económicos prestamistas-agiotistas internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) entre otros, que se han encargado de intensificar esta presión, son ellos y los gobiernos de los países capitalistas más poderosos quienes pregonan e impulsan el desarrollo de los países tercermundistas mediante la reducción del papel social del Estado y el fomento a la libertad de mercado; como si se tratase de una religión o secta fundamentalista. ¿Pero que privatizan?

El interés del neoliberalismo es privatizar los sectores estratégicos de la economía de los países periféricos, con el argumento de generar un mundo igual al de los países capitalistas desarrollados, y los recursos de interés a privatizar son: los energéticos como el gas y el petróleo, minerales como el oro, plata cobre zinc, litio y recursos naturales como agua, tierra, bosques.

En la lógica del neoliberalismo todo es susceptible de ser tratado como mercancía, y por lo tanto apto de ser vendido-comprado para obtener una ganancia, la privatización y el libre mercado son los rasgos distintivos de la economía de mercado que se ha impulsado desde finales de los años setenta del siglo XX. Además los estados nacionalistas subdesarrollados fueron presionados y cooptados para imponer políticas públicas de “libre mercado” como la parte sustancial para ser considerados para la Inversión Extranjera Directa (IED).

Los argumentos para dar acceso al libre mercado siguen siendo y dependiendo de las variables macroeconómicas en la búsqueda sin certeza de índices financieros estables, contener la inflación para el crecimiento económico. Y para conseguir estas condiciones es necesaria la eficiencia y la eficacia, y estas no se pueden llevar a cabo en países con gobiernos burocráticos y corruptos, y la solución desde la visión de los países imperialistas y sus respectivas oligarquías, es la venta de empresas estatales y paraestatales, la privatización, las concesiones y la participación activa de la empresa privada.

Así es como a México le fue impuesto el neoliberalismo económico como modelo ideal de desarrollo, como único camino y no otro.

En este contexto se han privatizado en México diversas empresas públicas, y concretamente en materia de agua, instituciones que prestan el servicio de agua potable, saneamiento y alcantarillado en los cientos de municipios que hay por el país, la resistencia contra estos actos del capitalismo salvaje se notan en la ofensiva de organizaciones de ciudadanos y tomaremos el caso emblemático del estado de Puebla en cuya capital se privatizó el servicio del agua potable a una compañía privada llamada Agua de Puebla-Concesiones Integrales, cuyos dueños prácticamente son Juan Diego Gutiérrez Cortina y sus hijos, ya que poseen el 99% de las acciones de la empresa Concesiones Integrales que maneja desde 2013 el servicio de agua potable en Puebla capital y cinco municipios más. Empresario amigo del innombrable Carlos Salinas y de Peña Nieto, beneficiario del Fobaproa. La privatización del agua en Puebla ha sido uno de los robos más descarados del neoliberalismo, llevado a cabo por Moreno Valle un extinto exgobernador, de los más aplicados en la escuela neoliberal

El servicio de agua potable en Puebla capital y cinco municipios de los alrededores se privatizó en 2013 a favor de un consorcio integrado por tres compañías que en realidad son la fachada de una familia que tiene el control de toda la concesión.

Gutiérrez Cortina fue uno de los constructores favoritos del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Su empresa, Gutsa, resultó beneficiada con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), considerado el mayor desfalco monetario al país de las últimas décadas.

En la administración de Vicente Fox, su constructora Gutsa, enfrentó juicios por incumplimiento de contrato por los que fue inhabilitada en dos ocasiones para prestar servicios al gobierno federal, a las entidades federativas y a los municipios. La causa: incumplimiento en la construcción de la biblioteca Vasconcelos y obras de la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahora Juan Diego Gutiérrez Cortina ocupa el cargo de presidente de Concesiones Integrales, según el instrumento 51206 del Registro Público de Comercio (RPC) esta compañía que tiene bajo su dominio la administración del agua en la zona metropolitana de Puebla durante 60 años, con el apoyo de Rafael Moreno Valle.

La privatización del agua, el mayor robo del sexenio de Moreno Valle

Gutiérrez Cortina no es originario de Puebla, forma parte del grupo de empresarios vinculados a Carlos Salinas y al presidente Enrique Peña que hicieron negocios en la entidad bajo el cobijo de Moreno Valle (2011-2017), a cambio de apoyo a sus aspiraciones de la candidatura a la presidencia del país por el Partido Acción Nacional (PAN). La operación que llevó a cabo la administración estatal para privatizar el servicio a favor de Juan Diego Gutiérrez y sus hijos José Miguel, Juan Diego e Ignacio Gutiérrez Sainz inició el 31 de diciembre de 2012 con la aprobación de una nueva Ley de Agua del estado que abrió a la iniciativa privada el manejo de ese recurso.

El 29 de agosto de 2013, el organismo público que tenía el control del servicio, el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (Soapap), inició el proceso de licitación para concesionar sus actividades.

El Soapap falló a favor de Concesiones Integrales el 18 de diciembre de ese mismo año, pese a que no se encontraba constituida, por lo que participó en la licitación sin existir legal ni fiscalmente. Esta compañía se construye legalmente hasta el 23 de diciembre de 2013, sólo 72 horas antes de recibir el título de concesión para administrar el recurso hídrico en Puebla, Cuautlancingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Amozoc y Tlaltenango por un plazo de 30 años.

Para la investigadora del Centro Universitarios para la Prevención de Desastres Regionales de la Universidad de Puebla; Argelia Arriaga, concluye que esta licitación-concesión es el mayor robo del sexenio PeñaNietista, y reveló en enero del 2017, la ampliación de la concesión del contrato de Agua de Puebla Concesiones Integrales a 60 años.

Son los habitantes de Puebla capital quienes están haciendo más grande la fortuna de Gutiérrez Cortina, hijos y asociados, porque por medio de su infame compañía impone tarifas estratosféricas al agua potable y al servicio del drenaje. Sin embargo desde que obtuvieron la concesión muchas personas y organizaciones sociales han esto combatiendo sus arbitrariedades por la vía jurídica por medio de amparos indirectos, que han dado la razón y justicia a los ciudadanos.

Según un activista local de Puebla Omar Jiménez, Agua de Puebla-Concesiones Integrales S.A de C.V ha perdido más de 600 amparos, por lo que ha tenido que volver a proporcionarle el servicio de agua potable y drenaje a los quejosos. Agua de Puebla o Concesiones Integrales S.A. de C.V, sigue violentando las leyes así como tratados internacionales con constantes cortes del servicio de agua potable, por lo que desde 2015 se le han ganado seis centenares de amparos que se han interpuesto. Y es que la concesionaria de acuerdo al título de concesión, carece de facultades para realizar todo tipo de acto jurídico lo que significa que no puede requerir pago, ni cobrar las cantidades por los conceptos que proporciona, tampoco realizar cortes de servicios, ya que toda esa responsabilidad, quién tiene realmente facultades para realizarlo es el órgano del estado regulador, en este caso el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPAP).

No obstante, en la práctica es todo lo contrario y Agua de Puebla realiza los cortes diariamente a decenas de familias poblanas que por algún motivo no han podido o no pueden pagar el servicio.

El artículo 110 de la Ley del Agua del estado, determina que la concesionaria está obligada a notificar en tiempo y forma legal, los estados de cuenta de cada uno de los usuarios, para que esto sepan la fecha de vencimiento la cantidad a pagar por los conceptos. En un círculo vicioso practicado por la compañía privada, ésta no cumple con lo establecido, ya que deja de notificar los estados de cuenta a los usuarios, quienes desconocen el monto a pagar, así como la fecha de vencimiento, todo con el fin de obtener la mayor cantidad de ganancias sin importar cómo.

¡Ni una gota de agua más al capital!

FRATERNALMENTE

Coordinadora de Trabajadores en Defensa del Carácter Público del Agua

Ciudad de México 03 de junio de 2022.